El gobierno catalán dice que la decisión del Gobierno de asumir el control de los gastos de los servicios básicos en Cataluña supone que el Ejecutivo "ha aplicado el artículo 155 de la Constitución por la puerta de atrás", y ha anunciado una "batalla jurídica" en el Estado y en la UE contra esta medida.
La respuesta ha llegado de un miembro de segunda fila del gobierno catalán: el secretario de Economía, Pere Aragonès, se ha referido así al mecanismo de control de pagos aprobado por el Consejo de Ministros después de que la Generalidad se negara a seguir facilitando al Gobierno un control semanal de sus gastos.
Ahora sí importa la legalidad
La Generalidad entiende que la decisión adoptada por el Gobierno es "ilegal", porque no tiene "amparo legal", dado que el Gobierno central usa la ley de estabilidad presupuestaria para aplicar "por la puerta de atrás el artículo 155 de la Constitución".
Aragonès ha asegurado que no pueden aún aventurar las consecuencias de este acuerdo, porque todavía no dispone de su literalidad, pero ha acusado al Ejecutivo central de "saltarse su ley para intentar parar la democracia". El alto cargo ha culpado también al Gobierno de "poner en riesgo el funcionamiento de los servicios públicos en Cataluña".
La Generalidad entiende que el Gobierno hace referencia en su acuerdo al pago de servicios como la educación, la sanidad, los servicios sociales o las nóminas, pero Aragonès se ha preguntado "dónde queda el gasto en seguridad, en justicia, en prisiones, en servicios de emergencia como bomberos o en el mantenimiento de infraestructuras", y ha censurado la "profunda irresponsabilidad" del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Con todo, Aragonès no ha aclarado si el gobierno catalán acatará o no la exigencia del Gobierno de que en 48 horas adopte un acuerdo de no disponibilidad de aquellos gastos de carácter no esencial. Además, entiende que el Gobierno "se salta" incluso la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y también ha acusado al Gobierno de "secuestrar los impuestos de los catalanes" y de pretender "paralizar la economía catalana" con decisiones de este tipo.
Con todo, Aragonès ha garantizado que este mes la Generalidad se hará cargo del abono de las nóminas de los funcionarios catalanes, y que se atenderán todos los pagos previstos.
El ejecutivo catalán considera que el Gobierno central está usando la ley de estabilidad presupuestaria "con fraude de ley" para "ir contra la democracia", y de ahí que anuncie también medidas en el ámbito de la UE, si bien Aragonès no ha entrado en detalles. En España, podrían recurrir este acuerdo del Consejo de Ministros ante el Supremo, que es el órgano judicial competente en estos casos.
Aragonès también cree que no tienen base legal las órdenes dadas a entidades financieras, dado que "esto solo lo puede hacer un juez".