El Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña publica este martes el anuncio por el que se hace pública la licitación de un "Acuerdo marco" para "el suministro de urnas en las elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana, en el marco de la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general (LOREG); la disposición transitoria segunda del Estatuto de autonomía de Cataluña de 2006; la Ley 4/2010, de 17 de marzo, de consultas populares por vía de referéndum; la Ley 10/2014, de 26 de septiembre, de consultas populares no referendarias y otras formas de participación ciudadana" además de "otras modalidades de referéndum".
En el primer lote pide urnas "electorales transparentes" y en un segundo lote pide "urnas de cartón", por valor estimado de 184.000 y de 16.000 euros, respectivamente, lo que suma un importe total de 200.000 euros. De este modo, el gobierno de Puigdemont pisa el acelerador en su desafío separatista.
El anuncio publicado en el Diari Oficial de la Generalitat no lleva la firma de la consejera del departamento de Gobernación, Meritxell Borràs, sino la del secretario general, Francesc Esteve Balagué, lo que es una práctica habitual en este tipo de comunicaciones. No obstante, la cuestión de las firmas provocó un encontronazo entre la consejera Borràs y el vicepresidente Oriol Junqueras, quien en condición de coordinador del referéndum se negó a dar la orden de compra de las urnas por escrito a Gobernación.
La publicación se produce un día después de que los servicios jurídicos del Parlament enviaran al Tribunal Constitucional un recurso contra la suspensión cautelar de las disposiciones de los presupuestos autonómicos sobre el referéndum. Según los letrados de la cámara autonómica, la disposición impugnada no prevé una dotación económica para la celebración de una consulta de la que afirman que podría quedar en un "brindis al sol".
En contra de la tesis del recurso opera el hecho de que tanto Puigdemont como el vicepresidente de la Generalidad, Oriol Junqueras, se hayan jactado en público de que el anuncio para comprar urnas es el primer paso de los compromisos suscritos en el manifiesto conjunto del gobierno regional en el que se juramentaban para "organizar, convocar y celebrar un referéndum", así como para aplicar sus resultados.
A pesar de la vigilancia de la Fiscalía, de la magra asistencia al "rodea el TSJC" en apoyo de Carme Forcadell, de las divisiones internas en el seno del "Govern" y del grupo parlamentario "Junts pel Sí" y de las diferentes estrategias, los principales dirigentes de los partidos separatistas y los miembros del ejecutivo autonómico reafirman en todas sus comparecencias que el referéndum se llevará a cabo aunque no se cumplan ninguna de las condiciones que la propia Generalidad se había marcado: apoyo y reconocimiento internacional, garantías legales y "ensanchamiento de la base soberanista".
Aviso a los proveedores
La Fiscalía ha advertido a los proveedores de la administración autonómica de que podrían incurrir en delito si colaboran en la organización del referéndum, por lo que no se descarta la posibilidad de que ninguna empresa se presente al concurso. Eso a pesar de que el anuncio especifica que las urnas se utilizarían "en las elecciones al Parlamento de Cataluña, consultas populares y otras formas de participación ciudadana", sin que aparezca la palabra referéndum en el texto.
Los abanderados del proceso no descuidan la seguridad jurídica en ninguno de sus pasos de cara a una futura estrategia de defensa ante los tribunales. De ahí la pulcritud documental en sus disposiciones.