El presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont, y el vicepresidente Oriol Junqueras presumían de que todo estaba preparado para el referéndum y prueba de ello es que los alcaldes catalanes ya han recibido por escrito la orden de poner los locales electorales a disposición de la "administración electoral de la Generalidad de Cataluña".
Tras una introducción en la que se les notifica la aprobación de la ley del referéndum y el decreto de convocatoria, Puigdemont y Junqueras apelan a la dicha para ley para advertir: "El artículo 3.2 de la ley 19/2017, de 6 de septiembre, del referéndum de autodeterminación establece un régimen jurídico excepcional dirigido a regular y garantizar el referéndum de autodeterminación de Cataluña. Asimismo, de acuerdo con el artículo 29.2 de la misma ley, los ayuntamientos ponen a disposición de la administración electoral del Gobierno de la Generalidad los locales de su titularidad que se utilizan habitualmente como centros de votación. La administración electoral del Gobierno de la Generalidad puede determinar locales alternativos para hacer efectivo el derecho de voto de los electores".
Por si algún munícipe alberga dudas, los abajo firmantes Puigdemont y Junqueras remachan: "Es por todo esto que nos dirigimos a usted con el objetivo de comunicarle que esta administración electoral del Gobierno de la Generalidad contará con los locales que se utilizan habitualmente en su municipio como centros de votación y que fueron usados en las elecciones al Parlamento de Cataluña celebradas el pasado 27 de septiembre de 2015".
Bajo la todavía vigente "legalidad" del "Parlament", los alcaldes, quieran o no, muestren sus dudas, como Colau, o estén decididos a colaborar con entusiasmo, deben imperativamente atender cualquier requerimiento de la "administración electoral" de la Generalidad. También se les indica una dirección de correo electrónico, coordinacio.locals@gencat.cat, para que indiquen la relación de centros electorales.
Moncloa contraataca con otra carta
El Gobierno ha contestado con otra carta, enviada también a secretarios e interventores de los ayuntamientos catalanes, para que éstos desoigan la petición de la Generalidad. En la carta, el Gobierno reitera a las entidades locales que el Alto Tribunal de Cataluña ha prohibido "expresamente la continuación del denominado proceso constituyente en Cataluña y de cualquier acto preparatorio de dicho referéndum".
Por ello, el secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, pide a las entidades locales que se respete el marco constitucional y estatutario y los pronunciamientos del Tribunal Constitucional, "lo que obliga a desatender" la exigencia de la Generalidad "por atentar precisamente contra esa legalidad y los dictados del Alto Tribunal".
La misiva tiene como fecha este jueves 7 de septiembre, y viene firmada por el propio Bermúdez de Castro, quien aprovecha para trasladar el apoyo del Gobierno a la labor de estos funcionarios estatales, dependientes del Gobierno central y no de la administración autonómica y local.