El caso Cuadrifolio que este lunes ha destapado en su portada en El Mundo tiene profundas ramificaciones en la Comunidad de Madrid que esta misma semana llegarán a los juzgados: los próximos días 7 y 8 declararán como imputados varios miembros del PSOE que formaban en equipo de gobierno en el Ayuntamiento de Leganés en 2007.
Esta vertiente madrileña del caso se remonta a 2007, año en el que según la acusación el ayuntamiento contrató con Cuadrifolio la instalación de unas carpas que nunca llegaron a instalarse. La factura, en cambio, si se pagó: 100.000 euros de la época.
Denuncia del PP
La denuncia la presentó el Partido Popular de Leganés después de que el actual alcalde, Jesús Gómez, lo descubriese durante su breve paso por la Concejalía de Hacienda. Fue en las tres semanas en las que el PP, encabezado por Guadalupe Bragado, ocupó la alcaldía tras las elecciones de 2007, para ser luego desalojado por una moción de censura de PSOE e IU que devolvió al ayuntamiento a los socialistas.
El principal imputado es José Luis Pérez Ráez, que fuera alcalde del PSOE cuatro legislaturas, entre 1991 y 2007, pero también lo está la mayor parte de su equipo, que tendrán que pasar por el juzgado para declarar esta misma semana.
Además de él, están otros miembros de su gobierno: Francisco Arroyo, que también lo está en el caso Facturas; Mariano Maroto, que era miembro de IU; Margarita Pedruelo; Virginia Moreno; Florencio Izquierdo; Yolanda Sevilla; Rita Salinas; y Antonio García Blázquez.
Se da la circunstancia de que la mujer de Rafael Gómez Montoya, que sustituyó a Pérez Ráez al frente de la alcaldía de la ciudad, también ha sido imputada recientemente en otro caso de corrupción.
Jesús Gómez: "Una factura sin expediente"
El actual alcalde de la ciudad, que como hemos dicho fue el descubridor del escándalo, ha contado a Libertad Digital la génesis del asunto: "Durante las tres semanas que fui concejal de Hacienda me pasaron una factura de 100.000 euros y sin ningún expediente para que realizase el pago".
Gómez recuerda como consultó a la interventora, "que era provisional porque la titular estaba de vacaciones" le explicó que no había ningún expediente y sí un informe contrario de la propia intervención municipal. Sin embargo, y "en contra de este informe", la Junta de Gobierno "decidió aprobarla".
El lugar de pagar la factura Gómez, con el apoyo de la entonces alcaldesa, decidió presentar la correspondiente noticia. Pero la factura no tardó en pagarse: "Una de las primeras cosas se hicieron tras la moción [de censura, que devolvió al PSOE al ayuntamiento] fue pagar esa y otras facturas aprobadas entre cinco y quince días antes de las elecciones".
De hecho, la factura que ha llevado el caso al juzgado "se aprobó en la Junta de Gobierno del ayuntamiento cinco días antes de las elecciones" y se pago muy poco después de que el nuevo consistorio se pusiese en marcha: "El nuevo alcalde tomó posesión el 9 de julio, se fue de vacaciones y el 9 de agosto pagó las facturas", asegura Gómez.
"Prevaricación y malversación"
Para Gómez el caso está claro y es muy serio: "Es más grave que pagar una factura sin procedimiento de contratación" ya que "a nadie le consta que se prestaran esos servicios o que se suministrara ese material", por lo que "a parte de una prevaricación –asegura el edil- esto señala que es malversación".
En relación con la información publicada este lunes por El Mundo, Jesús Gómez ha asegurado que "a nosotros nos cuadra el modus operandi de inflar facturas" que luego se devolverían en forma de descuentos "o de actos gratuitos".