El PP quiere cambiar las reglas de juego electorales en la legislatura que llega. En el ámbito local, retomará su plan de que gobierne la lista más votada estableciendo una "prima de gobernabilidad" a aquellos partidos que hayan ganado claramente las elecciones, habiendo una distancia "considerable" con respecto a la segunda fuerza. Si dicho extremo no se produce, propone introducir un sistema de doble vuelta.
Así se desprende del programa electoral de la formación, en el que se hace hincapié en que antes se abriría un "proceso de diálogo autonómico" que en los últimos años ya resultó un fracaso. Además, a nivel general, el PP se compromete "al respeto de la costumbre constitucional de que sólo formará gobierno la candidatura más votada" de España. La campaña electoral quedaría reducida, aunque no se aclara la nueva duración.
El objetivo de Mariano Rajoy también es tratar de hacer de las Cortes Generales el centro de la vida política. Si bien, nada se concreta sobre la patrocinada reforma del Senado más allá de recordar que el PP participa en la ponencia de estudio para reforzar las funciones de la Cámara. "Confiamos en que el documento final sirva de guía para potenciar la naturaleza territorial de la misma" y se convierta en "un auténtico foro principal para el debate de grandes cuestiones de naturaleza territorial", según se puede leer. También llevarán a cabo una reforma del reglamento del Congreso.
Los populares parten de la base de que "la unidad de la nación española es un principio constitucional sobre el que se asienta nuestro bienestar". Y, en este sentido, Rajoy vuelve a reivindicar en su programa el Estado de las Autonomías, aunque no cierra la puerta a una reforma de la Constitución. Ni rastro del artículo 155 de la Carta Magna como herramienta para salvaguardar la soberanía nacional, aunque se anuncia que se incorporará a la ley de banderas "las previsiones y mecanismos que garanticen su estricto cumplimiento".
La primera parte del primer bloque del programa -La España que queremos- arranca con una respuesta contra la corrupción. Los cargos del PP, como ya se sabía, suscribirán una "declaración de compromiso" por el que tendrán que dimitir y ser suspendidos de militancia en caso de estar encausados en un proceso judicial con apertura de juicio oral derivado de una causa de corrupción. Los altos cargos también se verán afectados por una "obligatoriedad de cese" en dicho contexto.
No hay muchas novedades. Se potenciará la oficina de recuperación y gestión de activos en materia de corrupción, se seguirá desarrollando la ley de transparencia y hay por escrito un compromiso de regular los lobbies y controlar las subvenciones públicas, por ejemplo.
Las víctimas del terrorismo y la lucha contra ETA centra otro de los bloques. "Las víctimas deben ser las verdaderas protagonistas del fin de la banda", se índice, en la búsqueda de una reconciliación con el colectivo que no le está siendo nada fácil al partido hoy en el gobierno. Rajoy hace suya la reclamación de "memoria, verdad, dignidad y justicia" y dice que trabajará "intensamente" por establecer el relato de la verdad histórica. Además, se anuncia la creación de un equipo multidisciplinar dirigido por un fiscal especial "para la investigación de los atentados de ETA sin resolver" y se ampliarán las indemnizaciones a las víctimas.
En cuanto al terrorismo yihadista, ninguna concreción sobre una hipotética respuesta militar mayor a la ya vigente. El candidato se compromete a una "estrategia de prevención de la radicalización" y un programa específico para potenciar el personal y los medios tecnológicos de las fuerzas de seguridad.
Para reforzar la seguridad en las calles, el PP propone destinar al menos 3.000 efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil que actualmente están ocupados en labores burocráticas o de custodia estática de edificios institucionales. Otra novedad será la puesta en funcionamiento de una oficina nacional de lucha contra los delitos de odio.
En materia de Defensa, nada se dice de aumentar las partidas presupuestarias. Lo más llamativo de las medidas planteadas es la implantación del protocolo "contra el acoso sexual y por razón de sexo" en las fuerzas armadas.
Reforma de la administración
Por otro lado, se dan detalles de la reforma de la administración, una de las banderas de Soraya Sáenz de Santamaría, que sorpresivamente no puso voz a los nuevos detalles del programa aunque así estaba previsto. Para incrementar los controles, se reformará la ley de contratos del sector público. Los cálculos de la Moncloa es que en la vigente legislatura se han suprimidos 2.305 entes, lo que ha supuesto un ahorro total de más de 33.400 millones de euros.
El PP mantendrá las Diputaciones provinciales y llevará a cabo un "proceso de clarificación del sistema competencial de los municipios", según su programa electoral.
En el marco de la Justicia, Rajoy propone lo que denomina una "estrategia nacional", que incluirá un nuevo código procesal y el desarrollo de fiscalías especializadas. Además, pretende dar más medios personales y materiales a la Abogacía General del Estado, estos años de actualidad por su papel ante el desafío separatista en Cataluña. Nada nuevo con respecto al Consejo General del Poder Judicial, para el que se pide "un acuerdo de todas las fuerzas políticas que garantice" su independencia "reforzando sus labores como gobierno de los jueces y buscando criterios objetivos para la elección de sus miembros".
Los populares seguirán desgranando las distintas patas de su programa en los próximos días. En la presentación de sus líneas generales, Rajoy ya avanzó este sábado una bajada del IRPF, cambios en las cotizaciones sociales y más ayudas para las pequeñas y medianas empresas.