La Moncloa y el PP actuaron de forma rápida y aparentemente coordinada ante la detención de Serafín Castellano, hombre clave de la formación en Valencia y que en la actualidad ejercía de delegado del Gobierno en la comunidad. Soraya Sáenz de Santamaría, con el que ya chocó anteriormente, anunció su cese antes de la ronda de preguntas en la conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros. Minutos antes, el PP valenciano emitía un comunicado urgente desvelando que le retiraba el carnet de militante.
"Tan pronto como se ha tenido información de que se iniciaba una investigación judicial, se ha procedido a su destitución inmediata", zanjó la vicepresidenta. El nombramiento del nuevo delegado se acordará una vez se redacte el informe de idoneidad obligatorio tras la entrada en vigor de la nueva normativa de los altos cargos, tal y como se encargó de recordar.
Por su parte, en la nota remitida a la prensa, los populares comunican que, tras conocerse el arresto de Castellano, el presidente del Comité de Derechos y Garantías regional, Alfredo Castelló, acordó la toma de medidas extraordinarias. Para empezar, la apertura de un expediente informativo y, segundo y más importante, "su suspensión cautelar de militancia".
Los hechos que se han conocido, reconoce el PP valenciano, conculcarían "al menos y sin ánimo de exhaustividad" lo previsto en los estatutos de la formación. "Las informaciones aparecidas conllevan un deterioro público muy significativo de la imagen del PPCV dada su gravedad, repercusión informativa e incidencia en la opinión pública, máxime en momentos como los actuales", se recoge en el comunicado.
La sensación en Génova era de frustración. "Era lo que faltaba", en palabras de no pocos dirigentes, que a su vez pedían que, tras la salida del poder tanto en el consistorio de la capital como en la comunidad, se haga una "limpia" en la estructura regional.