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La Fiscalía ordena a los Mossos precintar los colegios del 1-O

La policía autonómica identifica a los responsables de los institutos y el Govern replica con el envío de citaciones para las mesas electorales.

La policía autonómica identifica a los responsables de los institutos y el Govern replica con el envío de citaciones para las mesas electorales.
Mossos, en una imagen de archivo | EFE

Las instrucciones del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), José María Romero de Tejada, son meridianas. Los Mossos son el cuerpo encargado de impedir la celebración del referéndum. La Generalidad tiene todas las competencias relativas a la seguridad ciudadana y el orden constitucional en Cataluña. La policía autonómica es responsable de todo cuanto ocurra en los límites administrativos de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Así es que deberán ser agentes de los Mossos quienes impidan que ningún centro educativo o cívico públicos, sea de la Generalidad o de un ayuntamiento, se utilice para la celebración del referéndum independentista del próximo domingo.

A mayor abundamiento, la instrucción precisa que en el caso de espacios amplios y multidisciplinarios anejos a los colegios o inclusos en ellos (piscinas, polideportivos, centros sociales, campos de fútbol o centros de recogida selectiva de residuos domésticos) los Mossos deberán impedir su utilización como colegios electorales alternativos. Y por si la dirección política del cuerpo policial tiene alguna clase de duda sobre el contenido de la instrucción, el fiscal fija un perímetro de seguridad. Los Mossos serán responsables también de lo que ocurra en materia referendaria a cien metros, en todas las direcciones, de los centros designados como colegios electorales por la Generalidad.

Los Mossos son los últimos responsables del control de los edificios de los colegios electorales los días 30 de septiembre y 1 de octubre, según la instrucción fiscal. Si la CUP pretende tomar los institutos el viernes, se las tendrá que ver en teoría con efectivos de los Mossos d'Esquadra. Guardia Civil y Policía Nacional serán fuerzas de apoyo, pero en ningún caso deberán retirar urnas. Tal función corresponderá a los Mossos, que podrán requerir la ayuda de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado si se ven desbordados por los tumultos.

La consejería de Interior ha deslizado que el mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, se dignará a comparecer en la reunión convocada para este miércoles por el fiscal Romero de Tejada con el "mando único" del dispositivo anti-referéndum, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, y los superiores operativos de la Benemérita y la Policía Nacional en Cataluña, así como de la Guardia Urbana de Barcelona en representación de las policías municipales catalanas. Tras haber delegado en el comisario superior de coordinación territorial de los Mossos, Ferran López, la asistencia de las reuniones de la Fiscalía del TSJC, Trapero ha dado marcha atrás en su negativa a participar en las "cumbres" policiales, lo que no garantiza que vaya a abandonar su actitud renuente y "reivindicativa". Hasta ahora, el mayor se ha ceñido al guión de la Generalidad y su última iniciativa ha sido la de remitir una nota a la Fiscalía en la que insiste en que sea la Junta de Seguridad de Cataluña, presidida a título estatutario por el presidente de la Generalidad, quien asuma el control del orden público.

La retórica de los líderes separatistas contrasta con la aparente aceptación por parte de la dirección de los Mossos de las órdenes de la Fiscalía. Este martes, agentes uniformados de ese cuerpo se han personado en numerosos institutos para identificar a sus responsables, preguntarles si habían recibido instrucciones de la Generalidad o de cualquier otro agente respecto al 1 de octubre y advertirles de las consecuencias penales de colaborar en la organización de una votación inconstitucional. Constan pruebas documentales del cumplimiento de los Mossos de las órdenes de la Fiscalía. La versión separatista es que "hacen lo que tienen que hacer". El diputado de la CUP Benet Salellas se mostró confiado el lunes en TV3 de que los agentes de la policía autonómica, así como el resto de funcionarios de la Generalidad y de las administraciones locales, estarán "a la altura", es decir, que no obedecerán las órdenes fiscales y las resoluciones del Tribunal Constitucional.

La situación no parece la más propicia para que el separatismo celebre su referéndum. Las urnas son el único elemento que falta por aparecer. Los dirigentes del golpe de Estado se jactan de que todo está preparado y presumen de que la Guardia Civil no ha conseguido "aprehenderlas". En principio, la Generalidad pretende utilizar las mismas urnas de las elecciones generales, autonómicas y municipales, que cada ayuntamiento tiene en custodia en dependencias de su titularidad. Pudiera ocurrir que como en el 9-N, la Generalidad dispusiera de otros receptáculos. En aquella ocasión fueron presos del penal de Lérida (las cárceles en Cataluña dependen de la Generalidad) quienes confeccionaron las urnas de cartón.

Guerra de propaganda

Marta Rovira, dirigente de ERC y portavoz del grupo parlamentario de Juntos por el Sí, ha asegurado este martes que el Gobierno de la Generalidad ha empezado a enviar las notificaciones a los presidentes y vocales de mesa designados por sorteo para el referéndum del 1 de octubre. El portavoz del ejecutivo autonómico, Jordi Turull, ha insistido por su parte en que la consulta se llevará a cabo con un máximo de garantías y respecto al envío ha afirmado: "Estamos en ello".

"El estado de excepción y de sitio decretado por el Gobierno nos impide dar más detalles, pero el referéndum se hará y si gana el 'no' se convocarán elecciones autonómicas y si gana el 'sí' se proclamará la república", declaró en la rueda de prensa posterior a la reunión del consejo ejecutivo. Ha dicho también que no se recurrirá a voluntarios, aunque la Asamblea Nacional Catalana (ANC) dispone de 45.000 voluntarios, insuficientes para completar todas las mesas previstas, pero suficientes para sostener, como en el 9-N, el despliegue de la Generalidad.

Como se recordará, la Guardia Civil requisó en la empresa Unipost las más de cincuenta mil cartas con las notificaciones para formar las mesas. Según la versión que pretenden extender los dirigentes independentistas, existen planes de contingencia para celebrar con total "total normalidad" el referéndum.

"España es Corea del Norte"

Turull ha comparado España con Corea del Norte por el cierre de páginas web, ha insistido en la imagen de la "represión por tierra, mar y aire", se ha referido al barco del "chiquipark", ha censurado las despedidas con aplausos a los agentes que son enviados a Cataluña, ha descrito los recursos presentados para evitar que la policía autonómico actúe bajo la coordinación de la Guardia Civil. También ha asegurado que el Gobierno pone en riesgo a la población española al mandar a todos los policías disponibles, según él, para impedir el referéndum.

Contradicción

El papel de los Mossos, según Turull, "será el que tiene que ser". A ese mantra se ciñó Turull, que evitó valorar que agentes del cuerpo estén ya identificado a los responsables de institutos y escuelas en cumplimiento de las instrucciones de la Fiscalía. Así pues, el bloque separatista se jacta de que continúa los preparativos, evita dar detalles a causa del "estado de excepción", pero los Mossos actúan a las órdenes del fiscal en contra del referéndum de sus jefes políticos.

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