Pedro Antonio Sánchez, cabeza de lista del Partido Popular a las elecciones autonómicas y virtual presidente regional, tendrá que declarar ante el juzgado de instrucción número 1 de Lorca por el llamado caso Auditorio. Se trata de una de las varias decenas de querellas presentadas en su día por el PSOE cuando Sánchez era alcalde de Puerto Lumbreras, que en este caso denuncia supuestas irregularidades administrativas en la recepción de las obras del auditorio municipal.
La querella presentada por los socialistas fue rechazada el pasado mes de marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, al no encontrar indicios de delito en el candidato popular a la presidencia de la comunidad murciana. Los magistrados consideraron que Sánchez no había tenido una participación "inequívoca y relevante" en los hechos denunciados y devolvió el caso a los juzgados lorquinos para que siguieran investigando.
La magistrada titular del juzgado que instruye el caso no podrá imputar a Sánchez, dada su condición de aforado en tanto que parlamento autonómico, por lo que debería elevar de nuevo las actuaciones al TSJ de Murcia al objeto de que esta sala superior decida, en su caso, sobre una posible imputación.
Una de las condiciones pactadas por Ciudadanos y el PP de cara al acuerdo de investidura es la ausencia de imputados en las filas de los partidos, lo que ha motivado la reciente dimisión de cuatro altos cargos del Partido Popular murciano. Las consecuencias para el futuro Gobierno regional en caso de que su presidente sea imputado por este asunto están por ver.
El portavoz de Ciudadanos en la región de Murcia ya ha señalado que esta citación judicial no impedirá su voto a favor en la sesión de investidura de Pedro Antonio Sánchez el próximo martes 30 de junio, si bien el partido, a nivel nacional, estudiará este asunto a fondo para adoptar una decisión definitiva.