Me sé del todo indigno de opinar en materia política, pero tal vez me sea perdonado añadir que descreo de la democracia, ese curioso abuso de la estadística.

Jorge Luis Borges, “La moneda de hierro: Obras Completas III (Barcelona, Emecé Editores, 1996), p.121

Existe toda una escuela en la ciencia económica que se ha dedicado al análisis de los procesos políticos utilizando el herramental conceptual de la economía; se la llama “teoría de la elección pública” o también “análisis económico de la política. Uno de sus representantes más destacados es el premio Nobel en economía, James M. Buchanan.

Entre otras muchas interesantes enseñanzas de este análisis hay una de particular interés. Se trata de comprender porqué los gobiernos tienen una tendencia permanente al endeudamiento hasta que en algunos casos, como el argentino, se acercan a su límite, y caen al precipicio.

La respuesta es relativamente sencilla, o intentaremos mostrarla así: es un problema de incentivos. La renovación de los mandatos políticos es un elemento esencial de las democracias para controlar los posibles abusos de poder que se originarían con gobernantes en sus cargos por largos períodos de tiempo. Pero este ingrediente fundamental de las democracias origina un problema serio: la visión de corto plazo del político electo. Su preocupación se extiende hasta la finalización de su mandato y no mucho más allá, a menos que tenga oportunidades de ser reelecto. Claro que si lo es indefinidamente su horizonte temporal se extiende pero se debilita el control de la renovación de mandatos.

Este cortoplacismo lleva a que el funcionario político prefiera financiar el gasto público con endeudamiento antes que con impuestos. La razón de esto es que en tal caso los beneficios del gasto (subsidios, empleos públicos, etc.) se sienten en forma inmediata mientras que la deuda la pagarán otros que llegarán luego. Si se financiara ese gasto con impuestos no se podría evitar la desagradable tarea de cobrarlos a votantes que pueden luego convertirse en opositores, de esta forma ese peso se traslada hacia delante y caerá vaya a saber en quién.

Claro que, lamentablemente, muchos suelen encontrarse con la deuda asumida previamente y con la necesidad de pagarla, les toca la parte fea de una fiesta que otros disfrutaron antes.


Gobierno de transición

Algo similar parece suceder en la Argentina con relación al concepto de “gobierno de transición” que el mismo Eduardo Duhalde asignara a su gestión. Todos los políticos miraron al presidente en transición como el que debe asumir los costos de los platos rotos para luego comenzar un nuevo período con tales problemas resueltos. En particular se piensa en resolver el problema de las restricciones bancarias (“corralito”), llegar a un acuerdo con el FMI y comenzar las conversaciones con los acreedores e incluso llegar a algún acuerdo con ellos.

Si esto lo realizara el gobierno de transición, “limpiaría” la cancha para los que vengan después. Pues “solucionar” el corralito implica inevitablemente pérdidas para muchos, lo que puede traer nuevamente a las cacerolas en la plaza, insultos y otras yerbas. El acuerdo con el Fondo requiere tomar ciertas medidas duras que pueden doler en particular a la misma clase política, la que preferiría luego atribuir los problemas que surjan al acuerdo firmado por un gobierno anterior.

Si han de caer bancos que caigan ahora es también la preferencia de quienes se sienten en carrera hacia las elecciones del 2003.

El problema de todo esto es que Duhalde se resiste a asumir ese papel. Por alguna razón, piensa que tiene algún futuro en la política argentina y no quiere “jugarlo” en realizar el trabajo sucio.

Como resultado de lo cual, su gobierno no resulta ser uno de “transición” hacia la normalidad, sino que termina siendo uno de transición hacia otro de transición. Porque en la medida que siga sin definir los temas centrales que afectan a la economía argentina, muchos de ellos creados por este mismo gobierno que quiso cambiar el “modelo” y terminó en un gran descalabro, esa tarea ingrata es heredada por quien quiera que sea el sucesor. Con lo cual, entonces, ése se convierte en el verdadero gobierno de transición.

