Alrededor de una quincena de trabajadores pertenecientes a la empresa municipal de limpieza de Getafe (Lyma) y a la Agencia de Desarrollo Local (Gisa) se han agrupado para denunciar el denominado "caso de los despidos ideológicos".
Estos trabajadores afirman que la líder del PSM y alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, les echó a la calle con una orden directa: "despedir a los que han simpatizado o son afines al PP de Getafe".
Los afectados destacan que Hernández echó mano de la reforma laboral. Recordamos que hace pocos días, el líder socialista, Pedro Sánchez, decía que "el mejor servicio que se le puede hacer a España es derogar la reforma laborar", algo que según el socialista lo harán "nada más llegar al Gobierno".
Los empleados municipales de Getafe afectados han denunciado al ayuntamiento por despido nulo y si el juez les da la razón tendrán que ser readmitidos inmediatamente y cobrar los atrasos. Mientras, los trabajadores recogen firmas en una plataforma en Internet. Destacan que tienen "familia, hijos y personas que dependen de ese sueldo" y piden al consistorio gobernado por la líder del PSM que "rectifique" su decisión.
Desde el consistorio socialista, desmienten que hayan sido unos "despidos ideológicos" y afirman que es una "reorganización" realizada como consecuencia de un sobrecoste de 1 millón de euros ejecutado por el PP en su legislatura. Añaden que los populares incrementaron la plantilla de este servicio municipal con muchos "directivos".
"Getafe más sucio con el PSOE"
El PP del municipio dice que es "totalmente falso" que se hayan contratado más directivos en la empresa municipal de limpieza durante su mandato. Explican que se incrementó la plantilla para "cubrir la limpieza de los nuevos barrios del municipio" y que "la guadaña" de Hernández ha provocado que los vecinos se queden desasistidos.
Además, los populares advierten que Getafe está muy sucio dede que gobierno el PSOE y que "las actitudes dictatoriales de Sara Hernández pueden suponer una indemnización millonaria al Ayuntamiento, que ha sido demandado por los despidos, lo que puede representar un enorme daño económico a las cuentas públicas".
