La posibilidad de que Mas firme dos decretos de convocatoria, el primero para la consulta y el segundo para anticipar las elecciones, es admitida por fuentes de Convergència como una "astucia", a la que apelaba el presidente de la Generalidad el domingo, para conseguir una doble negativa del Tribunal Constitucional.
Se trataría de forzar a los magistrados a suspender la consulta y a obligar a Mas a no celebrar las elecciones autonómicas el 9 de noviembre porque no habría transcurrido el plazo preceptivo de 54 días entre la firma de la convocatoria y la jornada electoral.
Como quiera que Cataluña es la única comunidad española que carece de ley electoral porque los partidos que han redactado y aprobado la ley de consultas en un tiempo récord han sido incapaces durante décadas de arbitrar una norma electoral de la que sí disponen el resto de las comunidades españolas, la convocatoria de unas elecciones debe ceñirse a la Ley Electoral de Régimen General (Loreg). Y ese obstáculo legal es el que impediría a Mas convocar a las urnas para unas autonómicas el 9-N. Inevitablemente dichos comicios se habrían de celebrar a finales de noviembre.
El servicio jurídico de la Generalidad es perfectamente consciente de la situación y así se lo ha hecho saber al president, pero los estrategas de Convergència sostienen que esa maniobra obligaría a una doble negativa del Constitucional muy favorable a los intereses propagandísticos del frente separatista. La argumentación nacionalista radica en el hecho de que las interioridades legales no interesan a la ciudadanía y sería fácil transmitir la impresión de que el TC ni siquiera permite la celebración de las autonómicas y que se vulnera el derecho a votar de los catalanes.
En Convergència sostienen, además, que el Estatuto de Cataluña prevé otros plazos, entre 40 y 60 días, por lo que a falta de 47 días para el 9-N Mas aún dispondría de tiempo si fija las elecciones para ese día. De esta manera y por la vía de un nuevo "choque entre las leyes españolas y las catalanas", el Tribunal Constitucional sería presentado como una especie de inquisición contra Cataluña y aumentaría la tensión soberanista.
El hecho de que al presentar dos convocatorias para el mismo día no quede claro qué se prefiere, si la consulta o las elecciones, no supone un inconveniente para Convergència, que, no obstante, valora también aplazar la convocatoria de las elecciones y esperar a que se produzca la previsible negativa del TC a la de la consulta.
En ese caso, y aunque la contestación del TC sea inmediata, las elecciones no podrían celebrarse de ninguna manera el 9 de noviembre, pero Mas se ceñiría al plazo mínimo que fija el Estatut, con lo que si no hubiera recurso, podrían ser a finales de noviembre o principios de diciembre, en el ecuador de la legislatura.
En paralelo, Mas y Junqueras han conseguido la adhesión de 665 ayuntamientos, incluido el de Barcelona, que estarían dispuestos a ceder a la Generalidad los datos de sus padrones para la celebración del referéndum.