Quiere decir que los argentinos estaríamos eligiendo en Abril del 2003 a quien sería el verdadero presidente de transición. ¿O no? Pues el problema es que corremos el riesgo que quien resulte electo tenga las mismas expectativas que ahora tiene Duhalde, y se resista a asumir costos en virtud de proyectar sus ambiciones políticas más allá del mandato que obtenga. Es lo que han venido haciendo sucesivos gobiernos con los serios problemas fiscales de la Argentina, agregando más de ellos en cada patada adicional.


La figura del bonzo y el ejemplo de Churchill

Pareciera ser que se necesita, en algún momento, algún dirigente que tuviera inclinaciones de bonzo, dispuesto a incinerarse en virtud de una causa, que sería la de sacar a la Argentina de este terrible pozo. No parece haber muchos candidatos para esta ingrata tarea.

A menos, claro, que no lo sea tanto. Este aparente irresoluble dilema se corta si se comprende que solucionar los problemas de fondo de este país no necesariamente serían un “costo” sino que terminarían siendo un “premio” para quien se decida a encarar tan pesada tarea.

Por cierto que se pisarían callos y esto dolería, por cierto que habría protestas y piquetes, pero si se presentaran como parte de una estrategia clara que muestre una salida, la gente lo apoyaría, y los inevitables costos de corto plazo serían digeribles sacrificios en aras de un futuro mejor. Algo así como el lema de Churchill, “sangre, sudor y lágrimas”

El dirigente que encarara esa tarea se convertiría en estadista y, como tal, en una reserva de liderazgo a la que una población agradecida podría querer volver en cualquier momento. Tal vez sea conveniente, entonces, recordar la experiencia de Churchill. Aquél que llamara a la población británica al sacrificio para vencer en la guerra, ¡pierde las elecciones sorpresivamente en 1945!

Este es el temor de los actuales y futuros gobiernos de transición. Pero no recuerdan que Churchill vuelve a ser Primer Ministro en 1951, continuando hasta 1955 cuando renuncia por su debilitada salud, lo cual no le impidiera conservar su lugar en el Parlamento hasta 1964, un año antes de su muerte.

El sacrificio de hoy puede ser una recompensa para el mañana.


Los límites al poder

Mientras tanto, la consigna “que se vayan todos” parece reflejar un sentimiento compartido por la mayoría de los argentinos. En una encuesta realizada por Gallup Argentina (La Nación 22/5/02) el 70% de los consultados atribuye a “causas políticas” la crisis que vive el país y un 58% contestó que la forma de salir de la misma es “cambiando la dirigencia”. Asimismo, el 82% manifestó su apoyo para que en los comicios se renueven todos los cargos. Otras encuestas han incluso mostrado que la mayoría está dispuesta y prefiere la realización de elecciones para todos los cargos electivos en el corto plazo, sin esperar hasta el 2003.

La percepción básica es que la Argentina ha sido llevada a este atolladero por una “clase” política que privilegió sus propios intereses, nunca estuvo dispuesta a ajustarse, forzó un ajuste brutal en el sector privado y en el patrimonio de los ciudadanos, y es esencialmente corrupta.

Esta clase, además, se resiste claramente a implementar el tipo de reformas que permitirían hacer efectivo ese deseo de renovación que manifiestan los encuestados. El 6 de febrero pasado, Eduardo Duhalde anunciaba una reforma política “histórica” la que serviría para fundar una “segunda república”. Nada de eso ha ocurrido. Varios meses después, hay varios congresistas que han presentado proyectos para la renovación total de los mandatos pero existen enormes resistencias para llevar esto adelante, muchas veces envueltas de constitucionalismo por parte de quienes sacan a luz la letra y el espíritu de la Carta Magna solamente cuando se ven en problemas, en tanto la violan regularmente por medio de la legislación que aprueban violando los derechos de otros.
Tal vez la ira popular pueda lograr alguna reforma menor para las próximas elecciones y tal vez, también, el mensaje que las urnas envíen fuerce un cambio mayor después de las mismas. Todavía no aparece claro que en un futuro ejercicio electoral se plasme el espíritu de la consigna “que se vayan todos”.

