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Ximo Puig, el único que puede acabar ya con el 'problema Barberá'

Después de su negativa a dimitir la exalcaldesa de Valencia tiene su puesto asegurado en el Senado hasta 2019 a menos que Puig lo impida.

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Puig, en una imagen de archivo | EFE

Para desesperación de la dirección del PP, los cargos electos son propiedad de la persona que los ocupa y esa es la razón por la que, pese a lo mucho que se haya insistido desde Génova, Rita Barberá puede mantenerse como senadora, incluso aunque el suyo no es un cargo directamente elegido por los ciudadanos sino sólo indirectamente: la exalcaldesa es senadora por designación autonómica, es decir, nombrada por un parlamento autonómico.

Barberá ha ido nombrada, obviamente, por las Cortes Valencianas. Cada parlamento autonómico se ha marcado sus propias normas para el nombramiento de este cupo de senadores que la legislación les reserva. En este caso, la normativa está fijada con la Ley 9/2010, de 7 de julio, de la Generalitat, de Designación de Senadores o Senadoras en Representación de la Comunitat Valenciana.

Esta ley recoge los requisitos y el método para la designación de los senadores que representan a la Comunidad Valenciana en la cámara alta y, lo más importante para el asunto que nos ocupa, el mandato que éstos tienen una vez nombrados, y al respecto no puede ser más clara: "El mandato de las personas designadas con arreglo a lo dispuesto en la presente ley lo será hasta la finalización de la legislatura de Les Corts en la que se produjo su designación", dice el artículo 13.

Además, tal y como ya hemos visto en dos ocasiones desde que Barberá fue nombrada, "si concluyera la legislatura del Senado antes que la legislatura de Les Corts que designó a las senadoras o senadores, se entenderán confirmados en el cargo por el tiempo que reste de la legislatura de Les Corts".

Los senadores incluso se mantendrían en sus cargos algo más de tiempo: hasta que las nuevas cortes nombrasen a sus sustitutos. Así que, efectivamente, si quiere Barberá puede estar en el Senado hasta el verano de 2019, fecha en la que se nombrarán nuevos senadores después de celebrarse las elecciones autonómicas en Valencia… o no.

Lo cierto es que las elecciones podrían llegar antes ya que el Estatuto de la Comunidad Valenciana da al presidente de la Generalitat la facultad de disolver el parlamento regional cuando lo desee. Es verdad que, al contrario de lo que ocurre habitualmente en el País Vasco, Cataluña, Galicia o Andalucía, los presidentes valencianos no han hecho uso de este privilegio y se han agotado con normalidad las legislaturas, pero podrían hacerlo, tal y como marca el punto cuatro del artículo 28 del Estatuto:

"El President de La Generalitat, con el acuerdo previo del Consell, podrá ordenar mediante Decreto la disolución de Les Corts, excepto cuando se encuentre en tramitación una moción de censura que reúna los requisitos exigidos en el Reglamento de Les Corts".

Por supuesto, la disolución de las Cortes llevaría a una nuevas elecciones autonómicas, un precio que quizá Ximo Puig y el PSOE no están dispuestos o en disposición de pagar en este momento, pero la realidad es que el presidente socialista de la Generalidad es el único que puede garantizar que Rita Barberá deje el Senado.

Cambiar la Ley

Precisamente la situación de Barberá ha sido el detonante para que muchos se hayan planteado, en la línea en la que la propia Cristina Cifuentes apuntaba este jueves, que a los diputados por designación autonómica les pueda remover del cargo el mismo parlamento regional que los haya nombrado.

De hecho, la propia cámara valenciana ya ha iniciado los trámites para los cambios legales que permitiesen esta retirada de confianza: el pasado 29 de febrero Podemos presentó una proposición para modificar la Ley 9/2010 para introducir la figura de la revocación del nombramiento de un senador.

Para ello sería necesario, siempre según la propuesta de Podemos, que al menos una décima parte de los diputados regionales solicitasen iniciar el proceso, que pasaría por una comparecencia del senador concreto en la que podría aceptar la revocación y dimitir o, si no es así, por la celebración de un pleno que acabaría con una votación mediante papeleta, es decir, con voto secreto.

De obtener la propuesta una mayoría absoluta en esta votación, el mandato del senador se consideraría finalizado. Pero todo esto sería una vez aprobada esta modificación legal, que por ahora sólo es un proyecto.

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