La Generalidad de Cataluña ha anunciado que este viernes que Carles Puigdemont organizará una recepción para los encausados por el 9-N con el que pretende poner punto y final a la vista que concluirá previsiblemente por la mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) con los alegatos de Artur Mas, su antecesor, y las exconsejeras Joana Ortega e Irene Rigau.
Tras una movilización popular por debajo de las expectativas separatistas el pasado lunes, cuando comenzó el juicio por el referéndum del 9-N, Mas y Puigdemont pretenden cerrar las grietas abiertas por la estrategia de las defensas con un primer alegato en la sala del tribunal y un segundo en el palacio de la Generalidad.
Buena parte del PDeCAT –la antigua Convergencia–, ERC y la CUP han censurado que los letrados de Mas, Ortega y Rigau se hayan centrado en responsabilizar a los voluntarios de la organización del referéndum para lograr una sentencia absolutoria. En la sesión del jueves, el fiscal Emilio Sánchez Ulled ha mantenido la petición de penas de inhabilitación de diez años para Mas y nueve para sus subordinadas tras el desfile de voluntarios que se han ceñido a la tesis de que nadie dependiente de la administración autonómica les proporcionó instrucciones para la celebración de la jornada "electoral", que todo fue espontáneo y que se encontraron los institutos abiertos y los ordenadores instalados, pero que no sabían quién se había encargado de semejante despliegue.
La derivación de responsabilidades hacia los voluntarios ha enervado a la CUP, partidaria de no reconocer los tribunales, y a ERC, donde se subraya la diferencia entre la grandilocuencia de Mas y el tono práctico y jurídico de su letrado, Xavier Melero; así como del abogado de Rigau, Jordi Pina; y especialmente del de Joana Ortega, Rafael Entrena, organizador del desfile de voluntarios para exculpar a su defendida que no ha contado con la colaboración de sus dos colegas.
Frustración secesionista
El contraste entre la táctica de los defensores y las arengas mediáticas de Mas ha generado una cierta decepción en las filas "soberanistas" que el expresidente de la Generalidad pretende subsanar este viernes con un alegato final entre reivindicativo e insurrecto. Ha declarado que hablará "con total libertad" por lo que sus partidarios esperan una encendida defensa del "derecho a decidir" y un ataque frontal contra el Estado en la línea de proferido por Puigdemont el miércoles en el Parlament, cuando alteró el orden del día para largar un discurso en el que dijo que "la democracia española está enferma".
La fiscalía ha logrado demostrar que la Generalidad estuvo implicada en todo momento y tras la suspensión del Tribunal Constitucional (TC) en la organización del referéndum del 9-N, que sin su concurso, el "proceso participativo" habría resultado imposible.
El TC no avisó
Las defensas se aferran a la tesis de que a partir del 4 de noviembre, tras la requisitoria del TC, la Generalidad nada tuvo que ver en el transcurso de los hechos, que la fiscalía no intervino para retirar las urnas –precisamente Sánchez Ulled, de la Asociación Progresista de Fiscales, estaba de guardia el día de autos– y que el Constitucional no advirtió en sus resoluciones del alcance penal de los propósitos de los acusados.
El peso del Supremo
El juicio a Francesc Homs por los mismos hechos en el Tribunal Supremo -por su actual condición de diputado nacional a pesar de que entonces era el portavoz del ejecutivo regional- se ha fijado para el 27 de este mismo mes de febrero, por lo que será el Supremo, previsiblemente, quien marque el sesgo de las sentencias.
Convergencia, ahora con las siglas PDEcat, pretende que el paso por los tribunales de Mas y Homs sea la rampa de relanzamiento de su partido, hundido en las encuestas, sumido en el 3% y con el crédito por los suelos en el bloque separatista a pesar de los esfuerzos retóricos de Mas, Puigdemont y Homs por enseñar colmillo insumiso. Puigdemont se ha comprometido con la CUP a celebrar una reedición del 9-N en la segunda quincena del próximo septiembre a más tardar. Pero la hoja de ruta parlamentaria no coincide con la del partido que preside Mas.
Mas, en precampaña
El expresidente autonómico no considera una buena idea repetir una consulta ilegal. Prefiere que tras el "via crucis" judicial se convoquen unas elecciones autonómicas en las que se podría presentar con sólo recurrir la sentencia si es que resulta condenatoria.
Mas ya ha anunciado su predisposición a encabezar una candidatura que haga frente al presidente de ERC, Oriol Junqueras, -según los sondeos, líder con más probabilidades para presidir la Generalidad-, provoque el resurgir de Convergencia y haga necesario su concurso para la gobernabilidad autonómica.
Fracaso callejero
Así pues, el acto organizado por Puigdemont este viernes por la tarde para agasajar a los "mártires" del 9-N, con rueda de prensa conjunta entre el president y el expresident, podría suponer el inicio de una precampaña electoral que tendría como segundo paso un nuevo 9-N y una inmediata convocatoria de elecciones en Cataluña. A falta de masas en la calle, Convergencia opta por intensificar el carácter institucional del golpe de Estado.