¿Y los que vienen?

Ahora bien, supongamos por un momento que ese importante objetivo se logra. ¿Es eso todo? El razonamiento de quienes solamente se preocupan por cambiar a la actual clase política parecería poder ser reformulado de la siguiente forma: “si tan sólo tuviéramos gente honesta a cargo las cosas se irían arreglando”. Esta postura parece confiar en que si tuviéramos ángeles a cargo del gobierno, entonces no tendríamos problemas.

El problema es que los “ángeles” son difíciles de conseguir, muchas veces los electos están lejos de serlo, pero aún si lo fueran, ¿podrían durar mucho tiempo siendo ángeles a cargo de un gobierno?

Es decir, ¿deberíamos tener instituciones que sólo funcionen correctamente con “ángeles” o deberíamos tener unas que sean a prueba de “diablos”? Por supuesto que todos queremos tener representantes honestos y probos, pero ¿no sería mejor resguardarnos en el caso que no lo sean, o de que se conviertan de unos en otros?

Esto viene a cuento porque un buen número de los que ahora se presentan como “ángeles” honestos, como la mayoría de los políticos argentinos, expresa una opinión que podría resumirse así: el mercado es voraz y sanguinario; dejado a su libre arbitrio volveríamos al “estado de naturaleza” de Hobbes, donde los más grandes se comerían a los más chicos. Esto demanda la acción correctora del “Leviatán”, el estado debe ser fuerte para contrarrestar estos poderes y proteger a sus súbditos. El estado, entonces, tiene como tarea fundamental limitar el poder del mercado.

La crítica que muchos políticos realizan de los últimos años vividos en la Argentina es que se habría desmantelado esa capacidad estatal de control y se habría obtenido un estado “anémico”. Si éste es el diagnóstico habrá una determinada receta para resolver el problema: habrá que fortalecer los organismos de control, mejorar la capacidad de regulación, establecer nuevas normas, otorgar más poder a los funcionarios para cumplirlas, controlar más las actividades del sector privado. Todo esto va a demandar nuevas estructuras, mayores presupuestos y un mayor costo en el sector privado para cumplir con las normas (formularios a llenar, inspecciones a atender, inscripciones de determinados registros, pedido de autorizaciones para realizar ciertas actividades, etc.)


Existe, no obstante, otra interpretación de lo sucedido, en verdad, claramente opuesta. Según ésta la crisis argentina actual se debe a que el estado argentino no ha estado sujeto a ningún tipo de control, ha sido copado por una “clase” política que lo ha utilizado para fomentar sus propios intereses y, como elefante dentro de un bazar, no ha dejado nada sin romper con tal de mantener y consolidar sus privilegios. La historia argentina de las últimas décadas sería similar a la mexicana bajo el PRI, sólo que aquí no habría un partido único sino el concubinato de varios de ellos. Lo sucedido en la Argentina ha sido dejar al zorro a cargo del gallinero.

Esto plantea un serio problema: el estado es el que ejerce el monopolio de la coacción, de la violencia, con el supuesto objetivo que de esa forma todos convivamos y resolvamos pacíficamente nuestras disputas. ¿Pero qué pasa si una vez que le dimos ese monopolio abusa del mismo? Esta pregunta ocupó a muchos pensadores bajo la forma:

“¿Quis custodiet ipso custodes?”

O “¿quién custodia a los custodios?” Lo cual no es otra forma de plantear la importante cuestión acerca de los límites al poder. Supuestamente, una constitución cumpliría tal función a través de distintos mecanismos: las garantías individuales, la renovación de los mandatos, la división de poderes, etc. En el caso argentino, sin embargo, no solamente la constitución fue literalmente dejada de lado durante distintos gobiernos militares que gobernaron sin ninguna limitación a su poder, sino también aun bajo la vigencia formal de la misma, el gobierno ha actuado entrometiéndose y pisoteando garantías individuales básicas. Tal la reciente y generalizada violación del derecho de propiedad.

