La Policía ha detenido este viernes al delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, en la investigación abierta sobre presuntos favores a una empresa a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios cuando ocupaba el cargo de consejero de Gobernación, con cuyo presidente coincidió en cacerías, informa Europa Press.
Los agentes han desplegado una operación en Valencia, coordinada con Fiscalía Anticorrupción, en la que han practicado diferentes registros tanto en la vivienda de Castellano como en la sede de la consejería.
Esta operación surge de la investigación abierta en el ministerio público el pasado mes de octubre, cuyas diligencias le fueron remitidas de Fiscalía de Madrid tras una denuncia interpuesta por el exgerente de Avialsa -empresa adjudicataria de dichos contratos- en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la consejería dirigida por Castellano -quien también ocupó el cargo de secretario general del PPCV- a esta mercantil entre los años 2008 a 2010.
Tras meses de investigación, Anticorrupción decidió denunciar los hechos en el juzgado al observar que los mismos podrían ser constitutivos de delito, han indicado a Europa Press las mismas fuentes.
En concreto, la investigación se ha centrado en los contratos adjudicados a Avialsa por parte de Castellano, cuando ocupaba el cargo de consejero de Gobernación, entre los años 2008 y 2010, para la extinción de incendios forestales, por un importe de más de 33 millones de euros.
En la denuncia presentada en Madrid, se aludía a supuestos regalos efectuados por el presidente de Avialsa, Vicente Huerta, a Castellano, relacionados con cacerías de patos y perdices; y, por otro, a gestiones del exconsejero para favorecer al directivo.
Sobre este último aspecto, en la denuncia se alude a una serie de "modificaciones contractuales" que firmaron Castellano y Huerta por cambio del tipo de aviones, cuando las adjudicaciones de los contratos públicos se hicieron con otro tipo de aparatos que, después, no llegaron a España. Con estas modificaciones -se apunta en la denuncia- se pudo haber incumplido el pliego de licitación, sin que se hubiera hecho ninguna penalización hacia Avialsa.
Sin el pasaporte
Por la tarde, el ya ex delegado del Gobierno en Valencia salió en libertad provisional, con obligación de comparecencia ante la autoridad judicial tantas veces como sea requerido, con retirada de pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional.
Castellano abandonó el Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto tras declarar durante algo más de media hora, sin hacer declaraciones y en un coche conducido por la secretaria autonómica de Gobernación, Asunción Quinzá.