La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y su equipo de gobierno tienen en su punto de mira a la Guardia Urbana desde la época del "activismo". La supuesta brutalidad de la policía municipal de la capital catalana contra los okupas y los manteros fue una de las banderas que enarbolaron los dirigentes de Barcelona en Comú en la campaña que les hizo entrar en el Consistorio por la puerta grande.
Desde que tomaran posesión Colau y sus concejales, entre ellos el abogado de colectivos radicales y de extrema izquierda Jaume Asens, la política respecto a la Guardia Urbana ha oscilado entre el acoso y el desprecio. La última actuación en contra del cuerpo ha sido la de eliminar la asistencia jurídica, según denuncia el sindicato mayoritario del Ayuntamiento, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). En un comunicado, el CSIF sostiene que "no estamos delante de un hecho aislado. Tenemos constancia de intervenciones de agentes, con detenciones y atentados de por medio donde se les niega esta asistencia obligada".
La denuncia sindical alude a varios casos, entre ellos al de un agente que figura en un pleito como denunciante, razón alegada por el Ayuntamiento para retirarle la asistencia letrada junto a la apreciación de "irregularidades" en la actuación del agente. Se trata de una intervención contra un ciclista incívico que acabó con un cruce de denuncias en comisaría. El agente actuó fuera de servicio, por lo que el sindicato alega que "nosotros, siempre que actuemos ejerciendo nuestro cargo de Agentes de la Autoridad –estemos o no de servicio– lo hacemos bajo el amparo de la defensa jurídica del Ayuntamiento (art. 41 Ley 16/1991 de 10 de julio)". También alude a la Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, en su artículo 5, apartado 4" Dedicación profesional", que refiere: "Deberán llevar a cabo sus funciones con total dedicación, debiendo intervenir siempre, en cualquier tiempo y lugar, se hallaren o no de servicio, en defensa de la Ley y de la seguridad ciudadana".
En declaraciones al diario El Mundo, "fuentes municipales" afirmaron que "la gerencia de la Guardia Urbana cree que su policía actuó 'fuera de la órbita' de su trabajo y queda fuera de su amparo legal". El sindicato, por su parte, ha replica con una petición de ayuda ciudadana en la plataforma "change.org" y con duras críticas al teniente de alcalde Asens, responsable de los servicios jurídicos municipales. Le acusan de interferir "de forma muy subjetiva" en el bufete de abogados contratado por el Ayuntamiento y refieren dos casos. El primero hace mención al agente (de servicio) que fue golpeado en la cabeza con una rama de considerable grosor por un vendedor ambulante. En ese asunto, Asens intentó mediar para que no se solicitase por parte de los abogados el ingreso en prisión preventiva del acusado.
En otra intervención, una pareja de la Guardia Urbana y en otra actuación contra la venta callejera, un individuo fue detenido por atentado contra la autoridad. El sujeto se refirió durante el incidente a Jaume Asens como "su" abogado y el propio Asens intentó ponerse en contacto con los agentes antes de la celebración del juicio.
La CUP, con la alcaldesa
En la guerra contra la Guardia Urbana, la CUP es el mejor aliado de Colau y Garganté, el paladín anti-policía. Tras la comparecencia de dicho concejal en el juicio por amenazas leves contra un médico (al que instó a cambiar un parte de lesiones de un "mantero" para acusar a la Guardia Urbana de violencia policial) y que no llegó a celebrarse por la retirada de la denuncia, un grupo de afines de la CUP agredió al portavoz del CSIF Eduardo Zambrano.
El último expediente que figura en la mesa de Colau es el de la posible eliminación de la sección montada de la Guardia Urbana, una vez disuelta la banda musical.