Desde ésta perspectiva, entonces, no solamente los políticos estarían proponiendo un camino que solamente profundizaría el problema sino también aquellos que propugnan la llamada “reforma política” estarían meramente mejorando las formas y no la sustancia del problema. Ya que una reforma política permitiría hacer más competitiva la elección de representantes y funcionarios pero no limitaría su poder. Es verdad, podrían ser más honestos pero ¿hasta cuando?

No tenemos ninguna seguridad de que los electos sean “ángeles”, pero si aun lo fueran, ¿dictarían decretos de necesidad y urgencia?, ¿utilizarían fondos reservados?, ¿nombrarían amigos como jueces? Probablemente, siendo ángeles, no lo harían, pero el instrumento estaría allí latente para que otros luego lo usaran de otra forma. Si otorgamos a honestos ciudadanos la capacidad de irrestricta de utilizar el poder, los estaremos corrompiendo tarde o temprano. Ya que es el poder ilimitado el que, en forma lenta pero segura, engendra la corrupción. Lo decía en aquella famosa frase Lord Acton: “el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente”.


El precio de la burguesía

En la irresponsable secuencia de destrucción que la clase política ha impuesto sobre los argentinos no ha quedado prácticamente ningún sector ileso, e incluso no habría que dejar afuera a los extranjeros, tanto sea el pequeño ahorrista italiano o japonés como aquél que trajo dólares para realizar inversiones de las que hoy obtiene ingresos pesificados.

Es decir, que si hay reclamos, los hay de muy distintas fuentes. Tal vez todos estaríamos de acuerdo en que la dirigencia política ha sido responsable, pero surge un claro problema cuando se trata de decidir quién se hará cargo de los platos rotos. ¿Quién tiene que pagar todo el daño? Al que vio esfumarse el valor de su propiedad, a quien no puede disponer de sus ahorros, a quien ha visto desaparecer su puesto de trabajo, al que debe reducir ahora su elemental consumo porque su ingreso real ha caído abruptamente... a quien no puede ahora pagar una deuda.

El problema que se nos presenta para resolver esto no es distinto que cuando uno va por una autopista y lo choca un auto destartalado con un conductor insolvente y sin ningún tipo de seguro. Si los daños recibidos fueran a las personas el responsable de las mismas puede terminar en la cárcel, pero si son solamente patrimoniales, ¿cómo recuperar algo? No es distinto lo que nos sucede con la dirigencia política, por más que decidiéramos que todos ellos son culpables por igual (algo que sería incluso discutible), y tomáramos en nuestras manos todos sus bienes declarados, éstos no alcanzarían para compensar ni una mínima parte de los daños que han sido ocasionados.

Porque es necesario entender que si insistiéramos en que todos los sectores sean reparados deberíamos también comprender que esas reparaciones saldrían... de nosotros. Sería algo así como firmar un Pacto de Versailles para recompensarnos a nosotros mismos. Pero el serio problema en esto es la forma en que se distribuirían tanto sea las reparaciones como las cargas para pagarlas. Supongamos entonces, el lector y yo, que hemos sido nombrados miembros del Comité de Reparaciones y se nos asigna dicha tarea. Propondría en tal caso, que tratáramos de definir algún criterio para la asignación de dichos costos y beneficios y sugeriría que fuera uno de “estricta justicia”.

Partamos de la base que todos los reclamos son justos pues los daños han sido reales. ¿Puede haber algunos más justos que otros? ¿Y cuál sería el criterio para determinar tal cosa?

En general, suele asignarse un cierto grado de prioridad a la necesidad, por ejemplo a aquellos de menores recursos. Pero entendamos que la necesidad no crea superiores niveles de justicia: entre los pobres también hay ladrones, evasores, vagos, etc. ¿Alguien estará de acuerdo en que éstos sean recompensados? Y como no se pretenderá hacerlo ya que en todo caso se han compensado a sí mismos, la tarea aparece complicada.

