El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha asegurado este lunes que resulta "de lo más obvio" que los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen que coordinarse para actuar ante el referéndum ilegal del 1 de octubre y asegura que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, si no lo cumple con las órdenes que ha recibido para esa coordinación.
En una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press, Maza ha explicado que "es fácil de entender que el 1-O tiene que estar preparado algún plan ante la eventualidad de que pueda haber una existencia de urnas" y para ello "es de lo más obvio que tiene que haber un plan coordinado" y "si el señor Trapero no quiere cumplir esto, que es un mandato legal, tendrá consecuencias legales", ha señalado.
En este sentido, el fiscal recordado que la legalidad ampara en distintos supuestos que sean los jefes de las fuerzas de ámbito nacional quienes se ocupen de la organización de la actuación conjunta: "La otra opción es que cada uno actúe por libre", ha ironizado y ha añadido que confía en que Trapero sea "razonable".
Así, a preguntas por la causa que ha llevado a coordinar la actuación de los distintos cuerpos, Maza se ha mostrado firme: "La ley no permite elegir, está contemplado lo que he dicho, entonces no es consecuencia, ni mucho menos, de la actitud de los Mossos, sino de la ley", ha sentenciado.
"Llegamos hasta donde podemos"
Por otro lado, el fiscal general se ha justificado ante una supuesta escasa actuación durante los altercados en Barcelona, alegando que las "cuestiones de orden público corresponden a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" y está en su mano decidir sobre la cantidad de agentes o las medidas de seguridad que se tienen que enviar en cada ocasión.
Asimismo ha llamado a mirar "con objetividad" las medidas que está poniendo en marcha el Gobierno, negando que se les hayan ido "de las manos": "No puede considerarse desproporcional, al revés, estamos esforzándonos por no ir más allá de lo que la ley nos permite", ha asegurado.
Por último, ha afirmado que "se puede discrepar y cambiar las normas, pero por medios legales", mientras reconocía que los artículos del Código Penal que se están utilizando son "antiguos" pero "en sustancia totalmente oficiales".