Soraya Sáenz de Santamaría sigue contando con el aval del jefe del Ejecutivo para gestionar la crisis catalana. Tanto es así que Mariano Rajoy delega en ella la presidencia del Gobierno autonómico, según recoge el Boletín Oficial del Estado. Todo pasará por ella, en palabras de un alto cargo de la Moncloa. Sobre el papel controlará el CNI catalán.
En concreto, el BOE explica que "el presidente del Gobierno de la nación delega las funciones que se le atribuyen en la vicepresidenta del Gobierno y ministra para las administraciones territoriales". Santamaría será la responsable de la secretaría general de comunicación del Gobierno y medios de comunicación, la oficina del Gobierno, la dirección general de coordinación interdepartamental, el centro de estudios de opinión y la entidad autónoma del diario oficial y de publicaciones de la Generalidad (EADOP), el consorcio de la administración abierta de Cataluña, el centro de telecomunicaciones y tecnologías de la información (CTTI) y el centro de la seguridad de la información de Cataluña (CESICAT), el denominado CNI catalán.
Como ya informó el propio Rajoy el viernes al término del Consejo de Ministros, Santamaría también se hace con las competencias de la vicepresidencia de la Generalidad, antes en manos de Oriol Junqueras.
Un poder enorme, Santamaría también se encargará de coordinar en último término la actuación de los ministerios que ahora asumen las funciones de las distintas consejerías, que concluirá cuando el nuevo Ejecutivo catalán tome las riendas tras las elecciones del 21 de diciembre.
Así, Rajoy lanza también un mensaje muy claro en clave interna después de las fricciones en el seno del Gobierno por la respuesta dada ante el pulso separatista: mantiene su total confianza en Santamaría. Ella, que se encargó de la denominada operación diálogo, ha sido el rostro del Ejecutivo durante los últimos meses de crisis. Algunos compañeros de gabinete se quejaron de falta de firmeza, por ejemplo cuando se aireó la posibilidad de guardar en un cajón el 155 en caso de que Carles Puigdemont convocara elecciones.
Este sábado, Roberto Bermúdez de Castro, de la confianza de la vicepresidenta, se reunió con los subsecretarios de Estado para abordar los detalles técnicos del plan de acción gubernamental. Ante la posibilidad de que Carles Puigdemont o sus todavía consejeros se resistan a dejar sus actuales cargos, en el Ejecutivo advirtieron de que puede incurrir en un delito de usurpación de funciones, cuya regulación está tipificada expresamente en el Código Penal.