En cuanto a aquellos que no son pobres, comienza ahora a presentarse un argumento basado en lo “nacional”. Según éste, no sería lo mismo ser un empresario “local” que uno extranjero. Y si bien ambas propiedades hayan sufrido avatares similares se propone que exista una prioridad para los primeros sobre los segundos. Tanto es así que el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, ha declarado que “ha sido una preocupación permanente del Gobierno no dejar descalzadas a las empresas para permitir que cualquier capital extranjero pudiera presentarse y participar de la compra de su paquete con mucho menos valor del que tenía en diciembre”. Y luego, con el resabio de un lenguaje propio de los años 70: “el Estado deberá participar en todos y cada uno de los casos para evitar que sea agredido o lastimado nuestro capital, porque cada vez se aleja más la posibilidad de reconstruir una burguesía nacional”.

Ya que estamos usando terminología marxista (no quiere decir esto que el secretario general lo sea, por supuesto) respecto a las clases sociales, ¿cómo deberíamos interpretar esto? ¿Tiene la burguesía nacional un grado de prioridad respecto al proletariado nacional? ¿Y cuál es su prioridad respecto a la pequeño-burguesía? ¿Y a la clase terrateniente feudal? ¿O al lumpenproletariado?

Espero no haber olvidado ninguna clase del arsenal intelectual marxista, pero en todo caso cada una de ellas es tan “nacional” como la burguesía. Quiere esto decir que, aun incluso si aceptáramos que corresponde realizar esa diferencia entre el capital extranjero y el capital nacional, esto no nos resuelve porqué ha de tener prioridad una cierta clase “nacional” respecto a otras.

Podrían algunos argumentar que, en tal caso, la “clase” terrateniente feudal se ha visto favorecida y es “recompensada” por el alto tipo de cambio como resultado de la devaluación. Aceptemos esto por un momento y dejemos de lado a esta clase, ya no tendríamos que compensarla y está aportando ahora vía las retenciones. Dicha mejora del tipo de cambio, no obstante, cae dura y directamente sobre los asalariados.

El lumpenproletariado, descripto por Marx como los “desclasados” (lo que hoy serían desocupados, piqueteros y otros), era en el arsenal marxista un sector mal visto, porque podía, y solía ser manipulado por la “contrarrevolución” para aplastar a la revolución proletaria. Por esa razón la palabra “lumpen” adquirió un sesgo negativo. Hoy ese mismo grupo es visto con ojos favorables por los grupos marxistas, quienes los ven como la vanguardia de la revolución, más que como instrumento de la reacción. Este grupo, cuya situación precaria no puede negarse, ha recibido el Plan para Jefes de Familia.

La burguesía nacional, por un lado ha sido perjudicada porque se han pesificado sus ingresos pero mantiene un alto endeudamiento en dólares. La devaluación la ha forzado al default con todas las negativas consecuencias que esto trae aparejado, incluso la posibilidad de que pierdan sus empresas. Pero, por otro lado, la misma devaluación ha aniquilado las importaciones y el elevado tipo de cambio brinda una gran “protección” a la producción de esta clase. Así que por un lado son castigados pero por otro favorecidos.

Entonces nos quedan la pequeño-burguesía y el proletariado. La primera ha sido claramente perjudicada con el corralito, sus ahorros licuados o expropiados. Sus ingresos congelados mientras los precios de los bienes de consumo han aumentado un 50%. Muchos de ellos se han quedado sin empleo y otros han sido parte del tendal de pequeños comercios que han cerrado en el último año. El proletariado comparte el daño ocasionado por la caída del poder adquisitivo de los salarios y el aumento del desempleo (aunque algunos en este caso se incorporan al lumpenproletariado y reciben planes de desempleo).


Con este panorama, junto a mi amigo miembro del Comité de Reparaciones, ¿a quién deberíamos compensar? Pues en todo este análisis con categorías marxistas que hemos realizado nos ha quedado afuera un grupo bien importante: el sector público. Éste ha visto reducido su poder adquisitivo en el último año como cualquier otro asalariado, pero el sector público en su conjunto no ha hecho un ajuste para nada comparable con el terrible ajuste del sector privado. Ciertos estudios muestran que el nivel de salarios por tareas similares es superior en el sector público que en el privado, y si tomáramos en cuenta la productividad en un caso o en otro la brecha sería mucho mayor.

