El Ejecutivo sigue sin aclarar cómo garantizará el derecho de los padres a escoger la lengua vehicular de sus hijos en los centros educativos catalanes. Y esto empieza a provocar fricciones entre ministerios y con el partido que le sustenta. Desde Badalona, Dolors Montserrat apuntó claramente a la creación de la casilla del castellano. Dos horas después, los portavoces de Íñigo Méndez de Vigo la corregían: "Se ha confundido, seguimos trabajando en la fórmula más adecuada".
El departamento de Educación se da de plazo hasta finales de marzo o primeros de abril para tomar una decisión en aplicación del artículo 155 de la Constitución. El pasado viernes, Méndez de Vigo vivió una de sus comparecencias más complicadas, incapaz de despejar las dudas de los informadores. Se comprometió a más "libertad" en las aulas pero no quiso mencionar la famosa casilla. "No he hablado de casilla para nada", se revolvió ante las preguntas de los periodistas.
En este contexto, la titular de Sanidad atendió este lunes por la mañana a los medios de comunicación. "Nuestra prioridad es el derecho de los padres a escoger libremente la educación de sus hijos y, por tanto, nosotros vamos a cumplir la ley y las sentencias judiciales y va a existir esa casilla porque es devolver un derecho a los padres", declaró. Esto es, parecía que el Ejecutivo ya se había aclarado y que Mariano Rajoy había dejado a su ministra catalana, en las quinielas para liderar el PP regional, que hiciera el anuncio. No tardó en ser censurada. "Seguimos como el viernes", se zanjó oficialmente.
Según las fuentes consultadas, en Moncloa hay discusión sobre el alcance que han de tener las medidas. Y en el PP ya hay quienes se llevan las manos a la cabeza y temen que al final Rajoy no contente a nadie y Ciudadanos acabe beneficiándose. "Nos va a ocurrir como siempre, que nos quedaremos a medias", según el augurio de un líder territorial. "Nuestros votantes se sentirán defraudados mientras los independentistas pondrán el grito en el cielo", añadió. "Hemos provocado un incendio para nada", en palabras de otro cargo del partido.
Al término del Comité de Dirección, que presidió como es habitual Rajoy, Pablo Casado dio por descontado que el Ejecutivo actuará, aunque reconoció que desconoce los planes de Rajoy. "No sé si será con casilla, pero el Consejo de Ministros se ha comprometido a que los padres puedan pedir que sus hijos estudien castellano", recalcó.
Los casos de Valencia y Baleares
El anuncio que quiso lanzar Casado es que, en paralelo al Gobierno, el PP va a defender en el Parlamento catalán una iniciativa en defensa de la "libertad" en la escuela. "Sencillamente, queremos que una cuarta parte de las asignaturas troncales se puedan enseñar en castellano", afirmó, apoyándose en sentencias del Tribunal Supremo. "No se están cumpliendo", se quejó, al tiempo que el equipo de Xavier García Albiol propuso que, al menos, haya un colegio de Primaria y otro de Secundaria por municipio con estas características.
Ahora, los populares, con tan sólo cuatro escaños en la Cámara autonómica, se pondrán en contacto con el resto de fuerzas políticas constitucionalistas para intentar consensuar una respuesta. Si bien, en Génova reconocieron que los números no salen y que lo hacen para que "todos" se retraten y Ciudadanos no pueda hacerse con esa bandera. En el ámbito nacional, los populares también defenderán que se desbloquee la LOMCE, que ya garantizaba que el español fuese vehicular.
Según Casado, el PP no mirará exclusivamente a Cataluña. De hecho, sacó a colación la situación que se vive en Baleares y Valencia. Sobre la primera de las comunidades, denunció la intención del Gobierno regional de aprobar un decreto para exigir la acreditación del conocimiento del catalán a los trabajadores de la sanidad pública. "Defendemos un bilingüismo y un plurilingüismo cordial", declaró Biel Company, el líder autonómico de los populares. Y añadió: "Estimamos nuestras dos lenguas oficiales por igual".
Por su parte, en el PP valenciano esperan que en Génova "por fin" se hayan dado cuenta del problema en su comunidad en materia educativa. Este mismo sábado, Isabel Bonig alertó cara a cara al presidente: "Se coarta la libertad" y "te pedimos que nos ayudes".