El poder que obtuvo el PP de Mariano Rajoy en noviembre de 2011 pocas veces se había visto. Fuentes internas del partido soñaban en los días previos -encuestas de Arriola de por medio- en el deseado "mapa azul" que reflejaría cómo provincia por provincia los populares se harían con el poder absoluto en España. Un 44,62% de los electores (10,83 millones de votos) confió la suerte de España a Mariano Rajoy y los suyos. Libertad Digital encabezó la noticia de la victoria electoral de Rajoy aquel 20N de 2011 con el siguiente titular: "España se encomienda al PP".
La situación económica que atravesaba España en aquellos momentos era calificada de emergencia nacional y Mariano Rajoy se presentó ante los españoles durante la campaña electoral como el único líder capaz de sacar a España de la crisis aplicando políticas económicas como las que ya puso en práctica José María Aznar en 1996. "Ya lo hemos hecho antes", dijo en varios mítines Rajoy. Uno de sus arietes electorales, Cristobal Montoro, insistió una y otra vez en la rebaja de impuestos como una de las medidas estrella que pondrían en marcha al llegar a la Moncloa. Pero llegaron al poder y todo quedó en agua de borrajas. La subida del IRPF fue la primera medida anunciada por el Ejecutivo a los pocos días de la investidura.
En el primer año de legislatura, el Ejecutivo de Rajoy tuvo que pedir un rescate a la UE de 30.000 a 100.000 millones de euros para sacar del atolladero a las cajas de ahorro. Se anunció un fin de semana de junio pero se negó que se tratara de un rescate: lo llamaron "apoyo financiero". En aquel momento, la prima de riesgo española alcanzaba los 650 puntos básicos de diferencial con el bono alemán.
Sólo en aquel primer año de legislatura, el gobierno de Rajoy se dejaba cerca de 9 puntos porcentuales en intención de voto. El barómetro del CIS correspondiente al mes de octubre de 2012 (uno de los cuatro anuales en los que se mide la estimación de voto) otorgaba a los populares un porcentaje estimado de voto del 35,9%.
El segundo año de legislatura no fue un camino de rosas. Con la reforma laboral aprobada, casi como único mérito de acción de Gobierno, Mariano Rajoy encaró algunas de las decisiones más polémicas de las que ha afrontado como presidente del Gobierno. Enterrando la Rebelión Cívica y su, antaño, apoyo a las víctimas del terrorismo, el Gobierno de Mariano Rajoy no se opuso a la derogación de la Doctrina Parot, con la salida de decenas de terroristas a la calle, así como asesinos en serie y violadores. En aquel octubre de 2013, el carcelero de Ortega Lara, el etarra Bolinaga, llevaba tiempo disfrutando de la libertad en la que el PP le había dejado.
Cuando se cumplían dos años de la llegada del PP al Poder, Rajoy ya había perdido 10,6 puntos porcentuales en intención de voto, según el barómetro del CIS correspondiente a octubre de aquel año.
Para entonces, el desafío separatista de Mas era ya un problema más que evidente al que Rajoy seguía dándole la espalda, como lo hacía con los constantes casos de corrupción que llenaban cada semana las portadas de los periódicos. Y, de entre ellos, uno especialmente lesivo para los intereses del PP, el del tesorero del PP, Luis Bárcenas y su contabilidad paralela fruto de supuestas comisiones ilegales cobradas en negro a cambio de favores políticos. La corrupción estaba en Andalucía, con los ERE fraudulentos y los cursos de Formación, en el PP con la red Gürtel y los papeles de Bárcenas, además de los problemas en Valencia con Camps y Fabra y en Baleares con Jaume Matas. También en la Corona, donde los problemas se multiplicaban para la hija del rey Juan Carlos, Cristina de Borbón y su marido Urdangarín. A esto se unían en su último año de legislatura las tarjetas negras en Caja Madrid y la operación Púnica. Una tormenta perfecta que tuvo la guinda en el surgimiento del partido populista, Podemos, que se convertía en alternativa real de Gobierno -según las encuestas- después de haber sido subestimados y tratados de "frikis" sin importancia por el gran estratega electoral del PP, Pedro Arriola.
El balance de este tercer año de legislatura de Mariano Rajoy -a pocos meses de las elecciones municipales y autonómicas y a un año de las generales- no puede ser más desolador: el desafío separatista de Mas consumado en su consulta ilegal separatista que se celebró sin oposición gubernamental pese a que el Constitucional lo había suspendido; un partido populista de izquierda radical colocado en lo más alto de las encuestas y la popularidad del PP en sus cifras más bajas.
Tres años después de aquella foto en el balcón de la sede de la calle Génova, el PP obtiene su peor estimación de voto (27,5%), perdiendo en el camino más de 17 puntos porcentuales. Un desplome récord que supera incluso el hundimiento de Zapatero en el peor momento de su segunda legislatura.