El PP considera que la responsabilidad por el caso Bono no puede zanjarse con la dimisión de Constantino Méndez y debe alcanzar al ex ministro Alonso. Pero el Gobierno tenía preparada la respuesta. Tres ministros salieron en tromba a cortar todo lazo político. Alonso, Rubalcaba y López Aguilar forzaron una interpretación de la sentencia según la cual no hubo interés político en las detenciones. La faena la remató el sucesor de Rubalcaba, López Garrido, comparando al PP con Batasuna por denunciar detenciones ilegales. El ex ministro Barrionuevo lanzó un breve mensaje al Gobierno. Lea el análisis de "La sentencia" por Luis del Pino.

El mismo día en que el caso Bono captaba la atención de la opinión pública, el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba presentó una operación contra dos sociedades de inversión (Afinsa y Fórum Filatélico) que podrían haber estafado a 350.000 personas. El ministro hacía su anuncio a la misma hora a la que se practicaban los registros. Horas después, el secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, explicó que la inspección de este caso corresponde a las CCAA, no al Estado y que ninguno de los afectados tendrá cobertura estatal. Eso sí, dijo que "el Gobierno no va a tolerar ni un atisbo de corrupción".