El PP ha presentado una segunda recusación contra el magistrado de la Audiencia de Sevilla, Pedro Izquierdo, al que la propia Audiencia, y esta vez sin mediación de sorteo sino por el método del reparto, ha asignado también la ponencia en el tribunal que va a decidir si lo que se conoce como "pieza política" del fraude de la formación debe ser o no archivado.
Esta vez el PP ha manifestado, oficialmente, que son demasiadas casualidades. Téngase en cuenta que la Sección Primera de la Audiencia, que preside Izquierdo, fue designada por sorteo responsable del tribunal para juzgar la pieza política de los ERE, con Manuel Chaves y José Griñán como principales acusados.
Luego, por sorteo interno sin público, recayó sobre el mismo Pedro Izquierdo la responsabilidad de la ponencia del caso. Ahora, por el sistema de reparto, recae otra vez en Izquierdo la ponencia que deberá proponer en el Tribunal del que formará parte si el caso de la trama política del caso de la formación debe ser archivado o no.
Recuérdese que Pedro Izquierdo fue secretario general de Justicia de la Junta de Andalucía entre 2008 y 2014 nombrado sucesivamente por los gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Y no se olvide que, tras dejar la Junta, se incorporó de nuevo a sus tareas de magistrado en la Audiencia de Sevilla precisamente cuando los grandes procedimientos de corrupción comenzaban a estar listos para la celebración de sus juicios correspondientes o en fases decisivas de instrucción.
Polvorín político-judicial
La primera recusación de que fue objeto el magistrado Izquierdo tuvo lugar cuando un sorteo extraordinario de la Audiencia le supuso presidir el tribunal que iba a juzgar a los ex presidentes Chaves y Griñán, a seis de sus ex consejeros y 14 ex altos cargos de la Junta por la pieza política de los ERE. Tanto el PP como Manos Limpias consideraron que Izquierdo no era el magistrado adecuado para casos de los que podía haber tenido conocimiento y, tal vez, participación.
Lo que debería haber sido un sencillo caso de renuncia de un magistrado que había sido ex alto cargo de la Junta se está convirtiendo en un polvorín político-judicial. Dado que el interesado no ha tomado la decisión de apartarse de casos que, como es obvio, podrían aportarle la apariencia, cuando menos, o sospecha de parcialidad, las acusaciones, singularmente el PP, empieza a hablar de coincidencias sospechosas.
Por tanto, decisiones judiciales trascendentes de dos de los más importantes casos de corrupción ocurridos en España y en Andalucía, el caso ERE y el caso del fraude de los cursos de formación, podrían estar en manos de este ex alto cargo de la Junta de Andalucía que ahora preside una de las salas de la Audiencia Provincial de Sevilla.
En el caso de los ERE, la pieza política acusa formalmente a Manuel Chaves, José Antonio Griñán y 20 ex altos cargos socialistas más de la Junta de Andalucía de prevaricación en todos los casos y malversación en bastantes de ellos. En el caso de la formación, lo que se decide es si la pieza "política", semejante a la establecida en el caso ERE, debe ser archivada o no como ha solicitado la juez Núñez Bolaños.
Pues bien, ambas decisiones –la que afecta a la culpabilidad o la inocencia de la Junta de Andalucía y a sus principales dirigentes y responsables en estos dos casos–, podrían ser influidas por el magistrado Izquierdo de no prosperar su recusación.
"Todos los juicios" para "un único juez"
Toni Martín, responsable de Comunicación del PP andaluz lo expresó ayer con claridad y recogió ABC: "Podría parecer" que el PSOE y la presidenta andaluza, Susana Díaz, están intentando que en la comunidad "todos los juicios que tienen que ver con corrupción, con el PSOE y con la Junta, pasen por la decisión de un único juez", en referencia expresa a Pedro Izquierdo.
Por si fuera poco, Martín, en un estudiado memorial, dijo que Izquierdo había tomado ya "decisiones importantes" en siete asuntos de corrupción que afectaban al PSOE. A ellos se sumaría, de prosperar el intento, el caso de los cursos de formación y el de los avales. Según Martín, estas circunstancias no pueden ser casuales.
En concreto se ha referido a la del "entramado empresarial" del ex número 2 del PSOE-A Rafael Velasco, del exconsejero Ángel Ojeda o del empresario José María Pérez. También lo ha hecho en el caso de la Fundación Andaluza del Fondo de Formación para el Empleo(FAFFE), el de los avales irregulares o el de Formades, un consorcio formativo de Almonte (Huelva).
Resulta sorprendente que la Audiencia Provincial de Sevilla, que escenificó todo un sorteo entre las secciones de la Audiencia para determinar cuál de ellas debía constituir el Tribunal que juzgase el caso de la trama política de los ERE, haya optado ahora, en el caso de la formación, por el sistema de reparto del que siempre se ha sospechado que podría ser manipulable, razón por la cual se decidió por el sorteo en el caso ERE.
La batalla por el archivo de la "pieza política" del caso de la formación, que presumía delitos de malversación y prevaricación en otros 24 ex altos cargos de la Junta, ha sido crucial. Fue la juez Núñez Bolaños la que archivó la causa con el aval de la Fiscalía Anticorrupción. Es más, acusó al PP de estar "enmarañando" la instrucción.. Pero el PP siguió interponiendo recursos hasta llegar al punto que debe ser un Tribunal de la Audiencia el que decida si se archiva o no. Y es precisamente el magistrado Izquierdo el ponente de este tribunal en la causa de la formación.