La Audiencia Provincial de Sevilla asistirá a un episodio insólito en la historia judicial de España. Dos expresidentes de comunidad autónoma, de Andalucía en concreto, acompañados por muchos de sus entonces consejeros y otros altos cargos en el banquillo de los acusados. Sentados para explicar un complejo sistema de transferencias que logró desviar el dinero público del circuito de ayudas habitual, eludiendo los mecanismos de control por parte de la Administración. Un laberinto que conforma la pieza principal del caso de los ERE, el llamado procedimiento específico, por donde, según el escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, saquearon la escandalosa cifra de 741 millones y medio de euros.
Hasta 26 autoridades públicas se jugarán condenas en un juicio aún sin fecha. Entre ellos, los exconsejeros de Gobierno José Antonio Viera, Carmen Martínez Aguayo, Francisco Vallejo, Magdalena Álvarez –ministra de Fomento con Zapatero–, Gaspar Zarrías –expresidente en funciones de la Junta– y Antonio Fernández. Y, por encima de todos, los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que hasta ahora se han blindado en el relato de la inocencia. Un discurso cuestionable para el juez de refuerzo Álvaro Martín –que está sacando adelante los ERE mientras la titular María Núñez Bolaños destruye la instrucción– y que ha suscrito el auto de apertura de la vista oral.
El magistrado ha acordado la creación de una pieza separada de responsabilidad civil, es decir, fianzas para la reparación del posible daño causado a las arcas públicas. Martín ha acordado los depósitos a pagar por los presuntos malversadores en función de la cuantía que habrían saqueado en los ejercicios que participó. Exige 4.2 millones de euros a Griñán y a Martínez Aguayo; de 6.2 millones a Viera, y 3.7 millones a Francisco Vallejo, con aviso expreso de embargo de bienes si estos procesados no facilitan los fondos en el plazo de 30 días.
Según el auto de apertura de juicio oral, otros exaltos cargos en su mayoría del Partido Socialista que se sentarán en el banquillo son Agustín Barberá, Justo Mañas, Gonzalo Suárez, Jesús María Rodríguez, José Salgueiro, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Daniel Alberto Rivera, Juan Francisco Sánchez, Lourdes Medina, Javier Aguado, Antonio Estepa, Antonio Vicente Lozano, Manuel Gómez, Miguel Ángel Serrano, Antonio Valverde, Jacinto Cañete y Francisco del Río.
Cárcel e inhabilitación
El Ministerio Público relata que, gracias al enrevesado sistema de transferencias ideado y puesto en marcha por los procesados, las instituciones públicas IFA y Agencia Idea, ambas adscritas a la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, se hicieron cargo del reparto de subvenciones con criterios a la medida de su gracia. La Fiscalía pide seis años de cárcel para Griñán por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación; y 10 años de inhabilitación para Chaves, al que atribuye únicamente prevaricación.
Son 26 procesados en total, entre ellos exconsejeros como Gaspar Zarrías, Antonio Fernández, Carmen Martínez Aguayo o Francisco Vallejo. En el caso concreto del extitular de Empleo, José Antonio Viera, el Ministerio Público reclama ocho años de prisión y para la exministra de Fomento Magdalena Álvarez, 10 años de inhabilitación. Todos casos, como pueden comprobar en los enlaces, sistemáticamente narrados por Libertad Digital. La acusación popular que ejerce el sindicato Manos Limpias se adhirió en términos exactos al escrito de Anticorrupción.
También el PP y el PSOE forman parte de la acusación. Mientras los populares elevan la petición a dos años de cárcel y 22 de inhabilitación para Manuel Chaves y ocho de prisión y 42 de inhabilitación para José Antonio Griñán –les atribuyen también el delito de asociación ilícita–, la Junta de Andalucía ha solicitado el archivo de esta pieza separada al entender que ni hay "trama criminal" ni se creó un procedimiento específico para eludir controles y conceder ayudas de forma arbitraria.
Ayudas a dedo y sin límite
El documento de la Fiscalía profundiza en relación al denominado procedimiento específico. El sistema consistía en modificar los presupuestos de la Junta e introducir las transferencias de fondos con destino a la Agencia IDEA, dependiente del Instituto andaluz de Fomento. Después, la Consejería de Empleo gestionaba ese dinero a través de un órgano llamado Dirección General de Trabajo y Seguridad Social que ya no estaba sujeto a fiscalización o control ordinario. De esta forma, los acusados concedieron las ayudas sociolaborales sin atender a los criterios de necesidad y publicidad.
Ni siquiera fijaron un límite de dinero concedido a dedo, según se extrae del informe de acusación. Dado que poseían capacidad para modificar los presupuestos desde sus cargos políticos, las ayudas se pusieron en manos de la Consejería de Empleo que gestionó a su libre albedrío los fondos públicos. Concedían las transferencias a los beneficiarios que ellos mismos elegían vedando esta posibilidad a los ciudadanos o las empresas que realmente cumplían los requisitos al estar afectados gravemente por las consecuencias de la crisis.
"Personas que ni siquiera pertenecían a empresas accedieron a las ayudas, no fijando límites a la cantidad a percibir por los beneficiarios, favoreciendo solo a determinadas empresas y personas que se lucraron con dichos fondos y destinando los mismos a una finalidad ajena a la prevista de atender a situaciones de crisis empresarial", describe textualmente el Ministerio Público. La Fiscalía sostiene que esta gestión, realizada por los encausados pertenecientes a Empleo, era conocida por el resto puesto que se puso de manifiesto en los informes realizados por la Intervención andaluza desde 2002.