Para el Gobierno, no existe contradicción alguna entre la política y el cumplimiento de la ley. "Todos podemos hacer política, pero hay que hacerla en el marco de la ley. La ley no es ni más ni menos que la voluntad política de los ciudadanos y, al menos, este Gobierno no se considera por encima de esta voluntad", expuso la vicepresidenta, que se ayudó de un ejemplo: imaginar que los catalanes dejaran de pagar impuestos o cumplir las leyes de tráfico utilizando como gancho que la Generalidad no hace la política necesaria en estas materias.
Cataluña volvió a monopolizar la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Más aún, cuando el gabinete estaba todavía reunido cuando la Fiscalía movía finalmente ficha y presentaba una querella contra Artur Mas por cuatro delitos cometidos presuntamente el 9N. Soraya Sáenz de Santamaría quiso enfatizar que Eduardo Torres-Dulce -por cierto, no del agrado de todos en el Ejecutivo- actuó bajo los principios de "imparcialidad, legalidad y dependencia jerárquica", de acuerdo a lo que dicta la Constitución.
No era empeño fácil el pretendido por la vicepresidenta, toda vez desde la Generalidad y sus altavoces se acusa a la Moncloa de utilizar al fiscal general del Estado contra ellos. "Quienes presionan son otros, no nosotros", replicaban en privado fuentes gubernamentales. Esto es, que no ha sido Moncloa sino el Gobierno de Mas el que hizo "trabajo soterrado" con los fiscales catalanes.
"De esta vicepresidenta nunca oirán" una instrucción o una petición de actuación a la Fiscalía, llegó a prometer Sáenz de Santamaría. En el Gobierno son conscientes de que en la sociedad ha calado la tesis de que la división de poderes no siempre se cumple. Y de ahí que el ministro del Interior, sentado a su lado, se sumó al ejercido de defender la independencia de Torres-Dulce, aunque recalcó que se muestra "completamente de acuerdo" con la querella.
"Conversación constante"
En Moncloa se asegura que se seguirá yendo a los tribunales siempre que sea necesario, aunque esto no quite para que se pueda abrir una nueva vía de diálogo con la que se trate de dar solución a la difícil situación que se vive en Cataluña. De momento, eso sí, las posiciones siguen muy encontradas: "no hay prevista una reunión con Mas", quiso aclarar la portavoz del presidente. Aunque recalcó que eso no significa que haya "presencia, asistencia y reunión con los catalanes", como queda demostrado -a su juicio- con la subvención de alrededor de cinco millones de euros para el Liceo de Barcelona aprobada este mismo viernes.
Otro camino es que el Ejecutivo ya "ha analizado y estudiado" el documento de 23 puntos que el propio Mas entregó a Rajoy en el mes de julio y en el que hay medidas que ya se están realizando, principalmente en el campo de las infraestructuras. "Estamos dispuestos a hablar de las medidas que puedan realizarse", recalcó Sáenz de Santamaría, que no dio ni mucho menos por cerrados los canales de comunicación. "Son de conversación constante", según sus propias palabras.
Así, el Gobierno se negó a hacer política sin ley -"con poca autoridad podemos exigir que cumplan la ley si no la cumplimos nosotros", según el resumen de Jorge Fernández Díaz- aunque esto no quite para que su presencia en Cataluña sea importante y beneficiosa para sus ciudadanos, como en cualquier otra región. La vicepresidenta se llegó a poner como ejemplo: "sé mi agenda y es la comunidad que más he visitado, y no siempre he sido bien recibida por la Generalitat".