Entonces, tal vez debamos dejar de lado el análisis con categorías marxistas, porque incluso con éste no queda claro a quién compensar y a quién asignar esas cargas.

Tal vez exista una única solución: es difícil, sino imposible, compensar a unos porque esto recae inevitablemente sobre las espaldas de otros; pero sí podríamos “liberarlos” para que vuelvan a generar riqueza. Esto es, el daño enorme ha sido hecho, no resulta posible repararlo sin castigar a otros damnificados; lo único que podemos hacer es permitirles desarrollar su capacidad productiva nuevamente. En definitiva, dejar de castigarlos.

Y “liberar” la capacidad productiva significa desregular, reducir impuestos y otras cargas, permitir la utilización de una moneda sólida, eliminar las trabas para el movimiento de capitales y otorgar garantías institucionales de que el espanto ocurrido no volverá a suceder. Esto significa “limitar el poder”, porque ese poder es el poder de hacer daño.

Hubo un terremoto, nuestras casas está en ruinas. De poco sirve sacarle ladrillos a unos para que reconstruyan su casa los otros. Mejor no los molestemos y tratemos que cada uno se sienta seguro como para poder comenzar a reconstruir su casa.


La necesidad de aprender

No es fácil definir claramente el concepto de “cultura” aunque solemos usarlo con mucha frecuencia, sobre todo cuando atribuimos ciertos problemas que el país sufre a la “falta de cultura”. Sin embargo, muchos indicadores relacionados con el nivel de educación muestran que la Argentina los tiene más elevados que muchos países donde las cosas andan mucho mejor. Incluso, ha llegado a ser la gran paradoja de los analistas e intelectuales del mundo comprender cómo un país “educado” como la Argentina puede dar como resultado una sociedad tan mal organizada. La pregunta, entonces, surge: ¿será un problema de “falta de cultura” o será que tenemos la cultura equivocada?

Comencemos a tratar el tema haciendo referencia al concepto de cultura desarrollado por los ecologistas. Ellos ponen énfasis en que, a diferencia de otros animales, el ser humano es único porque su inteligencia le otorga la capacidad de cambiar su entorno por intermedio del aprendizaje.

Esto quiere decir que no tiene que mutarse en una nueva especie para adaptarse a un entorno cambiante. Aprende nuevas formas de sobrevivir en el nuevo entorno y luego las fija por medio de las costumbres sociales. Estas forman la cultura que se transmite a los nuevos miembros del grupo quienes no tienen así que inventar nuevas formas de hacer las cosas.

Si el entorno cambia, los seres humanos van a tener que adaptarse a ello y probablemente abandonar sus viejas teorías, que aparecen ahora como falsas. Lo hacen a través de un proceso de prueba y error que no tiene que ser propio, es decir, no hay que probar todo pues se puede aprender de las lecciones que otros ha han experimentado.

Seguramente nadie pueda negar que la Argentina de los últimos años ha sido un riquísimo laboratorio del cual aprender respecto a lo que no hay que hacer en materia de políticas públicas. Se escribirán libros completos y en el futuro se hablará de la Argentina de comienzos del siglo XXI como un caso digno de mención.

No obstante, y esto resulta muy llamativo, parece que somos los mismos argentinos los que no estámos aprendiendo ni sacando acertadas conclusiones de lo que ha sucedido. Son varias las circunstancias que estarían mostrando esto:

