Un grosero fallo de la propia Generalidad, del Cesicat y de la consejería de Empresa y Ocupación, que dirige Felip Puig –el mejor amigo del primogénito de Pujol, según, Victoria Álvarez, la examante que desveló la corrupción de la familia presidencial catalana–, es el contrapunto de la abrumadora victoria de Artur Mas sobre el Gobierno de Rajoy y la Fiscalía General del Estado en el 9N. En plena denuncia de un "ataque cibernético mundial", la Generalidad dejaba al descubierto los nombres y hasta los teléfonos privados de los coordinadores comarcales del 9N, en su mayoría funcionarios de confianza y altos cargos de la administración autonómica.
El "error" es de tal calibre que muchos de los afectados dudan que se deba a un simple descuido. Mientras Artur Mas peroraba en rueda de prensa que los "ataques" habían sido "gravísimos", puesto al borde del colapso el sistema de emergencias médicas catalán, que los servicios informáticos y la policía autonómica investigaban el origen de la flagrante agresión y que se tomarían medidas judiciales severas contra los autores, "profesionales", sin duda, la administración que dirige Mas mostraba sin pudor alguno, en puro abierto y con la máxima publicidad digital posible los nombres y teléfonos de contacto del medio centenar de personas (en algunas comarcas había más de un coordinador y de un centro de "entrega de documentación") encargadas de dirigir sobre el terreno y a pie de urna la consulta separatista.
Decenas de copias del listado, de capturas de pantalla de la web de la Generalidad con el nombre y punto de contacto de los "voluntarios" que lideraron el 9N en cada una de las 41 comarcas en las que está dividida Cataluña (la administración autonómica considera las provincias meras "demarcaciones") han llegado ya a la Fiscalía General del Estado. Precisamente, los requerimientos fiscales a la Generalidad se referían a las personas que habían facilitado y coordinado la apertura de los locales públicos para la votación. En abierta rebeldía, los mandos políticos de los Mossos d'Esquadra respondieron con un listado de los colegios electorales. Mas, tras votar, ante los medios y ante la pasividad de las autoridades competentes, se erigió en responsable "único" del acto de desobediencia.
Sin embargo, la Generalidad mantenía a disposición de quien quisiera acceder a su página digital la relación de personas encargadas de dirigir sobre el terreno el golpe del 9N, todos ellos carentes de la protección jurídica de los electos y en su mayoría cargos de confianza y comisarios políticos de CiU desplegados en todas las ciudades y pueblos de Cataluña. El singular "error" no forzado de la Generalidad coloca a los "voluntarios" delatados a los pies de los caballos, en una delicada situación judicial, puesto que la mayoría son funcionarios o empleados públicos sujetos a normas y deberes que han desatendido o incumplido de forma palmaria. A media tarde de este martes, la Generalidad clausuraba la dirección en la que figuraban los "voluntarios", cuando hasta los medios de comunicación controlados por la administración autonómica se hacían eco de la información desvelada por Libertad Digital.
Respuesta fiscal
A pesar de las astucias de Mas y de las facilidades para la celebración del 9N, a última hora de la jornada cundía el desánimo en los despachos de la Generalidad y de Convergencia. Trascendía en los ámbitos institucionales y judiciales que las actuaciones de la Fiscalía podrían derivar no sólo en consecuencias para los altos cargos sino en una inhabilitación de Artur Mas y la vicepresidenta autonómica Joana Ortega, de Unió. Ramon Espadaler, también de Unió, y consejero responsable (teórico) de los Mossos también podría ser inhabilitado. La investigación y denuncia fiscal, se afirma, podría derivar en una rauda sentencia en el plazo de dos meses que impediría a Artur Mas encabezar la lista única con Guardiola, Mikimoto y Oriol Junqueras como número dos.
En el plano estrictamente político, el referéndum catalán ha generado un nuevo escenario en Cataluña. El presidente de la Generalidad ha consolidado su posición como lider de la rebelión del Estado propio. Oriol Junqueras, su principal rival, y Carme Forcadell, su primera valedora, han caído en la trampa. El "proceso" es de Artur Mas, que maneja a su antojo los tiempos, la situación, el calendario y los próximos pasos. ERC y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) se han quedado con un palmo de narices ante el aprovechamiento intensivo que Mas está llevando a cabo del 9-N, un "éxito" de participación cuyas cifras ha comprado y validado el Gobierno de Mariano Rajoy para minimizar los efectos de la incomparecencia del Estado en Cataluña en el primer referéndum secesionista de la historia de España.
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, finalmente al timón del caso catalán tras las aportaciones del ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, y del negociador secreto de Rajoy, el sociólogo Pedro Arriola, afirma que el referéndum ha sido un fracaso de participación y que el independentismo está estancado.
Tras haber descolado al Gobierno y fundido los plomos del Estado con un "proceso participativo" organizado por los funcionarios de confianza de la Generalidad con la mano de obra de los partidos y de la ANC, Mas realiza el recuento de bajas en sus propias filas y descubre que se ha cobrado dos piezas más de un solo disparo: la cabeza de Junqueras, el líder de ERC, cuyo margen de maniobra es hacer de comparsa de Mas o romper la unidad separatista, y la de Carme Forcadell y la ANC.
Este miércoles comienza la ronda con los partidos catalanes. Mas está dispuesto a hablar con todos para perfilar una nueva "hoja de ruta" de cara a una consulta separatista avalada por el Estado. Ha incluido en la ronda al PSC, tras el ofrecimiento del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de reformar la Constitución para satisfacer al frente separatista catalán. Quedan fuera Ciudadanos y el PP de Cataluña, en lo que es la reedición formal del "Pacte del Tinell" y el "cordón sanitario". Junqueras, que "sólo" ejerció de presidente de una mesa electoral en el pueblo del que es alcalde, Sant Vicenç dels Horts (San Vicente de los Huertos), en la provincia de Barcelona, no está dispuesto a pactar la disolución de ERC en la lista de Mas, el "partido del presidente" del que se habla ya en Barcelona, ni tampoco a facilitar que Mas agote la legislatura. La posibilidad de unas elecciones anticipadas no sólo depende de Artur Mas, confía el líder republicano, sino en la acción del Poder Judicial, que podría despejarle aún más el camino a la presidencia de la Generalidad.
En este confuso contexto, la patronal catalana y los círculos de los empresarios, que no creían capaz a Mas de cumplir sus promesas, presionan al Gobierno de Rajoy para que pacte con CiU y se avenga a organizar un referéndum "legal". Creen que ha llegado la hora de defender las ventajas de la permanencia de Cataluña en España y que de los resultados del 9N de la Generalidad se extrapola un voto favorable a la unidad.