La Audiencia Nacional condenó a 27 siglos de prisión a dos etarras que en la Nochebuena de 2003 –tres meses antes del 11-M– intentaron volar el Intercity Irún-Madrid. Se les imputan "184 asesinatos en grado de tentativa". Pero el PSOE afirma en sus conclusiones de la comisión 11-M que "ni un solo dato de la investigación apuntaba a ETA" sino al "terrorismo internacional". Según Álvaro Cuesta, el Gobierno del PP, "tergiversó los datos que iba recibiendo de la Policía". El PP denuncia el cierre de una comisión que no ha querido investigar las principales incógnitas de la masacre.

Pilar Manjón dice que los "hermanos no son víctimas". Dos días después, el presidente del Gobierno, para defender el diálogo con los terroristas, ha dicho que "trágicamente no podemos conocer la última voluntad de las víctimas del terrorismo de ETA" pero que la paz será el "mejor tributo" que les puede rendir. Mikel Buesa, indignado por la afirmación, recordó a Zapatero que el pasado sábado sí pudo ver lo que pensaban las personas a las que ETA dejó marcadas de por vida, en referencia, entre otras, a Irene Villa.

El portavoz de Justicia del PP, Ignacio Astarloa, anunció que su Grupo va a plantear en el Congreso la reprobación del Fiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, por haber impuesto "una limpieza ideológica" en los últimos nombramientos judiciales. Según Astarloa, el cese del fiscal Eduardo Torres Dulce colma la "trayectoria incalificable de sectarismo, parcialidad y sometimiento al Gobierno y al PSOE" del Fiscal General. Por cierto, a Torres Dulce le correspondía conocer una querella admitida a trámite contra el propio Conde Pumpido.