Ya en vísperas del 9N se escuchaba en la villa y corte que la Fiscalía actuaría contra Artur Mas si el 9N consumaba su desafío. Había quien aseguraba incluso, con un voluntarismo rayano en la candidez, que el mismo 9N la Fiscalía ordenaría a los Mossos d'Esquadra precintar los edificios públicos de la Generalidad que albergasen las votaciones. ¿Cómo se iba a quedar de brazos cruzados Torres-Dulce ante una vulneración de la ley tan ostentosa? Todos los institutos abrieron sus puertas, salvo uno, gracias al ejemplo de coraje cívico de su directora, que no a las instituciones que deben defender la legalidad, para instalar las cajas de cartón con una rendija en la parte superior. Pero la Fiscalía se limitó a comunicar que estaban recabando información. Bastaba con encender la televisión o conectarse a internet. Ya quisieran las fiscalías del resto del mundo que los delitos se pudieran seguir en directo por los medios de comunicación. UPyD presentó una denuncia el mismo domingo por la mañana pero nada se hizo. Los jueces de guardia consideraron "desproporcionado" impedir la comisión de un delito.
El lunes fue fiesta en Madrid. La Virgen de la Almudena. Se dijo entonces que el martes la Fiscalía, una vez recabada la información que ya era de dominio público el mismo domingo, actuaría. Llegó el martes y fue Sánchez-Camacho quien 'anunció' a última hora que sería la Fiscalía de Cataluña, la misma que actuó contra El Mundo por desvelar la fortuna de los Pujol, la que presentaría una querella contra Artur Mas y los consejeros Joana Ortega y Ramón Espadaler por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación. Dijo, además, que conllevaría la inhabilitación de Mas en dos meses. La jugada parecía clara: la Fiscalía General del Estado derivaba en el fiscal de Cataluña para que la cosa quedase en casa. Resolvería el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y todos contentos: Gobierno y Fiscalía, tanto monta monta tanto, podrían llenarse la boca con la defensa del Estado de Derecho y Mas se irá de rositas sin pisar la Audiencia Nacional. Esta es la cuestión esencial: en los dos últimos años mientras Rajoy repetía que "el referéndum no se va a celebrar", el Gobierno y el propio fiscal general del Estado insistían en que actuarían penalmente contra Mas, incluidos los delitos de sedición y rebelión, que son jurisdicción de la Audiencia Nacional. Las hemerotecas no dejan lugar a dudas de lo que se decía y no se compadece ni lo más mínimo con lo que se está haciendo.
El miércoles ya habían pasado tres días del delito en prime time y después del anuncio de Sánchez Camacho parecía claro que ese sería el día. Además, horas antes Rajoy, desaparecido desde el sábado, cambiaba su agenda a última hora para dar la cara antes de irse a Australia. Anunciaba una comparecencia al mediodía del miércoles y Moncloa negaba que el cambio se debiese a las críticas, sino que el presidente quería esperar a que se pronunciase la Fiscalía. Todas las piezas encajaban: el miércoles por la mañana habría querella. Tampoco. Llegaron las 12:30 horas y Rajoy se apareció a los españoles en Moncloa. Preguntado por la cuestión, dijo que él no sabía nada y que no había dado instrucción alguna. Le faltó decir que no conocía a Torres-Dulce, nombrado por él, ni la existencia de la Fiscalía, que el Gobierno maneja a su antojo. Pero, además, su empleada en Cataluña, Sánchez Camacho, sí lo sabía. La ceremonia de la confusión la completaban las noticias llegadas de Cataluña sobre las peleas entre los fiscales de Cataluña, los de Cataluña y la Fiscalía General del Estado, los fiscales catalanes y la Generalidad, el Gobierno de Rajoy y los fiscales de aquí y de allá. Todo muy edificante. Estado de Derecho, independencia judicial. Ya saben.
Jueves, cuatro días después del delito en prime time y seguimos sin noticias de la querella más pregonada de la historia reciente. Rajoy vuela a Australia, el PP está aterrorizado ante la imagen de un Gobierno rendido y Torres-Dulce se enfada cuando le preguntan si hay presiones. Una evidencia tan palmaria cómo los delitos cometidos por Mas. "Es una pregunta ofensiva para el Gobierno y para mí, no se puede cuestionar la autonomía de la Fiscalía", respondió. De la querella, nada. Con estos antecedentes la única certeza que tenemos, con permiso de Iker Jiménez, es que hoy es viernes.