El Ejecutivo defendió que la Justicia actúa de forma independiente como en cualquier Estado de derecho y, en este sentido, se revolvió contra las acusaciones de "presos políticos" después de que la Audiencia Nacional decretara orden de prisión para Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. En paralelo, el PP envió un argumentario interno a sus diputados para contrarrestar la ofensiva de Carles Puigdemont y sus socios. "No se detiene a nadie por hacer política ni por ser independentista sino por cometer delitos", se puede leer en el documento. "No estamos ante un conflicto entre Cataluña y España. El único conflicto que existe es entre legalidad e ilegalidad".
Ya a primera hora de la mañana, Rafael Catalá fue rotundo en un desayuno informativo. "La prisión para Sánchez y Cuixart es consecuencia de la posible acreditación de su participación en unos hechos que podrían constituir un delito de sedición", en palabras del titular de Justicia. "No son presos políticos, son políticos presos, que no es lo mismo", subrayó. En un acto con la Policía en el Congreso, Juan Ignacio Zoido se pronunció en términos parecidos: "Nadie está preso en España por pensar de una forma u otra". Y pidió a los actores políticos "respetar" las resoluciones judiciales "se compartan o no".
Desde el PP, Fernando Martínez-Maillo y Rafael Hernando se sumaron al coro de voces para reforzar el mensaje del Gobierno. "En este país el que la hace la paga, y no existe impunidad", afirmó el coordinador general, que recordó "las imágenes" de los agitadores independentistas. "¿Alguien puede pensar que si destrozas coches de la Guardia Civil no pasa nada?", se preguntó. Y remató: "Estaban incitando a las masas y no unas masas pacíficas, ya está bien, eran masas violentas". "Que Puigdemont acabe con la gran mentira victimista", remató Hernando.