Que Andalucía tenga elecciones en 2018 es algo que deducen casi todos los periódicos andaluces. La desconfianza entre partidos y líderes es tal –Juanma Moreno, presidente del PP andaluz, dijo que la presidenta de la Junta tenía sobre la mesa su declaración de hacienda, donde se hace sus radiografías y "los expedientes de escolarización de mis hijos" sin que la presidenta lo negara–, que lo que dice Susana Díaz sobre adelanto electoral es interpretado inmediatamente como falsedad y se interpreta como lo contrario: que habrá elecciones anticipadas en 2018.
Hay precedentes para la sospecha puesto que en 2014 la presidenta de la Junta de Andalucía hizo precisamente eso: negar en un primer momento que fuera a convocar elecciones para convocarlas inmediatamente después.
¿Por qué está creciendo ahora la sospecha de que Susana Díaz va a adelantar las elecciones andaluzas? El recelo comenzó el pasado verano con la remodelación del gobierno de la Junta, momento en que la presidenta se libró de sus colaboradores considerados "pierde votos" o posibles obstáculos políticos para un adelanto electoral.
Por si fuera poco, el "tigelino" del PSOE andaluz y mandamás en cuestiones de partido, Juan Cornejo, dijo en plenas fiestas de Navidad que las elecciones andaluzas serían en marzo de 2019, si Mariano Rajoy no anticipaba las generales. Dicho de otro modo, introdujo la incertidumbre sobre la fecha real de unas elecciones andaluzas relacionándolas con las generales.
La desconfianza llegó el pasado jueves al Parlamento cuando la presidenta de la Junta negó a Juanma Moreno que tuviera pensado convocar las elecciones en 2018. Pero, para confirmarlo, se refirió a las medidas y explicaciones claramente electorales una vez aprobados los presupuestos para 2018 con ayuda, cómo no, de Ciudadanos.
Habló de gratuidad de matrículas universitarias, de la llamada renta de inserción –muy criticada por la oposición y fuerzas sociales–, y de los datos positivos de la creación de empleo. Por ello, concluyó, no habrá adelanto electoral ya que todo va bien. Y podría haber hablado de la subida del 2 por ciento de las pensiones no contributivas, de las 35 horas de los empleados públicos –fiesta aguada a última hora–, y el incremento de los fondos para la ayuda a la dependencia o la oferta pública de empleo, casi 6.000 plazas sólo en Educación, arma clásica ya en procesos electorales del PSOE.
El PP tiene claro que habrá elecciones antes de las navidades de 2018 ya que Ciudadanos no querrá seguir sirviendo de coartada al PSOE en los presupuestos para 2019, año en el que las elecciones deberían ser convocadas necesariamente y, probablemente, de manera conjunta con las generales, o sea, con Pedro Sánchez en el cartel, y/o con las elecciones municipales. Ciudadanos ya ha advertido de que en 2018 habrá paso ligero en reformas esenciales que no gustan al PSOE.
Por ejemplo, ha citado la cuestión de la reforma de la ley electoral, que exige Ciudadanos y está en su pacto con el PSOE, pero que perjudica claramente al partido de Susana Díaz. El propio Juan Marín, líder de la formación naranja en Andalucía, ha explicado que mientras al PSOE le cuesta 30.000 votos obtener un escaño, a su partido le cuesta 41.000. Por ello, es improbable que una nueva ley electoral que intensifique la proporcionalidad del voto sea admitida por unanimidad y tramitada en marzo de 2018 como quiere Ciudadanos dando paso así a una probable excusa para la ruptura entre ambos partidos. Otro paso más hacia unas elecciones anticipadas.
Por otro lado, la evolución del voto socialista en Andalucía es otro indicador, ya que la popularidad de Susana Díaz va a la baja tras su derrota en las primarias socialistas y el deterioro acentuado del voto socialista desde 2012. Recuérdese que fue el PP el partido que ganó las elecciones generales en Andalucía en 2016, recuperándose en parte del descalabro en las elecciones andaluzas de 2015, y que Ciudadanos espera rentabilizar su apoyo al PSOE entre votantes moderados de la izquierda y su actuación estelar en Cataluña entre votantes del PP.
Si la presidenta andaluza examina la evolución del voto electoral y tiene claro que el voto socialista sigue bajando, sopesará la convocatoria anticipada. Si se le une un probable ascenso de Ciudadanos y del PP, así como una bajada de Podemos, la presión no podrá ser soportada.
Según la encuesta del invierno de 2017 (datos de finales de 2016) de EGOPA, de la Universidad de Granada, considerada la encuesta "oficial" de la Junta, la distancia entre PSOE y PP era de 2,4 puntos, un 28,6 y un 26,2 respectivamente del voto estimado. Podemos obtendría un 17 por ciento, Ciudadanos un 12 por ciento (antes del impacto de las elecciones catalanas) e Izquierda Unida no llegaría al 6 por ciento. Pero entonces aún no se había producido la derrota en las primarias socialistas de Susana Díaz ni había tenido lugar el terremoto catalán ni se había evidenciado la crisis interna de Podemos.
Desde entonces no hay otra encuesta sólida disponible. Lo que sí certificaba dicha encuesta es un descenso continuado del voto socialista estimado desde el 49,5 por ciento obtenido en 2005 hasta el actual 28,6 por ciento de enero de 2017. Otras encuestas de menor credibilidad daban una diferencia mayor a favor del PSOE, pero manteniendo la tendencia al crecimiento del PP.
Hay otro factor que es preciso tener en cuenta: el caso ERE. Si se anticipan las elecciones a 2018, el resultado del juicio y la sentencia del caso político de corrupción más grave de la historia andaluza podrían no haberse producido dejando la duda sobre la conducta de los 22 ex altos cargos procesados de la Junta flotando en el ambiente político y ciudadano. Tras una condena, el resultado electoral podría ser letal para el PSOE andaluz. Tras una absolución, el resultado podría mejorar. Pero habría que arriesgar, algo nada del gusto de los políticos.