El próximo 10 de enero Carles Puigdemont cumplirá su primer aniversario al frente de la presidencia de la Generalidad a propuesta de Artur Mas bajo presión de la CUP. Puigdemont siempre ha dicho que tuvo que tomar una decisión inmediata para un cargo que no esperaba. El tiempo corría a favor de una repetición de las elecciones autonómicas y a pocas horas de que expirara el plazo, un domingo por la tarde, se celebró la sesión de investidura de Carles Puigdemont.
En este año ha tratado de desprenderse de la tutela de Mas y configurar un perfil propio más amable y menos distante que el de su padrino político, pero no ha conseguido domar del todo a la CUP. Ante la negativa del grupo antisistema a apoyar los presupuestos autonómicos, Puigdemont protagonizó un golpe de la astucia de la que se jactaba su antecesor al responder a los antisistema con una moción de confianza a la vuelta de las vacaciones que superó sin dificultad, con los votos de los diez diputados rebeldes de la CUP.
Sin embargo, el apoyo no fue gratis y desde entonces Puigdemont se ha distinguido por su política de guiños hacia la CUP tanto en la elaboración de los números autonómicos como en la aplicación del calendario separatista. Puigdemont se comprometió con los antisistema y asumió como propios los plazos de la CUP que marcan que en 18 meses, de los que ya han pasado doce, Cataluña tiene que estar en la rampa de lanzamiento del referéndum. Y así será según no se cansa de repetir Puigdemont. Un par de días antes de acabar el año, Junts pel Sí (ERC y CDC) y la CUP emitieron un comunicado conjunto en el que aseguraban haber pactado los contenidos de la "ley de transitoriedad", el artefacto jurídico que prevén aprobar a comienzos de verano para dar pie al referéndum "legal y vinculante" del próximo septiembre.
Primeras citas del año con la CUP
La solidez de este acuerdo se pondrá a prueba a mediados de enero, cuando las comisiones parlamentarias comiencen a debatir los presupuestos, que además serán sometidos a una asamblea general de la CUP para fijar posición de cara al pleno que debería celebrarse el 8 de febrero si es que Ciudadanos, PSC y PP no presentan recurso y retrasan la cita hasta marzo. En esa misma semana, del 6 al 10, Artur Mas y sus consejeras Irene Rigau y Joana Ortega se sentarán en el banquillo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para responder sobre los presuntos delitos de desobediencia y prevaricación en los que podrían haber incurrido por la convocatoria y organización del referéndum del 9-N de 2014.
Movilizaciones de la ANC y Òmnium
ANC y Òmnium Cultural, los brazos en la calle del bloque separatista, pretenden organizar una gran manifestación para esas fechas. En el gobierno de la Generalidad no se contempla la posibilidad de que la CUP rechace los presupuestos con Mas en el banquillo. El juicio será además un acicate para las bases separatistas, la supuesta prueba del nueve de la "guerra del Estado contra Cataluña", un proceso que empezó en 2012 y que encara su sexto año.
Así pues, en un par de semanas la política catalana volverá a ser un polvorín con un calendario parlamentario y judicial particularmente enrevesado y que en nada facilitará los esfuerzos de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, por reconducir la deriva separatista del catalanismo.
Puigdemont tendrá que demostrar ante la CUP que sus promesas van en serio y la imagen de Mas en el banquillo y ante el riesgo de ser condenado a diez años de inhabilitación facilitará que el bloque separatista comience a calentar motores de cara a la movilización para el referéndum.