1. Por un lado se ha generalizado la consigna "que se vayan todos" como una manifestación de repudio a la "clase" política que llevó al país a semejante colapso, pero por otro las encuestas muestran que la mayoría de los argentinos se está inclinando a volver a votarlos en las próximas elecciones. En la reciente elección a gobernador de Santiago del Estero, el candidato del PJ, Carlos Díaz y la mujer del caudillo provincial Carlos Juárez, Mercedes Aragonés, triunfaron con casi el 70% de los votos. Los votos en blanco, nulos e impugnados no llegaron el 10% del total. El resultado muestra una provincia dominada por el caudillismo político en forma no muy diferente de lo que debió ser la Argentina de la primera mitad del siglo XIX.
2. Asimismo, los candidatos que ocupan los primeros lugares en las preferencias para candidato a presidente son viejas figuras que han tenido distintos niveles de responsabilidad en lo acontecido en los últimos años. El primer lugar es para Adolfo Rodríguez Saá, a quien se recordará por haber ejercido la presidencia por una semana luego de la renuncia de Fernando de la Rúa. En esos pocos días declaró el default de la deuda pública, quiso crear una nueva moneda para empapelar el país con ella y nombró un gabinete con personajes que tenían más prontuarios que antecedentes. Es verdad, lo que vino después fue, probablemente, peor, pero lo mismo venimos pensando de cada gobierno en los últimos años.
3. En segundo lugar, según las encuestas, se encuentra el ex presidente Carlos Menem quien, en sus diez años de ejercicio de gobierno, duplicara la deuda externa que luego llevó a la cesación de pagos. Por detrás de estos dos vienen dos actuales congresistas: una es Elisa Carrió, quien perteneciera al partido Radical y ahora se presenta con un discurso populista de izquierda y Luis Zamora, un declarado trotzkista quien no habla abiertamente de su programa pero que incluye por supuesto todo el bagaje tradicional socialista. ¿Recordarán sus seguidores que hace unos 13 años caída el Muro de Berlín y se derrumbaban todos los “paraísos socialistas”? Dirán que eran malformaciones “estalinistas” del ideal socialista, pero recordemos entonces aquella identificatoria frase del mismo León Trotzky: “En un país donde el único empleador es el Estado, oposición significa muerte por lenta inanición. El viejo principio, el que no trabaja no come, ha sido reemplazado por uno nuevo: el que no obedece no come”.
4. Estos últimos no está tan lejos de lo que la población parece buscar, pues las encuestas muestran un creciente rechazo de la población hacia las privatizaciones (las que por cierto son pasibles de muy severa críticas), pero algunos de ellos están incluso pensando que dichas empresas deberían volver a estar en manos del estado. Todo esto en momentos en que el estado está tan quebrado que no puede ni siquiera ocuparse de la seguridad de los ciudadanos y el crimen impera en las calles de las ciudades más importantes.
5. Y no es solamente el común de los votantes. Luego de que se desatara una corrida bancaria que terminó con el congelamiento de los depósitos de los ahorristas, su pesificación forzada y la imposibilidad de retirar sus fondos se informa ahora que vuelven a crecer los depósitos en los bancos, los nuevos plazos fijos superarían ya los 3.300 millones de pesos. La explicación es simple, existe una expectativa de que el tipo de cambio ha llegado a tal altura que es difícil siga aumentando en el corto plazo, por lo que quienes tienen algo de liquidez aprovechan a comprar letras del Banco Central o realizan depósitos en los bancos a tasas tan altas como el 50% anual en plazos de quince días a un mes. Claro, en cuanto tengan la expectativa de que eso no se sostiene huirán nuevamente hacia el dólar ya que lo que pretenden es aumentar su rentabilidad "en dólares". Pero en definitiva se vuelve a las apuestas entre dólares y pesos que ya hemos vivido en numerosas ocasiones.
6. El gobierno insiste en los controles, intenta poner un cerrojo en el mercado de cambios, recurre a impuestos distorsivos como el del cheque o las retenciones a las exportaciones, patea para adelante las obligaciones presentes, posterga todos los problemas emitiendo algún tipo de bono y presenta, como siempre, un proyecto de presupuesto para el año 2003 donde el optimismo del ministro no es compartido por nadie más que él.

Siendo esto así, parece que poco hemos aprendido de lo que ha sucedido y si vamos a sacar las conclusiones erróneas estaremos condenando al país a mayores y continuos sufrimientos. En el pasado parecíamos enfrentar la opción entre un liderazgo eficiente pero corrupto y otro honrado pero inepto: hoy podemos estar por elegir ambas cosas al mismo tiempo.

