La situación judicial de la infanta Cristina siempre ha sido de difícil digestión para el Gobierno. Pero, en tal espinoso asunto, la Moncloa siempre ha sido fiel a los dictados de la Zarzuela. "Estoy absolutamente convencido de que las cosas le irán bien" porque "estoy absolutamente convencido de su inocencia", llegó a afirmar Mariano Rajoy sobre la hija de don Juan Carlos el pasado mes de enero. "Todos tienen derecho a la presunción de inocencia", se reafirmó, ya que "no se la ha condenado por nada". Y, por ello, rechazó que debiera renunciar a sus derechos dinásticos.
Una defensa cerrada que ahora ha desaparecido de las declaraciones públicas. Al menos, de momento. En la antesala de que el juez José Castro impute a doña Cristina por blanqueo y delito fiscal, desde el Ejecutivo se limitaron a destacar el respeto a las decisiones judiciales. Esto es, ningún apoyo público para la hermana de don Felipe. De hecho, en privado, las fuentes consultadas en el gabinete pusieron en valor las palabras del ya Rey en su proclamación, cuando se envolvió en la bandera de la ejemplaridad.
"No se ha producido, pero si luego se produce, respetaré como siempre he dicho las resoluciones de los tribunales", destacó el presidente desde Gdansk (Polonia), antes de participar en una cumbre bilateral. "Ahí debemos de estar todos, a lo que digan los tribunales", enfatizó, no sin recordar y poner en valor la máxima hecha pública por don Juan Carlos de que "la ley es igual para todos".
En Madrid, el ministro del ramo -muy involucrado en las cuestiones que han afectado a la infanta- insistió en esta tesis y dejó de lado cualquier tipo de defensa. "El Gobierno, como hace dos años manifestó don Juan Carlos y como hace pocos días manifestó el rey Felipe VI, tiene un respeto absoluto e inquebrantable por la independencia del poder judicial", contestó lacónico Alberto Ruiz Gallardón.