Guerra de posiciones. Convergencia y Esquerra han decidido no tramitar la ley del referéndum. Contra la costumbre, la Mesa del Parlament elude admitir la norma para evitar la inmediata reacción del Gobierno, un recurso al Tribunal Constitucional que suspendería cautelarmente la ley y su consiguiente tramitación. Los principales dirigentes de Junts pel Sí y el Govern muestran una cierta prudencia y guardan un mutismo absoluto respecto a sus intenciones parlamentarias.
Al órgano rector de la cámara regional y a los grupos parlamentarios separatistas le asisten varias posibilidades para dar curso a la ley. El calendario corre, sólo faltan 45 días para el referéndum del 1-O, pero el separatismo gana tiempo con el propósito de aprobar la ley del referéndum en el pleno de los próximos 6 y 7 de septiembre. Una simple modificación del orden del día por parte de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, permitiría someter la ley a votación a propuesta del Govern, no de los partidos. La réplica del Gobierno no podría impedir que la ley apareciera publicada en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) y facultara el inmediato decreto de convocatoria del referéndum de autodeterminación.
Al menos durante un par de días la ley estaría en vigor, según la estrategia separatista, lo que otorgaría no sólo legitimidad sino una pátina de legalidad al referéndum, alegan. Más consistente resulta la predicción de que la respuesta del Estado servirá para movilizar a las bases en las horas previas a la manifestación de la Diada.
Notificación del TSJC
Los miembros de la Mesa del Parlament han recibido notificación, vía Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de la resolución del Tribunal Constitucional que suspende la reforma del reglamento. El TC, que también se reúne este miércoles a remolque del calendario separatista, rechazará con toda seguridad el recurso de súplica de la Generalidad sobre dicho reglamento, lo que aboca a que sea el Govern y no los grupos quien presente la norma.
En cualquier caso, varios consejeros de la Generalidad han declarado que no se acatarán las órdenes del Tribunal Constitucional y que la tramitación de la ley del referéndum se llevará a cabo bajo amparo de la "legalidad internacional". Respecto a la notificación de la suspensión del reglamento, Forcadell ha asegurado que el procedimiento de lectura única en la aprobación de leyes es un instrumento del que disponen todas las cámaras autonómicas y el Congreso.
Desconcierto, según el Gobierno
Fuentes del gobierno consideran que el retraso en la calificación de la ley de desconexión por parte de la mesa del Parlament es la prueba del desconcierto que se vive en el seno de los independentistas. Un retraso que tal y como señalan las mismas fuentes, se une al hecho de que la Presidenta de la cámara se haya negado a firmar el texto de la ley.
Para el Gobierno "el proceso independentista vive una situación de absoluto desconcierto causada por la pérdida de apoyos populares, la radicalización, la purga de cualquier voz moderada, y el intento de escapar de sus responsabilidades" por parte de los máximos dirigentes secesionistas.