La investigación por presuntas irregularidades en la gestión del Canal de Isabel II abierta en julio de 2016 ha desatado la denominada Operación Lezo. Es obra del juez instructor de la Operación Púnica en la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, en colaboración con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Lo más destacado, la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, que también presidió el Canal entre 2003 y 2012, mientras fue vicepresidente del Ejecutivo madrileño. El despliegue se ha saldado con un total de doce arrestos. Además, se han practicado alrededor de treinta registros: en la sede del Canal de Isabel II, los despachos de González y su mujer, domicilios y empresas.
El magistrado maneja sólidos indicios de que el exdirigente del Partido Popular lideró una organización criminal dedicada a la corrupción. Persigue actuaciones dirigidas al desvío de fondos públicos para beneficio de los delincuentes. Velasco se centra en personas vinculadas al Gobierno de Ignacio González por ocho presuntos delitos: prevaricación, organización criminal, malversación de fondos públicos, cohecho, blanqueo de capitales, fraude, falsedad documental y corrupción en los negocios.
Mano a mano con su hermano Pablo
En el presunto blanqueo de capitales, Ignacio habría contado con la ayuda de su hermano Pablo González, al que también han detenido las fuerzas de seguridad. Se trata de un alto cargo de la empresa pública Mercasa, que habría desempeñado algún papel en adjudicaciones de contratos públicos amañadas. Curiosamente, esta sociedad es el punto de conexión entre esta pieza y otra operación independiente desplegada este miércoles desde la Audiencia Nacional, en este caso por el juez José de la Mata. Es la primera vez que este órgano practica una cooperación judicial en estos términos en asuntos relacionados con la corrupción política.
La Operación Lezo cuestiona la licitud de la compra de sociedades en el extranjero con dinero público. Por ejemplo, cuando Inassa –filial sudamericana del Canal de Isabel II– adquirió la empresa brasileña Emissao por 21 millones de euros. Según los indicios, esta operación y otras similares en Colombia se efectuaron a un precio muy superior al de mercado para sufragar el pago de comisiones a los intermediarios.
El presidente de Inassa es Edmundo Rodríguez Sobrino, tercero de los personajes mediáticos arrestados junto con su secretaria Clarisa Guerra Soto –apoderada de una sociedad de su jefe–. Dirigió la filial durante una década y su nombre emergió en dos ocasiones: cuando la empresa brasileña adquirida apareció en las cuentas del Canal con un patrimonio neto de menos de la mitad de lo que se había pagado solo un mes antes por ella; y cuando Cristina Cifuentes lo cesó en abril de 2016 por su presencia en empresas con sede en Hong Kong que aparecieron en los Papeles de Panamá. Sí conserva desde 1999 su cargo como directivo del diario La Razón.
Imputados Marhuenda y Casals
Parece que La Razón jugó un papel en este escándalo. Más allá aún de que Ignacio González sea columnista habitual del periódico o de las grabaciones con cámara oculta durante un viaje a Colombia en 2008 en las que el expresidente madrileño y Rodríguez Sobrino hablan de bufetes panameños y bancos en Suiza. Eloy Velasco ha imputado a al presidente de La Razón, Mauricio Casals, y a su director, Francisco Marhuenda por presuntos delitos de coacción y obstrucción a la Justicia.
Entiende que, utilizando su influencia mediática, han coaccionado a Cifuentes para que no denunciara las tropelías en el Canal. Según fuentes jurídicas, habrían amenazado a la presidenta de la Comunidad de Madrid con orquestar una campaña de desprestigio en el grupo Atresmedia si tiraba de la manta, publicando alguna información falsa como toque de atención. El magistrado identifica el final de las presiones con el momento en que altas esferas de Planeta tienen conocimiento.
Colaboración de Cristina Cifuentes
Aunque desde determinados grupos políticos han vinculado a Cifuentes con esta supuesta red de corrupción, la investigación le atribuye otro papel. Además de cesar a Rodríguez Sobrino en el momento en que se recopilaron los indicios, el equipo de la presidenta regional entregó a la Fiscalía parte de la documentación de la que nació esta investigación. Tras detectar "anomalías" en las filiales del Canal de Isabel II en Iberoamérica, se pusieron en contacto con la Justicia. Informaron de que, Rafael Prieto, el nuevo director gerente del Canal de Isabel II, estaba haciendo un análisis sobre la compra de Emissao en relación al precio, los plazos y las fórmulas de pago.
En declaraciones a los medios de comunicación previas a su declaración judicial, Cifuentes ha sostenido que "es un asunto que está investigando la UCO, está bajo secreto de sumario y no voy a hacer más declaraciones. Estamos colaborando absolutamente con la Justicia, en su momento remitimos a la Fiscalía la información y desde entonces nuestra colaboración es absoluta. Todo lo que nos pida el juez lo haremos, nosotros vamos a respetar el secreto de sumario. Nosotros somos los primeros interesados en que en los asuntos de corrupción se llegue hasta el final".
Ha tenido la oportunidad este mismo miércoles. Eloy Velasco ha citado como testigos a cinco personas. Ha recogido los relatos de la propia presidenta de la Comunidad; del consejero de Presidencia Ángel Garrido; de la jefa de gabinete de la presidencia Marisa González; del antes mencionado presidente del Canal de Isabel II Rafael Prieto; y del presidente del grupo Atresmedia y de Planeta, José Crehueras.
Aventuras en Angola
Mercasa es efectivamente el punto de conexión entre la Operación Lezo y otra que ha desplegado este miércoles el juez José de la Mata. Agentes de la Guardia Civil han irrumpido en la sede de dicha empresa pública en Madrid, encargada de la gestión de los mercados de abastecimiento de las ciudades españolas, como Mercamadrid, Mercabarna o Mercasevilla. Las indagaciones apuntan a que, una serie de personas entre las que podría figurar Pablo González, firmaron un contrato para montar un mercado mayorista del mismo tipo en Luanda, capital de Angola. Según fuentes jurídicas, dicho contrato con las autoridades angoleña por más de 500 millones de dólares generó sobreprecios para pagar comisiones.
Esta pieza congrega a una decena de imputados por presuntos delitos de corrupción en los negocios, cohecho, blanqueo y organización criminal. No hay detenidos, solo registros. Mercasa, después consorcio Mercasa Incatema, está participada al 51% por la SEPI –la pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales–. Ha mantenido relaciones profesionales con Guillherme Taveira, un prófugo de la Justicia española que habría actuado como intermediario en los negocios con Angola, también en la exportación de armamento. Allí se firmó en 2006 un contrato para la construcción del mercado con un presupuesto de 218,9 millones de dólares.