Como suele ocurrir en los regímenes totalitarios, el que se arriesga a denunciar públicamente los crímenes del poder es el primero que sufre las consecuencias, en lugar de los delincuentes: el inspector de educación de la Generalidad que confirmó en una entrevista en El Mundo que en las aulas catalanas se adoctrina ha sido expedientado por sus superiores.
Una medida que ha despertado la indignación de la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE), que ha exigido al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el "cese inmediato" del inspector general de Cataluña, Manel Busson Torres, por expedientar al funcionario Jordi Cantallops.
"Llama la atención que la noticia de prensa sea del día 16 de octubre y la resolución del secretario General de la Conserjería de apertura del expediente sea del 19 ", ha informado a Europa Press esta organización sindical, que sostiene que esta amonestación supone "un ataque frontal de la Generalitat a la libertad de expresión y a la independencia y autonomía de la inspección en Cataluña".
"Quedan en evidencia"
A juicio de USIE, con iniciativas como esta "quedan en evidencia quienes presumen de tolerancia, dialogo y respeto a la pluralidad", asegura el sindicato que solicita el sobreseimiento "inmediato" del citado expediente, que "está motivado por cuestiones políticas exclusivamente" y el cese del Inspector General de Cataluña "como responsable principal de esta situación".
Desde esta organización advierten de que la inspección educativa en Cataluña ha sido objeto de un "férreo intento de control político, que ha tenido entre otras consecuencias la precariedad en las plantillas de la Inspección catalana".
En este sentido, alertan de que en la actualidad están integradas en un 80% por "inspectores accidentales, designados por procedimientos de selección que no siempre han contado con las suficientes garantías de igualdad, mérito y capacidad establecidas por los principios constitucionales".
USIE exige al Ministerio de Educación que adopte las medidas solicitadas y reclama la convocatoria inmediata de nuevas oposiciones de acceso al cuerpo de inspectores, en las que se oferten todas las vacantes existentes, sin limitaciones políticas de ningún tipo.