No ha estado, pero se le espera. Carles Puigdemont no ha acudido a la citación en la Audiencia Nacional como querellado por "rebelión o, cuando menos sedición", malversación de caudales públicos y otros delitos conexos. Está huido en Bélgica con los otros cuatro exconsejeros rebeldes que han desoído la llamada de Carmen Lamela: Toni Comín, Meritxell Serret, Clara Ponsatí y Lluis Puig. La Fiscalía ha solicitado a la juez que libre una Orden Europea de Detención que comporta la busca, captura y puesta a disposición judicial. Iniciaría un proceso de extradición que, en teoría, se resuelve con la entrega de los susodichos en un plazo máximo de 60 días pero que podría extenderse por un período mayor si Bélgica ofrece amparo. Sería un juez belga quien decidiría su situación.
Sin embargo, la magistrada de la Audiencia Nacional no resolverá este jueves la solicitud de la Fiscalía. Según fuentes jurídicas, Lamela se pronunciará sobre la cuestión en los próximos días, de forma que Puigdemont y los exconsejeros que no han comparecido permanecerán unas horas más en libertad sin ninguna consecuencia. La juez, que está de guardia esta semana, está tomando declaración a detenidos por otra causa y ha dejado en segundo plano la resolución relativa a las órdenes europeas de detención.
El expresidente de la Generalidad no ha elegido Bélgica como país de exilio al azar. Es consciente de que los jueces allí son especialmente meticulosos en relación a las denuncias de vulneraciones de derechos fundamentales. Una circunstancia que puede ralentizar el procedimiento judicial abierto en nuestro país.
La magistrada entregaría la orden a la Policía Nacional que, a través de la llamada Oficina Sirene de cooperación entre cuerpos policiales de Estados del espacio Schengen, la remitiría a la oficina homóloga de la policía belga. Se producirían las detenciones de los buscados y su puesta a disposición de la Justicia belga, que estudiaría la entrega.
Uno de los problemas que puede surgir es que el de rebelión no se encuentra en la lista de los 32 delitos exentos de "control de la doble tipificación" en la normativa europea. En otras palabras, no está recogido en los códigos penales de ambos países con la misma definición. Algo que complica la entrega inmediata del requerido porque, de acuerdo con el marco comunitario, la Justicia belga podría tener que entrar en el fondo del asunto y comprobar si, según sus propias leyes, la conducta de Puigdemont y el resto de querellados es perseguible en Bélgica. El expresidente podría incluso elevar el caso a la segunda instancia, con el consiguiente retraso.
En este punto se hace especialmente relevante el letrado Paul Bekaert que, entre sus dudosos logros, consiguió paralizar la entrega a España de varios miembros de ETA, por ejemplo, de Natividad Jauregi. Según fuentes consultadas por Libertad Digital, los Tribunales confían en que las buenas relaciones en materia de cooperación jurídica entre España y Bélgica, reforzada en los últimos años por la colaboración antiterrorista, sean suficientes para superar eventuales obstáculos procesales.