El Gobierno de la Generalidad se compromete a "convocar, organizar y celebrar el referéndum de autodeterminación". A tal efecto ha elaborado un manifiesto en el que se afirma que "todos los presidentes de la Generalidad del siglo XX fueron represaliados por el Estado", lo que incluye a Jordi Pujol, y que "el asesinato de Companys es el paradigma de hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado". En el texto, el ejecutivo regional apela también a la "inmensa mayoría" del pueblo de Cataluña para hacer posible la consulta.
El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, ha presidido el acto de unidad celebrado a las diez de la mañana en el Patio de los Naranjos de la sede de la institución autonómica con la presencia de todos los consejeros y más de un centenar de altos cargos. Se trataba de pasar página de las fuertes discrepancias internas entre el PDeCAT (la vieja Convergencia) y ERC a cuenta de la negativa del vicepresidente Oriol Junqueras a firmar la orden para comprar las urnas y la filtración de una conversación en la que el número dos convergente, el diputado David Bonvehí admitía la posibilidad de que el referéndum no se llevase a cabo, supuesto en el que, dijo, su partido nombraría un candidato "autonomista".
En el partido de Mas y Puigdemont se acusa a ERC de estar detrás de la grabación y difusión de la reunión que mantuvo Bonvehí con alcaldes y cargos locales en la que contemplaba la hipótesis de retornar a la casilla de salida. Las desavenencias son constantes, de ahí un acto conjunto con un manifiesto que pretende tener más carga simbólica que jurídica, según sus propios patrocinadores, para esquivar el riesgo de inhabilitación.
Tras la lectura del texto, los consejeros han firmado el documento y han tomado la palabra Junqueras y Puigdemont. El primero ha aludido a los no catalanes con unas palabras prestadas de Paco Candel en las que se afirma que "Cataluña contagia a los inmigrantes un amor inmenso por la libertad". También ha vinculado el "ascensor social" al proceso separatista.
Puigdemont ha apelado a la "inmensa mayoría" que quiere el referéndum para la convocatoria y organización del referéndum porque la Generalidad "sólo es el instrumento". "El referéndum –añadió– no lo vamos a hacer a cuatro manos en el Govern sino que es el reflejo de un mandato democrático de la ciudadanía" y un empeño "colectivo".
En el texto suscrito por todos los consejeros no se fija ni la fecha ni la pregunta del referéndum, tal como exigía la CUP, sino que se limita a desacreditar al Estado y denunciar la "vía judicial" con mención especial a las inhabilitaciones de Artur Mas y de Francesc Homs.
El manifiesto, que Puigdemont ha colgado en su cuenta de Twitter, ha sido trabajado en las últimas horas por el propio "president" y Junqueras, sin la intervención de otros miembros del ejecutivo o del grupo parlamentario conjunto. Se trata de una mera declaración de intenciones con la que se zanjan, en teoría, dos semanas de tensión y enfrentamientos entre convergentes y republicanos, pero que no resuelve los problemas de fondo. La monitorización de la Fiscalía sobre las actividades administrativas de la Generalidad y el desestimiento de algunos proveedores dificultan sobremanera la organización de la consulta. A fin de mantener la tensión, tanto Puigdemont como Junqueras han renovado un "compromiso" para el que piden la colaboración de la sociedad y tras la que se escudan sobre la base del teórico mandato que habrían recibido de las urnas el 27 de septiembre de 2015, cuando las candidaturas separatistas obtuvieron la mayoría en escaños, pero no en votos.