El Parlamento andaluz aprobó ayer, con los votos favorables del PSOE, PP y Ciudadanos, la modificación de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) que regulariza unas 25.000 viviendas ilegales, un 8% del total de las que hay en la comunidad que ascienden a unas 300.000, según el último censo. A la medida se han opuesto organizaciones ecologistas, de consumidores como Facua, mientras Podemos e IU ha optado por la abstención.
La situación de la vivienda ilegal en Andalucía constituye otro mayúsculo escándalo que, desde hace años, afecta al régimen andaluz. En los informes de el Defensor del Pueblo Andaluz, que reconoce que en algunos casos los propietarios han obrado de buena fe o han sido engañados por especuladores sin escrúpulos, se señala inequívocamente a la Junta de Andalucía como la gran consentidora del anómalo caso que hace que Andalucía tenga en la actualidad 300.000 viviendas ilegales.
Teniendo en cuenta el censo global de viviendas en Andalucía, la cantidad representa casi el 10 por ciento del total de las viviendas que está un poco por encima de los tres millones de viviendas. Que el diez por ciento de las viviendas sean ilegales y que se distribuyan por todo el territorio andaluz, es un caso único de negligencia en la gestión del suelo por parte de las autoridades de la Junta, en su función de control, y de los Ayuntamientos en su función de administradores y vigilantes.
La nueva normativa, especifica Efe, que contó con la abstención de Podemos e IU, entrará en vigor después de más de un año de debate y fija controles sobre el tipo de vivienda que pueden acogerse a los cambios para regularizar las edificaciones ilegales.
Sólo podrán legalizarse edificaciones residenciales aisladas situadas en suelo no urbanizable, que tengan al menos seis años de antigüedad, no estén situadas en zonas inundables o declaradas por la Junta como de especial protección y que no estén afectadas por expedientes administrativos de demolición.
La gran mayoría de estas construcciones se sitúan en la comarca malagueña de la Axarquía y en la almeriense del Almanzora, aunque otro buen número de ellas se ubica en la provincia de Cádiz, y todas ellas se podrán inscribir en los registros de la propiedad y acceder a los servicios básicos de luz y agua con la nueva normativa.
Sus propietarios deberán adoptar medidas correctoras urgentes para eliminar los impactos paisajísticos o ambientales que pudieran haberse producido, especialmente sobre los recursos hídricos.
También obliga a los ayuntamientos a iniciar, en el plazo máximo de dos años, la redacción del avance del planeamiento para incorporar a las nuevas viviendas que se hayan regularizado.
Todos los grupos consiguieron introducir en la modificación legal distintas enmiendas, lo que fue destacado por el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, que agradeció su participación en la tramitación del proyecto, así como la de los agentes sociales.
Según Fiscal, el cambio normativo responde a la necesidad de atender las demandas de los ciudadanos y ofrecer soluciones "reales de manera eficaz, pese a la diferencias lógicas" entre partidos.
Una historia deplorable de presuntas prevaricaciones
Ya en 2008, según el criterio del fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Ángel Núñez, que fue ascendido a Fiscal coordinador en Andalucía de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo, la prevaricación de las autoridades públicas era masiva en Andalucía.
Sin embargo, y por ejemplo, los alcaldes socialistas que han gobernado Chiclana desde 1983, habida cuenta que en sus mandatos las viviendas ilegales llegaron a ser 40.000, podrían haber sido acusados de tal delito, pero la fiscalía de Cádiz no había abierto hasta 2008 una investigación especial sobre el caso Chiclana a pesar de las similitudes con el caso Astapa, de Estepona. Uno de los alcaldes socialistas que consintieron las irregularidades es el actual número dos de Susana Díaz en el gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios.
El fiscal Ángel Núñez, en una conferencia pública, llegó a decir textualmente que "la verdadera problemática de la prevaricación en el ámbito urbanístico, quitando los casos de Marbella y algún otro, no es la que se deriva de la concesión de licencias ilegales o la emisión de informes conscientemente contrarios a las normas urbanísticas, sino la que es consecuencia de la omisión del ejercicio de las facultades de disciplina urbanística".
De hecho, por seguir con el ejemplo de Chiclana, se dejaron prescribir, en la etapa del alcalde socialista José María Román, 1.717 expedientes con grave daño para las arcas municipales, lo que fue denunciado por PP e IU.
Durante años, Javier Arenas, presidente entonces del PP andaluz, denunció el urbanismo sectario de un PSOE que aplicaba o no las normas según el color políticos de los Ayuntamientos. Por contraponer casos, digamos que mientras la Junta consentía la construcción ilegal del Hotel Algarrobico en Almería, en Marbella, donde no gobernaba, planeaba la demolición de las viviendas ilegales a pesar de que sus propietarios habían saldado sus cuentas con el municipio.
Las denuncias de los ecologistas y consumidores
En 2009, la organización Greenpeace elaboró un listado con treinta irregularidades urbanísticas andaluzas que estaban vivas en los tribunales. Ocho de ellas se localizaban en Almería (Almería Carboneras, Almería Parque Natural Cabo de Gata-Níjar -Carboneras, Níjar-, Almería Huércal-Overa, Almería Mojácar, Almería Ohanes, Almería Pulpí, Almería Valle del Almanzora, Almería Vera). En Cádiz, estaban situadas en Chiclana y Chipiona, Puerto de Santa María, La Línea y Tarifa. En Granada, estaba el caso Armilla y Almuñécar. En Málaga, el caso Alcaucín, Alhaurín el Grande, la comarca de la Axarquía, Benalmádena, Estepona, Marbella, Tolox y Rincón de la Victoria.
Por su parte, Federación de Consumidores y Usuarios de Andalucía, Facua y Ecologistas en Acción, ya se opusieron a la medida adoptada ayer por el Parlamento andaluz. Facua indicaba entonces que la realidad reflejaba "una dejadez previa de las instituciones", que "no velaron por el cumplimiento de la legalidad en materia de urbanismo y permitieron que las viviendas que ahora se van a regular se levantaran irregularmente". Además sienta un precedente que parece invitar a cometer todo tipo de irregularidades porque luego pueden convertirse en legales.
Ecologistas en Acción consideraba que se había llegado a cotas de "auténtica catástrofe, con más de 300.000 viviendas ilegales", "un cáncer por todo el territorio andaluz, provocando graves impactos ambientales y territoriales y conflictos sociales, administrativos y penales". Además, dijo que este fenómeno "no hubiera sido posible sin la complicidad de muchos ayuntamientos y de la propia Junta de Andalucía" que ahora quiere perpetrar "un fraude democrático por la "la presión del lobby de propietarios de viviendas ilegales y de los alcaldes que han permitido el sistemático incumplimiento de las normas urbanísticas".