La fractura social provocada por el proceso separatista ha impactado de plano en el ámbito judicial. Las manifestaciones a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) durante el juicio a Mas por el 9-N o cada vez que ha declarado un miembro de la Mesa del Parlament, los insultos por la calle a la fiscal jefa de Barcelona, Ana Magaldi, las amenazas anónimas recibidas por jueces y fiscales y los planes separatistas que pasaban por una depuración en el ámbito judicial catalán han propiciado un aumento de las peticiones de traslado en las últimas semanas.
Ha sido el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, quien ha informado de este hecho, que atribuye a la "situación de tensión personal" desencadenada por el proceso entre los jueces. Según Barrientos, la mayoría de las peticiones son de jueces no originarios de Cataluña. El magistrado que presidió la sala que juzgó a Mas por el referéndum del 9-N apuntó también durante una reunión con personal judicial en Lérida que la "movilidad" en Cataluña "es más elevada de lo deseable desde hace tiempo".
El último suceso relativo al acoso a los miembros de la judicatura ha sido el asalto a la segunda residencia de la fiscal Magaldi. Unos desconocidos rompieron la caldera de la calefacción y cortaron el cableado eléctrico de la vivienda, pero no se llevaron nada.