Desobedecer y romper son dos verbos clave en el manual de la CUP que conjuga en la calle y en las instituciones. Mientras se niega a condenar la violencia en el barrio de Gracia y acusa a los Mossos de toda clase de excesos y provocaciones, mantiene en jaque al Gobierno de la Generalidad y a Junts pel Sí en la negociación de los presupuestos. Los diputados cuperos quieren unos números autonómicos de ruptura y desobediencia, que expresen que Cataluña ya es una república independiente, un Estado diferente en el que el desalojo por orden judicial del Banc Expropiat jamás se habría producido.
Pende la amenaza de una legislatura mucho más breve que los 18 meses previstos, a contar a partir del pasado enero, en la hoja de ruta separatista acordada por Junts pel Sí y la CUP. Los antisistema no están dispuestos a dar su apoyo a unos presupuestos que consideran mejores que los del año pasado, pero que no les satisfacen completamente porque no reflejan la idea de ruptura con España y el cambio de modelo social de la república "popular". Desmienten que su negativa pueda precipitar un adelanto de los comicios catalanes. Una de sus portavoces, Mireia Vehí, considera que la legislatura puede avanzar con presupuestos prorrogados y que el plazo de dieciocho meses para preparar la desconexión sería tan sólo orientativo si el ejecutivo autonómico diera pasos claros hacia la ruptura y la desobediencia. Es decir, si asume la dinámica de la CUP.
Las calles del barrio de Gracia son ejemplo de esa dinámica, la desobediencia a una orden judicial y los disturbios y ataques a la policía catalana. La presencia de dirigentes de la CUP en las marchas y manifestaciones de estos días y sus constantes denuncias de la violencia policial son otro grave obstáculo en las relaciones entre CDC y ERC con la CUP. Mientras el vicepresidente Oriol Junqueras, líder de ERC, trata de atemperar los ánimos cuperos y se presta a una negociación exhaustiva de los presupuestos, Artur Mas, en declaraciones a El Periódico de Catalunya, ha afirmado que si la CUP veta los números, "el procés queda muy tocado". También ha conminado a la CUP a dejar de hacer "agitación en la calle" y a "hacer lo que toca hacer en el Parlament".
Sin embargo, la CUP está dispuesta a poner en un brete a la alianza entre CDC y ERC. Han votado 62 veces ya contra propuestas de Junts pel Sí en la cámara regional y no tienen inconveniente alguno en afrontar unas nuevas autonómicas. La velada amenaza de reventar la legislatura planea sobre los presupuestos. Tampoco ERC tiene problemas con unas nuevas elecciones, ya que superó por primera vez a CDC en las pasadas generales del 20-D. Convergencia, en cambio, ya no existe. Sus militantes dieron enterrado el partido de Pujol hace una semana. La refundación está en mantillas y la formación, desbordada por la corrupción, el descrédito y los constantes batacazos electorales. La crisis en el barrio de Gracia puede ser un nuevo clavo en el ataúd convergente. En lo que ya se ha convertido es en un elemento más del "proceso", la versión violenta callejera. La mayoría de los "activistas" que operan en el barrio son a su vez separatistas. De ahí, según el PP, que los Mossos no sólo tengan el "consejo" de la alcaldesa Ada Colau de actuar con proporcionalidad sino recomendaciones oficiales para evitar en la medida de lo posible las detenciones.
Tanto da. El concejal de la CUP Josep Garganté ha denunciado que un agente le ha dado con la porra mientras caminaba pacíficamente por Gracia mientras que Mireia Vehí acusó al director general de los Mossos, Albert Batlle, de brutalidad policial en una comparecencia parlamentaria para explicar la actuación policial en el distrito.