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Noticias y opinión en la red Viernes 11 de Mayo de 2007 Actualizado a las 23:26
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UN NÚMERO INDETERMINADO SE ENCUENTRA HUIDO
Nueva avalancha de pateras y cayucos en Canarias con cerca de 200 detenidos en las últimas horas
A pesar de que el PSOE de Canarias cree correctas y adecuadas las medidas que ha impulsado el Gobierno para luchar contra la inmigración ilegal en las islas, lo cierto es que las pateras y los cayucos siguen llegando. En las últimas horas, diez embarcaciones han arribado a costas canarias y se ha detenido a 183 personas, todas en aparente buen estado de salud. Efectivos policiales están peinando el sur de Tenerife en busca de los inmigrantes que llegaron en cuatro barcazas, ya que se dieron a la fuga nada más tocar tierra. Además, otros 32 magrebíes sin papeles, entre ellos una mujer y cuatro posibles menores, han sido interceptados al sur de las costas de Adra (Almería).
LOS SOCIALISTAS DEBEN "ASUMIR SUS RESPONSABILIDADES"
El PP advierte al PSOE que si no desvela al "señor X" de Marbella, "todo el mundo entenderá que es Chaves"
Manuel Chaves.
El secretario general del PP en Andalucía, Antonio Sanz, advirtió al PSOE de que si no aclara cuanto antes "quién es el señor X que ha consentido todo lo ocurrido en Marbella", todo el mundo va a "entender que se trata" del presidente de la Junta, Manuel Chaves. Sanz aseguró que el PSOE ha sido un "partido dañino para Marbella y ahora debe asumir sus responsabilidades en lo que ha sido una actitud gravemente perjudicial para los intereses de la ciudad tanto por parte del partido como de la Junta, que han permitido un saqueo de más de medio billón de las antiguas pesetas".
TENDRÁN QUE PAGAR 60.000 EUROS CADA UNO
Sancionan a dos hospitales de la Generalidad por utilizar historiales clínicos para comprobar el uso del catalán
José Montilla, presidente de la Generalidad.
La Agencia de Protección de Datos ha sancionado a dos hospitales catalanes a pagar 60.000 euros cada uno por no haber custodiado debidamente sus ficheros. Hace un año se desveló el programa piloto que la Generalidad había puesto en marcha. El objetivo era certificar que el personal sanitario hablaba catalán entre sí y con los pacientes, así como que la documentación era emitida en catalán. Los historiales clínicos se cedieron a una empresa privada y los hospitales reconocieron que se entregaron sin el consentimiento de los pacientes. El PP ya exigió la dimisión de la consejera de Salud, y este martes ha denunciado al anterior Gobierno tripartito por vulnerar "uno de los principios básicos del derecho a la confidencialidad".

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