Lo que en un principio parecía un mero trámite, se ha convertido en una bronca monumental en el Congreso de los diputados. Este martes se celebraba la Diputación Permanente en la Cámara Baja en la que tan solo se debía aprobar la inclusión de preguntas al Gobierno en el pleno extraordinario de la semana. Una reunión que no debía haber durado más de cinco minutos pero que finalmente se ha extendido durante una hora.
La razón, que los grupos han expresado allí su malestar al enterarse antes de entrar de que el Gobierno ha incluido en el orden del día del pleno del jueves la votación del decreto ley que aprobó el pasado viernes.
Se trata de un decreto ley de 172 páginas, que modifica 25 leyes y que afecta, al menos, a nueve ministerios -Justicia, Defensa, Hacienda y Administraciones Públicas, Fomento, Educación, Cultura y Deporte, Empleo y Seguridad Social, Industria, Energía y Turismo, y Economía y Competitividad- en el que el Gobierno engloba diversas medidas para "el crecimiento, la competitividad y la eficiencia" tal y como reza el texto presentado por el Ejecutivo y la larga referencia del pasado Consejo de Ministros. El decreto recoge, entre otras cosas, la modificación del IRPF de los autónomos, medidas para el empleo juvenil, la privatización de AENA, la liberalización de horarios comerciales o el traspaso de la gestión del Registro Civil a los registradores mercantiles.
Sin embargo, toda la oposición considera que con la inclusión en el pleno de este decreto ley el Ejecutivo actúa de "manera caciquil". "Deleznable", "insultante" o "indignante" son sólo algunos de los adjetivos con los que la portavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha calificado a este decreto ley. Según la socialista "es una línea roja más que se salta el Gobierno en este uso abusivo y caciquil de la mayoría parlamentaria" por lo que ha anunciado que su grupo parlamentario recurrirá el texto ante el Tribunal Constitucional.
Ruptura de relaciones
Pero las críticas de los grupos no se han quedado aquí. La Izquierda Plural ha anunciado que rompe relaciones con el Gobierno de cara a una posible negociación de las medidas de regeneración democrática. Tal y como ha explicado José Luis Centella, "el Ejecutivo no puede hablar de transparencia y apertura" cuando niega el debate en las Cortes.
Quejas que se han extendido al resto de grupos. "Es un auténtico abuso de derecho y la muerte del parlamentarismo", ha dicho Aitor Esteban, portavoz del PNV mientras que Josep Sánchez Llibre de CIU ha considerado que imponiendo el debate, el Gobierno "abusa del poder y de la mayoría absoluta". Mismas críticas que han realizado prácticamente todos los grupos que han tenido oportunidad de intervenir en la Diputación Permanente.
Se queja la oposición de la premura del Gobierno por incluir este decreto ley en el orden del día alegando que se les ha dejado muy poco tiempo para estudiar el texto y que solo van a tener quince minutos de debate cada grupo parlamentario. Además, a pesar de que el decreto ley incluye medidas que afectan a nueve ministerios, se tendrá que votar de una sola vez y no se podrán presentar enmiendas ya que se acaba el período de sesiones.
El Partido Popular responde
Críticas que no se ha tomado demasiado en serio el Partido Popular. Su portavoz, Alfonso Alonso, se ha desquitado a la salida de la reunión asegurando que "deben ser cosas del mes de julio. Entiendo que convocamos un pleno extraordinario con mucho contenido pero pido un poco de responsabilidad".
Según el dirigente popular, el Gobierno lo único que pretende con este decreto ley es "tratar de aprovechar el momento" porque "el tren de la recuperación solo pasa una vez". Razón por la que ha instado a los grupos a que se sumen al Partido Popular porque "como no lo cojamos ahora", ha señalado, "estaremos haciendo perder muchas oportunidades de creación de riqueza, de creación de empleo y de oportunidades también para los jóvenes".