Los diputados de la CUP se han erigido en los vigilantes del proceso y no dudan en utilizar sus diez votos en el Parlament, necesarios para que los separatistas sumen mayoría absoluta, para marcar pautas y controlar el cumplimiento de lo que llaman "hoja de ruta". La fiscalización de la CUP es muy estrecha, hasta el punto de tener constancia de los pasos que da el Govern en la organización del referéndum ilegal previsto para el 1 de octubre.
De ello ha dejado constancia el diputado Benet Salellas en declaraciones a Europa Press: "Nos han dicho que tienen un censo y también nos han dicho de dónde sale, lo que pasa es que no lo haré público. Es dramático, pero es así". Salellas ha añadido que es gracias a la información que han recibido en la CUP por lo que el ejecutivo "existe a día de hoy". En cuanto a las urnas, ha comentado que supone que la Generalidad ya dispone de ellas aunque no se les ha comunicado nada concreto.
Los partidos y entidades separatistas han presentado este jueves la campaña por el Sí que comenzará el próximo 15 de septiembre, una vez convocado el referéndum. ERC, PDeCAT, la CUP, Òmnium Cultural, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y la Associació de Municipis per la Independència (AMI) organizarán al menos tres actos conjuntos que pretenden multitudinarios tras el Onze de Setembre.
La ley de transitoriedad
Pese a la aparente unidad, de nuevo la CUP intenta marcar la agenda parlamentaria y ya ha advertido de que si Junts pel Sí se niega a presentar la ley de transitoriedad antes del 1-O, lo harán ellos. En la coalición gubernativa hay división al respecto. Tal ley es la que regula los pasos a seguir tras el referéndum y determina aspectos como la adquisición de la nacionalidad catalana, el idioma oficial, el traspaso de activos del Estado y la asimilación de jueces y de los cuerpos funcionariales del Estado, así como los requisitos que deberán cumplir para poder permanecer en Cataluña.
Según el PDeCAT, no se puede aprobar la ley sin haber celebrado y ganado antes el referéndum. En ERC hay división de opiniones y la CUP sostiene que conviene que los catalanes sepan con antelación qué supondría una victoria de los separatistas. También consideran que dar publicidad a la ley fomentaría la participación e impediría considerar el 1-O como una reedición del 9-N.