En su balance "institucional" del año retransmitido por el canal informativo de TV3, Puigdemont tuvo un recuerdo para las "víctimas" del 1-O, pero no mencionó a las de los atentados del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils, palanca que desencadenó el acelerón final del golpe separatista.
El gobierno catalán se creyó Estado por su gestión de los atentados islamistas del pasado 17 de agosto en Barcelona y Cambrils. La Generalidad desató una vasta operación propagandística cuyo propósito era demostrar al mundo que Cataluña ya era un Estado y se había ganado a pulso el reconocimiento internacional. Fueron asesinadas quince personas, pero el major Trapero se convirtió en un icono de la naciente república. Se estampaban camisetas con su cara. La manifestación de repulsa se convirtió en un "escrache" al Rey con pancartas en las que se le acusaba junto a Rajoy de traficar con los terroristas.
El siguiente episodio de máxima tensión fue el asedio a la comitiva judicial que registraba la consejería de Junqueras. De ahí se pasó al referéndum del 1 de octubre de las fake news sobre la violencia policial, la huelga del 3 promovida desde la Generalidad, el hostigamiento a policías nacionales y guardias civiles y la proclamación de la república, el 27, que activó la aplicación del artículo 155.
El leve conato de autocrítica por la fuga masiva de empresas, el nulo reconocimiento internacional y la ineptitud de los cargos de ERC que debían tener preparada la Hacienda y la Seguridad Social catalanas, entre otras estructuras de Estado, fue barrido por la acusación de Marta Rovira sobre la presunta predisposición del Gobierno a sembrar de muertos las calles catalanas.
El 21-D ha invertido los equilibrios políticos en el separatismo, pero no ha alterado la agenda. El punto de fricción es que ERC aboga por revisar los plazos y el entorno de Puigdemont, erigido en partido emergente y mayoritario del independentismo, defiende la confrontación total y la negación de la realidad hasta que el Estado claudique.
Pensamiento mágico
Puigdemont y Junqueras velan armas para una descarnada pelea por el liderazgo del frente separatista. El equipo del fugitivo se aferra a la consigna "Puigdemont o nada" mientras que ERC ha suspendido la negociación hasta el próximo día 4, fecha en la que Junqueras depondrá ante el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena y podría quedar en libertad. Si el exvicepresidente es excarcelado, al expresidente no le quedaría más remedio que regresar a España y afrontar las consecuencias judiciales de su huida para hacer valer sus 34 escaños frente a los 32 de ERC.
Las fuerzas separatistas siguen encalladas en el pensamiento mágico. El entorno de Puigdemont maniobra para forzar un cambio del reglamento de la cámara que permita una investidura telemática y descarta por completo la opción de Junqueras. ERC se niega a aceptar la presidencia del Parlament porque de ahí se inferiría que renuncia a la de la Generalidad. Como no hay margen posible para un acuerdo entre postconvergentes y republicanos, la CUP y sus cuatro diputados vuelven a tener la llave de la gobernabilidad.
La situación es aún más enrevesada que tras el 27-S de 2015, cuando Mas fue defenestrado por los antisistema en favor de Puigdemont, pero el separatismo se ha especializado en acuerdos in extremis. El último de estos apaños sobre la campana fue la proclamación de la república tras unas vacilaciones previas de Puigdemont sobre la conveniencia de convocar elecciones.
Los antisistema no se apean de la implantación de la república y de la desobediencia y Puigdemont les infunde más confianza republicana que Junqueras. El PDeCAT es irrelevante. Sus jóvenes dirigentes están fuera de juego y del parlamento, los exconsejeros Josep Rull y Jordi Turull actúan en favor del expresidente, no en función de su partido y Elsa Artadi, la mano derecha de Puigdemont, no sale del eslogan de campaña. El expresidente pide "diálogo y negociación" al Gobierno y desatiende por completo las consecuencias judiciales del golpe separatista. No hay más discurso ni proyecto que volver a la casilla previa al 155.
Sobre ERC recae la sospecha aventada por los estrategas de Puigdemont de que ha renunciado a los planteamientos de máximos. La supuesta predisposición de Junqueras a acatar el marco constitucional explicaría el desfondamiento electoral de la formación que partía con clara ventaja respecto a JxCat en todas las encuestas.
Año de la marmota
En este contexto, 2018 se aventura como otro año de la marmota del proceso con el condicionante agravado del elemento judicial, al que el separatismo parece no conceder la más mínima importancia en sus composiciones de lugar. A pesar del alto riesgo de que Puigdemont y Junqueras queden incapacitados, las candidaturas separatistas sólo contemplan alternativas de manera vaga y especulativa, lo que da recorrido a la posibilidad de una repetición electoral a finales de mayo o principios de junio.
El debate en el frente independentista se centra ahora en si la diputación permanente puede cambiar el reglamento de la cámara o se debe constituir la mesa para acometer tal propósito. Más de lo mismo de la pasada legislatura. Filibusterismo parlamentario y patada a seguir. La cámara erigida en asamblea constituyente dictando normas supremas al margen de los preceptos constitucionales. La receta de Puigdemont es más tensión mientras que en ninguna de las decenas de cartas de Junqueras desde la cárcel se atisba cuál es la estrategia de ERC.