La trama de corrupción municipal y autonómica investigada por la Guardia Civil en la operación Púnica y en la que están implicados más de medio centenar de personas cobraba en torno a un 3 por ciento de comisión por cada contrato de adjudicación, según han informado a Efe fuentes de la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción ha cifrado que esta trama, valiéndose de su posición política, llegó a adjudicar solo en los últimos dos años contratos para varios ayuntamientos y comunidades autónomas por importe de 250 millones de euros. Es decir, que el importe total de dinero público robado estaría en torno a 7,5 millones de euros.
Contratos en Parla y Móstoles con el PSOE
La Operación Púnica, dirigida por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y la Fiscalía Anticorrupción, se ha saldado de momento con la detención de 37 implicados y la imputación de otros 14, todos ellos ediles, funcionarios y empresarios de la construcción y de empresas de servicios energéticos, acusados de cobrar y pagar comisiones ilegales por la adjudicación de obras y servicios.
Una de las empresas en las que "pivota" esta trama es la multinacional energética Cofely -la Guardia Civil ha detenido a cuatro altos cargos-, que llegó a firmar contratos con varios de los ayuntamientos investigados como el de Parla, en Madrid.
Según destacaba en su web, de la que tal y como informa Europa Press ha desaparecido la información relativa a estos contratos. en julio de 2013 Cofely resultó adjudicataria de un contrato de servicios energéticos para diversas instalaciones municipales en este municipio, donde ha sido detenido su alcalde, José María Fraile.
El contrato firmado, por un importe de unos 55 millones de euros, permitiría disminuir a Parla, asegura la web, cerca de un 40 por ciento de su consumo energético y de sus emisiones dióxido de carbono solo en el alumbrado público.
En Collado Villalba también se adjudicó la gestión energética del Ayuntamiento para los próximos 15 años por un importe 42 millones de euros, mientras que en Móstoles Cofely fue la ganadora de un concurso público por valor de 70 millones.
Imputado en Diputación y Comunidad
El interventor de la Diputación de León, Manuel Jesús López Sánchez, ha sido imputado en el caso Púnica, la trama de corrupción que en los últimos dos años supuestamente se adjudicó contratos de varios ayuntamientos y comunidades por importe de 250 millones, han informado a EFE fuentes de la operación.
Además, según han confirmado a Efe fuentes de la investigación entre los más de cincuenta detenidos de la Operación Púnica está también José Martínez Nicolás, consejero delegado de la Agencia de Informática y Comunicaciones de la Comunidad de Madrid. Fuentes de la propia CAM han confirmado a Libertad Digital que Martínez Nicolás es uno de los imputados, pero no han podido asegurar si ha sido detenido ya que toda la operación está bajo secreto de sumario.
Esta agencia es el organismo encargado de solucionar todas las necesidades de la administración regional el este ámbito y depende de la consejería de Justicia y Presidencia que dirige Salvador Victoria. Martínez Nicolás ocupa su cargo desde el 2007.
En declaraciones a Efe el consejero Salvador Victoria ha mostrado su "repulsa frente a los actos de corrupción" y su esperanza de que "caiga el peso de la ley hasta sus últimas consecuencias" sobre los corruptos, además de que "devuelvan el dinero".