Con el acuerdo ya cerrado entre PP y PSOE, el presidente del Congreso, Jesús Posada, sacaba pecho este martes por el nuevo sistema que controlará los desplazamientos de los parlamentarios, y defendía una de los aspectos que no cambian: Las Cortes Generales seguirá costeando los viajes de senadores y diputados a mitines y actos de partido porque se realizan, a su juicio, en calidad de "representantes políticos". El presidente del Congreso defendía al tiempo que el Parlamento no de datos individualizados, sino globales y trimestrales, de cada grupo parlamentario.
"Personalmente creo que la cámara no tiene por qué publicitar los viajes de todos los diputados porque lo que estamos haciendo es garantizar que el dinero público se gasta correctamente". En otras palabras, justificación sí, pero transparencia a medias.
Posada añadía que "es muy discutible que sea bueno que los diputados publiquen todos sus viajes". Porque, entiende el presidente, que "puede haber viajes discretos, viajes que no conviene que se conozcan" y, que por tanto no se hagan públicos, pero "que el grupo los conozca y garantice que son viajes políticos".
Reuniones discretas como, por ejemplo, la mantenida entre gobierno central, gobierno autonómico y PSOE días antes del 9-N. Con el nuevo sistema, el Congreso daría luz verde al viaje secreto del diputado socialista José Enrique Serrano a Cataluña, con cargo a los presupuestos de la cámara baja.
Diferencia con el caso Monago
Un segundo ejemplo sería la polémica por los viajes a canarias del presidente de Extremadura, José Antonio Monago. "Se acabaron los viajes tipo Monago", dijo el portavoz socialista, Antonio Hernando, al término de la Junta de Portavoces, pero nada más lejos de la realidad.
El nuevo sistema sí permitiría este caso, siempre y cuando el PP diera el visto bueno a los actos de partido que Monago organizaba en su agenda. Las diferencias estarían en que habría habido un control previo (la solicitud de un certificado del senador), por el cual el PP habría considerado justificados los viajes, o no (un aval del GPP). Y ese control se habría producido a puerta cerrada.
Además, habida cuenta que la transparencia es a medias (se publican datos globales de cada grupo, no individualizados), la prensa no conocería el caso, salvo filtración interesada de alguna de las partes implicadas en el control. Y de haber sido un abuso, tercera diferencia, habría tenido que devolver el dinero.