Mariano Rajoy propondrá al Senado destituir a Carles Puigdemont y a todo su Gobierno en aplicación del artículo 155 de la Constitución para restaurar el orden constitucional. La decisión fue acordada con el PSOE y Ciudadanos. El Parlamento catalán no será disuelto pero sus funciones quedarán muy limitadas. El objetivo final pasa por convocar elecciones antes de seis meses. "Mi voluntad es hacerlo tan pronto como recuperemos la normalidad institucional", subrayó el jefe del Ejecutivo. Los Mossos y TV3 quedarán bajo la tutela gubernamental, según el texto remitido a la Cámara Alta.
Llegó el momento de la toma de decisiones. Tarde para una parte de la opinión pública, según reconoció el propio Rajoy. El Consejo de Ministros se reunió de forma extraordinaria durante más de dos horas y, al término, compareció el presidente para anunciar las principales medidas en el marco del artículo 155."No era ni nuestro deseo ni nuestra intención, no lo fue nunca", admitió el presidente. Pero, a su juicio, no le han dejado otra opción. "Ningún Gobierno de ningún país puede aceptar que se viole la ley".
Cuatro son los objetivos del Ejecutivo. "Volver a la legalidad, recuperar la normalidad y la convivencia, continuar con la recuperación económica y celebrar elecciones en una situación de normalidad", resumió Rajoy. El presidente fue solemne y rotundo. "Mi único temor es no cumplir con mi obligación", afirmó. "Lo que me he encontrado enfrente no lo había visto en los muchos años que llevo en la vida política", lamentó, en relación a Carles Puigdemont. "Esto no es propio del mundo en el que vivimos".
Rajoy avanzó las medidas más potentes y dejó a Soraya Sáenz de Santamaría explicar los detalles técnicos del plan de acción del Ejecutivo. El papel de la vicepresidenta sigue siendo clave a pesar de que en su día pilotó la denominada operación diálogo con la Generalidad. En síntesis, el control del Estado será prácticamente total hasta que el presidente, que asume esas competencias, convoque elecciones. Antes, eso sí, el Senado tendrá que aprobar el paquete de medidas, cosa que ocurrirá el viernes 27.
Las medidas del Gobierno
Finalmente, Rajoy, tras consensuarlo con Pedro Sánchez y Albert Rivera, optó por la destitución de todo el Gobierno catalán. Incluidos Puigdemont y Oriol Junqueras, su número dos. Fuentes de Hacienda ya avanzaron esta semana que, para recuperar cierta certidumbre en materia económica, Junqueras tenía que marcharse. Tras la autorización de la Cámara Alta, los ministerios se encargarán de asumir las funciones de las distintas consejerías. Estos departamentos llevan semanas haciendo informes para llevar a cabo esta delicada operación. Ahora, el Ejecutivo debe decidir si crea un ente colegiado para organizar estos trabajos con un responsable máximo.
El Parlamento catalán no será disuelto pero sus funciones quedarán muy limitadas. No podrá proponer candidato a presidente ni celebrar un debate y votación de investidura. Las actividades de control corresponderán al Senado -donde los responsables ministeriales darán cuenta de su gestión cada dos meses- y la Cámara autonómica no podrá adoptar iniciativas contrarias a la Constitución ni al Estatuto, mientras que el Gobierno tendrá un plazo de 30 días para ejercer su derecho a veto. Puigdemont seguirá siendo diputado y Carmen Forcadell presidenta del Parlamento.
En el acuerdo del Consejo remitido al Senado, el Gobierno también se refiere expresamente a los Mossos y los medios de comunicación públicos. El Ejecutivo "podrá dictar instrucciones directas y de obligado cumplimiento a los miembros de la Policía de la Generalitat de Cataluña". Esto es, Interior dirigirá las funciones de este cuerpo. Y, en caso de que sea necesario, los miembros de los Mossos "serán destituidos por efectivos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado". No hay una mención expresa a Josep Lluís Trapero.
Los órganos designados por el Gobierno también tutelarán el área de telecomunicaciones y comunicaciones electrónicas y audiovisuales. "Se garantizará la transmisión de una información veraz, objetiva y equilibrada, respetuosa con el pluralismo político, social y cultural, y también con el equilibrio territorial; así como el conocimiento y respeto de valores y principios contenidos en la Constitución y el Estatuto", se especifica por escrito. En caso de que algún directivo o trabajador se oponga, según fuentes gubernamentales, serán apartados.
El Gobierno asumirá las gestión de todos los ingresos y gastos de la Generalidad y el Estado podrá imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios catalanes que no acaten el 155, según se desprende de la documentación oficial. Todo porque, tal y como se razona en la "motivación política y jurídica de la aplicación" del 155, Puigdemont y sus socios han protagonizado una "desobediencia rebelde, sistemática y consciente" afectando "de manera grave al interés general de España".
¿Y si Puigdemont convoca elecciones?
Ahora, la pelota está en el tejado del Senado. Tras su pleno, las medidas entrarán en vigor desde el momento de su publicación en el Boletín Oficial del Estado y así se notificará a las autoridades catalanas. Si bien, el Ejecutivo podría poner fin a este plan "si cesasen las causas que lo motivan, dando cuenta -a la Cámara Alta- de esta decisión", según se explica en el acuerdo del Consejo de Ministros. En este sentido, algunas fuentes del PP sugirieron que esto se produciría si Puigdemont convoca elecciones "conforme a la legalidad española" antes del viernes. En Moncloa no fueron tan claros y se remitieron, en línea con Rajoy, a las decisiones que adopte el Senado.
Así las cosas, la aplicación del 155 concluirá, en principio, cuando tome posesión el nuevo Gobierno catalán. "No se suspende la autonomía, se cesa a las personas que la han puesto en riesgo", zanjó Rajoy, que contestó a varias preguntas de los periodistas. A pesar de la gran preocupación en Moncloa por un posible estallido de tensión en las calles, mandó un mensaje de tranquilidad a los catalanes: "Todo se arreglará sin más daño para nadie".