El Gobierno lanzó un mensaje muy claro a Artur Mas un día después de la Diada: si cumple con la ley, habrá negociación y muchas de las peticiones hechas por escrito al presidente antes de las vacaciones de verano podrían satisfacerse. Tanto es así que, en palabras de la vicepresidenta, no sólo se "estudia" sino que se "trabaja" en el paquete de medias presentado, aunque rehusó dar más detalles.
La oferta de Mariano Rajoy no es nueva. Si Mas da un paso atrás, como augura buena parte del Consejo de Ministros, hay margen de maniobra. Hay "más días" después de 9 de noviembre -fecha de la consulta-, quiso remarcar Soraya Sáenz de Santamaría, y "seguiremos trabajando en solucionar los problemas de los catalanes". Como prueba, una nueva inyección de ayudas para la comunidad aprobada este mismo viernes.
Así, el Ejecutivo reiteró que no cierra la puerta al diálogo, pero que bajo ningún concepto va a orillar lo que establece el marco legal. De hecho, la vicepresidenta recalcó que se mantienen contactos a distintos niveles con la Generalidad, pese a que parece poco probable que Mas y Rajoy se vuelvan a ver antes de que el primero convoque la consulta ilegal y el segundo replique con recursos ante el Tribunal Constitucional.
En este sentido, no hubo cambios en la tesis de la Moncloa tras la demostración de fuerza de los secesionistas en la calle. "El Gobierno no puede cambiar su posición porque no es derivada de una decisión ni de un capricho", expuso la portavoz, en una rueda de prensa monopolizada por la Diada y sus posibles consecuencias.
Así, el Ejecutivo respetó "el derecho de todas las personas que se manifestaron", tanto a favor como en contra de la ruptura. Pero lanzó un aviso muy claro, que también iba dirigido a Mas. Los gobiernos están sujetos a las leyes y a la Constitución, "éste y cualquiera, en este momento y en el futuro, en España y en Cataluña".
Consejo de Ministros extraordinario
Los servicios jurídicos del Estado ya tienen redactados los recursos. Sáenz de Santamaría afirmó que se presentarán una vez Mas apruebe la ley de consultas y convoque el referéndum, y la suspensión "será automática". Las fuentes consultadas no descartan que se celebre un Consejo de Ministros extraordinario para articular esta respuesta. Será entonces, según los cálculos de la Moncloa, cuando el presidente autonómico dará un paso atrás.
En este complicado contexto, la vicepresidenta no dudó en condenar los actos de agresión que se vivieron el jueves en Cataluña. Se le preguntó expresamente por el sufrido por Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, pero también cargos del PP vivieron situaciones difíciles. Desde Valencia, María Dolores de Cospedal que "seguiremos defendiendo la unidad de España por mucho que nos peguen, insulten o por muchas sedes que nos quemen". Y recalcó que en democracia "se gobierna con ley y no con manifestaciones".