Un paseo por la Audiencia Nacional. Amable, además, con la arenga de los suyos; que han sido este viernes los convergentes del PDeCat, ERC, Bildu y Podemos en su filial catalana En Común. La imputación por sedición se traduce en libertad sin medidas. Vitoreados por cómplices del separatismo y llamados "traidores" por viandantes de la calle Génova; el Mayor de los Mossos, su número dos y los líderes del movimiento contra las leyes de España en las calles han comparecido y han vuelto a casa.
La intendenta ni siquiera se ha expuesto a la fotografía. Teresa Laplana ha alegado motivos de salud para disfrutar del privilegio que se le denegó a Mariano Rajoy: declarar por videoconferencia. Fiel a su personaje esotérico, Josep Lluís Trapero, el más madrugador, se ha presentado ante la juez Carmen Lamela y la Fiscalía con el uniforme oficial de los Mossos y escoltado por dos agentes de su cuerpo. Aquello del todos iguales a los ojos de la Ley no lo ha sido en apariencia –vista la vestimenta– y, a juzgar por las consecuencias últimas, tampoco en la realidad práctica, puesto que las especulaciones sobre prisión provisional se han quedado solo en eso.
En alrededor de una hora, Trapero ha convencido a sus interlocutores de que los Mossos han actuado de acuerdo con las órdenes de los jueces y la Fiscalía. Que atendió a las llamadas para prestar auxilio a la Guardia Civil y a la Policía los 20 y 21 de septiembre que lo mantienen imputado, cuando una multitud agitada por las entidades rupturistas increparon a las Fuerzas de Seguridad para evitar las detenciones de 14 altos cargos del Gobierno de Cataluña que preparaban el referéndum ilegal del 1-O.
Han clausurado el desfile los presidentes de Omnium Cultural y la ANC –"Asamblea Nacional Catalana" –. Jordi Cuixart se ha amparado en el derecho que le otorgan las leyes que no reconoce para no declarar; mientras que Jordi Sánchez ha contestado únicamente a preguntas de su defensa. Textualmente, ha "dejado constancia del sentimiento de una parte de la sociedad catalana". Según ha explicado a los medios, las protestas fueron pacíficas y "en ningún momento la voluntad era alterar el orden constitutivo de España, sino protestar por las actuaciones oscuras del Juzgado 13 de Barcelona". Los ‘Jordis’, también se han ido.
La Fiscalía, al paso
Aunque no acostumbra el Ministerio Público a la transparencia, hoy sí ha desvelado el porqué de su decisión. Movido probablemente por el clamor público, ha difundido una nota donde excusa la no petición de cautelares:
"La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recibido esta misma mañana un nuevo atestado policial que puede resultar trascedente para determinar en toda su dimensión el alcance de la imputación a los cuatro investigados. Plenamente comprometida con la defensa de la legalidad, considera que la decisión sobre la adopción de medidas cautelares debe realizarse, en su caso, valorando todo el material obrante en las actuaciones y con todas las garantías para los acusados. Por ello, ha solicitado a la magistrada instructora que fije una nueva fecha a la mayor brevedad posible para continuar las declaraciones, tras las que solicitará, en su caso, la celebración de la comparecencia de medidas cautelares".
"La Fiscalía velará porque en la nueva citación se aperciba a los investigados de que, en caso de no comparecer el día y hora señalados sin causa justificada, serán conducidos por la fuerza pública".
El Estado "autoritario y opresor"
Los separatistas han aprovechado el despliegue escénico para filtrar sus consignas. Recibían a los presuntos sediciosos agitando papeletas y han clamado contra las "perversiones" de España, el "Estado autoritario y opresor", según ellos. Pese a que los agentes de seguridad de la Audiencia Nacional han ampliado el cordón habitual, una larga fila de políticos ha arropado a los comparecientes: los diputados del PDeCat Carles Campuzano, Míriam Nogueras y Lourdes Ciuró junto con los senadores Josep Lluís Cleries y Beth Abad; los diputados de ERC Tesera Jordá y de En Comú Podem Marcelo Expósito; y el senador de Bildu Jon Iñarritu.
Con todo y con eso, Campuzano se ha quejado: "No les podemos acompañar hasta la puerta, nos dejan detrás de las vallas. Creemos que están vulnerando nuestros derechos como diputados" –los configurados en las leyes que no reconocen–. "Nos quejamos de no haber tenido el mismo trato que en el Tribunal Supremo", cuando elevaron a Francesc Homs a la categoría de héroe/mártir en su declaración como imputado por desobediencia y prevaricación relativa a la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014.
En el horizonte, el segundo asalto de esta comparecencia que la juez Lamela fijará la próxima semana. Trapero aportará informes sobre la actuación de los Mossos que rebatan –o lo intenten– los indicios de los nuevos atestados policiales con una "información voluminosa" de más de 300 páginas sobre los hechos posteriores al 20 de septiembre. Estará defendido otra vez por un abogado de los servicios jurídicos del Departamento de Interior. Veremos si le dan más trabajo.