Mientras en las negociaciones para formar gobierno a nivel estatal pierde peso la situación en Cataluña, los separatistas aprovechan para pisar el acelerador y escenificar, en un mismo día, un nuevo pulso legal contra el Estado. A primera hora de la mañana, el presidente Carles Puigdemont ha presidido el acto de renovación de la Comisión Jurídica Asesora encargada de aconsejar al ejecutivo regional sobre la legalidad de las normas y decisiones que emprende.
Un organismo al que Carles Puigdemont ha adjudicado un papel importante dentro de las llamadas estructuras de Estado para, ha dicho "garantizar el buen hacer y la seguridad del trabajo que las instituciones queremos hacer para el despliegue irrenunciable e innegociable del encargo del Parlamento". Poco después de pedir apoyo a sus juristas para el proceso separatista, ha sido su consejero de Justicia, Carles Mundó quien ha dado un paso más presentando el proyecto de ley del Libro Sexto del Código Civil catalán, o lo que es lo mismo, " un instrumento de derecho propio" con el que pretenden sustituir la legislación española.
"Cuando el Parlamento de su aprobación al último libro, tendremos reguladas las obligaciones y los contratos y el derecho español será subsidiario", ha dicho. Entre los contratos que se regularán el consejero ha subrayado que se incluyen el de compraventa, el de aprovechamiento urbanístico o incluso el de cultivo. Para Mundó, el Código Civil catalán es "una auténtica estructura de Estado" dentro de su plan de desconexión y que tiene su origen en "las competencias del Parlamento desde hace siglos y no nace con la Constitución de 1978", ha afirmado el dirigente separatista.
Más propaganda exterior
El gobierno de Puigdmont no sólo desobedecerá la suspensión cautelar de su consejería de Exteriores por el Tribunal Constitucional sino que este martes ha aprovechado para anunciar que ellos también recurrirán ante el alto tribunal porque la consejería se "ajusta plenamente al Estatuto de Autonomía".
Lo ha dicho la portavoz del Ejecutivo, Neus Munté, que ha insistido en la voluntad del gobierno de "seguir haciendo acción exterior con normalidad como hacen otros países del mundo". Tanto es así que han anunciado que van a aumentar el número de plazas de las que va a disponer este departamento en manos del autoproclamado ministro, Raül Romeva.