Ya no tienen excusas: los miembros del gobierno separatista catalán ya tienen en sus manos la notificación del Tribunal Constitucional ( TC) informando de que queda sin efecto la votación del pasado 27 de julio que avala básicamente la unilateralidad como vía para conseguir la independencia. Este mediodía, al término de la última reunión que ha mantenido el Ejecutivo autonómico antes de las vacaciones de verano, varios funcionarios del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ( TSJC) han entregado personalmente al presidente catalán Carles Puigdemont y a sus consejeros la decisión judicial.
Los separatistas tienen desde este momento la obligación de paralizar cualquier iniciativa que ignore la decisión del Constitucional si quieren librarse de las anunciadas responsabilidades penales. El plazo de los 20 días para las alegaciones empieza a correr, también el tiempo que tiene la Mesa del Parlamento para informar de las decisiones adoptadas. Precisamente desde este mismo martes, el BOE publica la providencia del Tribunal Constitucional por la que sus 11 magistrados acordaron suspender de forma temporal la resolución votada en la cámara autonómica. Tras notificar la resolución del Constitucional, la comitiva judicial de la secretaría de gobierno del TSJC ha entregado a los miembros del ejecutivo catalán un documento para que lo firmaran, en el que certifican que les han comunicado personalmente la resolución.
Dicen que solo obedecerán al Parlamento
Lo ha confirmado la propia portavoz del Gobierno catalán, Neus Munté, durante la habitual rueda de prensa tras el consejo Ejecutivo en las que ha seguido jugando a la ambigüedad evitando decir claramente si habrá "desacato" aunque apuntando que sólo obedecerán al Parlamento catalán. En línea con lo que ya expresaba este mismo lunes el presidente Puigdemont en la red social Twitter, Munté ha afirmado que “la obediencia de este Gobierno será al mandato democrático recibido en las urnas y a aquellas resoluciones que emanen del Parlamento con una sólida mayoría que avala una determinada hoja de ruta”. Es decir, que los separatistas solo se comprometen al “mandato de la cámara” pero siguen evitando, principalmente en el seno de Convergencia a ser claros con una declaración de desobediencia como le piden desde ERC sus socios y desde la CUP.
Munté ha advertido, eso sí, de que seguirán adelante con su compromiso: “Seguiremos trabajando y caminando porque tenemos trabajo”, mientras insistía en que la votación sobre la que ha decidido el Tribunal Constitucional forma parte “de una comisión de estudio” sin capacidad de legislar. Ahí es donde el Ejecutivo de Puigdemont pretende esconderse para justificar un movimiento que queda fuera de la Constitución y que buscaba asegurar el voto afirmativo de los antisistema de la CUP de cara a la cuestión de confianza a la que Puigdemont deberá someterse en septiembre.
En su intento de justificar el nuevo nivel alcanzado por el desafío separatista, Neus Munté ha llegado a indicar que las reflexiones y "conclusiones" alcanzadas por dicho grupo y las declaraciones políticas derivadas de ello están amparadas "en el derecho de la libertad de expresión y de opinión que precisamente ampara la Constitución Española". Según Munté, informa e-noticies, este intercambio de opiniones "forma parte de la normalidad de todos los parlamentos que existen en el mundo".
No parece que esto haya sido suficiente porque los diputados radicales siguen presionando a Juntos por el Sí para que dé más pasos que demuestren su verdadero compromiso con la ruptura. La cámara catalana ahora está de vacaciones pero al comienzo del nuevo curso parlamentario tendrá sobre la mesa dos nuevos textos de desconexión, como son los esqueletos de lo que pretende ser la futura Seguridad Social propia y la Hacienda catalana, pendientes de llevar a pleno.