Dos meses y un día después del 21-D, los fieles de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras no consiguen desencallar un acuerdo para la investidura y la formación de un gobierno de la Generalidad. El fugado en Waterloo mantiene una postura inflexible. No se conforma con un papel simbólico y se resiste a aceptar un "consejo de la república" arbitrado como fundación privada en Bélgica sin poderes ejecutivos en el nuevo gobierno catalán.
El plan del líder de Junts per Catalunya es retener el mando, la capacidad para nombrar y cesar consejeros y la de disolver la cámara y convocar elecciones, así como montar una suerte de réplica de la Generalidad en Waterloo. Y sólo en ese caso aceptaría dar un paso al lado en el plano formal y designar candidato al número dos de su lista, el jefe de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) encarcelado en Soto del Real, Jordi Sànchez.
ERC trata de contrarrestar esa propuesta con una fórmula que le permita arrancar la legislatura con un ejecutivo autonómico operativo. Replican a Puigdemont que si quiere retener atribuciones y colocar al preso Sànchez de presidente, las funciones ejecutivas deberían recaer en alguien sin impedimentos penitenciarios. Y en ese punto se abre otra disputa con dos presidentes incapacitados para ejercer, Puigdemont y Sànchez, y un vicepresidente que sería en realidad quien supliera en la práctica al president. Los republicanos airean el nombre de Marta Rovira para ese puesto mientras que en el entorno del huido prefieren que sea Oriol Junqueras, quien tampoco podría ejercer. ERC advierte que no acepta injerencias y que son ellos quienes decidirán sobre sus propios aspirantes.
Reparto de consejerías
Los negociadores se han atascado en ese capítulo y sólo han acordado repartirse las consejerías al cincuenta por ciento. Ante la falta de avances, han comunicado una suspensión temporal de las conversaciones. Deben dar parte y recabar instrucciones de Bruselas y de Estremera.
En el caso de Puigdemont, su entorno no se cansa de repetir que está dispuesto a forzar la repetición de las elecciones si no se aceptan al detalle todos los instrumentos que propone, tales como el doble gobierno en Bélgica y Barcelona, capacidad de veto y la dirección estratégica de la nueva "hoja de ruta" del proceso separatista. Los dirigentes de ERC temen las consecuencias judiciales de los planes del fugado tanto como una repetición de los comicios, pero no logran doblegar la voluntad de Puigdemont ni con la ayuda del PDeCAT. El núcleo del expresidente de la Generalidad no desfallece en su apoyo a la estrategia de choque frontal con el Estado.
Acuerdo la próxima semana
Tanto unos como otros coinciden en que es necesario nombrar presidente y formar gobierno a la mayor brevedad para levantar el artículo 155, pero reconocen en privado que la paralización administrativa de la Generalidad no es una situación muy diferente a la que había antes de la proclamación de la república "simbólica". De cara a la galería aventuran que la próxima semana habrá acuerdo al tiempo que abren un paréntesis para evacuar consultas con Puigdemont y Junqueras.
Las tornas han cambiado. Si antes de la declaración unilateral era ERC quien forzaba la maquinaría, ahora es Puigdemont quien no levanta el pie del acelerador mientras que sus negociadores dicen estar "perplejos" ante la falta de coraje republicano de sus socios y sus "renuncias" con relación al "mandato" del referéndum del 1-O. Las relaciones entre ambos grupos cada vez están más deterioradas, pero las dos partes sostienen que acabaran alcanzado un pacto "como siempre".