Seguramente debemos volver a los comienzos, a la máxima socrática de que el reconocimiento de nuestra propia ignorancia es el primer paso en el camino a la sabiduría. Y tal vez debamos reconocer que somos un país “culto” según ciertos estándares, pero incapaz de reconocer las limitaciones de dicho conocimiento. Gran parte de las teorías políticas reconocen que la mayoría de las personas son ignorantes: en nuestro caso deberíamos llegar a incluirnos a nosotros mismos dentro de ese grupo, ya que incluso el más sabio resulta un ignorante en comparación con la totalidad del conocimiento disponible.

Reconociendo esta “ignorancia” que nos incluye a todos, podríamos darnos cuenta que ese conocimiento parcial se encuentra, además, esparcido en una gran cantidad de individuos, la suma del conocimiento nunca se encuentra en forma integrada en un solo lugar o una sola persona. Tal vez haya que aprender esa sola cosa, y que siendo así es necesario y conveniente para la sociedad permitir que ese conocimiento disperso sea aprovechado en beneficio de todos.

Eso sólo, simple. Es la idea principal que se encuentra detrás de otra de tremenda importancia: la de que estemos sujetos al imperio de las leyes, no de algunas voluntades. Leyes en el sentido de normas generales que se aplican a todos, no comandos u órdenes particulares que benefician a algunos en perjuicio de otros. Leyes en sentido original de la palabra latina leges, en oposición a privi...leges.

Hay muchos “privilegios”, leyes particulares en lugar de generales, en nuestro país, pero tal vez las más evidentes son aquellas que eximen a los mismos gobernantes de las normas que ellos imponen a los demás: aplican impuestos de los que luego ellos se eximen, destruyen sistemas jubilatorios pero mantienen unos especiales para sí mismos, condenan a la población a la inseguridad pero ellos son especialmente protegidos. Hace pocas semanas, incluso, mientras el Congreso votaba una nueva ley modificando la organización del servicio de salud para jubilados, PAMI, al cual todos los asalariados han de aportar obligatoriamente, los diputados y senadores jubilados y con mandato cumplido “quieren que se los habilite a no hacer aportes al Instituto de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) provenientes de sus ingresos” (La Nación 14/8/02). Los representantes quieren tener una capacidad de elección que ellos mismos niegan a sus representados.

Allá por el mes de Enero se hablaba del temor a la “anarquía”, y ésta no es la ausencia de gobierno sino la ausencia de normas. Estamos en otra situación: un gobierno que termina estando “fuera de la ley”, que no está sujeto a normas y limitaciones. Es una lección básica, que ya no forma parte de nuestra “cultura”, por más educados que seamos.


La doble personalidad de los argentinos

Los seleccionados este año para el premio Nobel en economía han realizado contribuciones que podrían aproximarse más al ámbito de la sicología que a la economía misma, ya que, sobre todo en uno de los casos, sus estudios se refieren a las motivaciones que llevan a las personas a actuar de una cierta forma, y no a las consecuencias que esas acciones generan. A la economía strictu sensu, no le interesa si uno compra un producto porque le gusta, porque está de moda, porque le parece barato; simplemente analiza las consecuencias de esa acción.

No obstante esto, gran parte de los economistas asumieron un modelo de individuo que busca permanentemente maximizar su interés personal, valora todas sus decisiones monetariamente y posee conocimiento perfecto sobre todas las alternativas disponibles.

Daniel Kahneman de Princeton es, precisamente, sicólogo, y sus contribuciones mostraron que ese supuesto de “conocimiento perfecto” que demanda la economía neoclásica es irreal y que, por lo tanto, en condiciones de incertidumbre la gente comente errores.

Vernon Smith, el otro ganador del premio y profesor en la Universidad de George Mason, es un pionero de la llamada “economía experimental”, donde se diseñan ejercicios o “juegos” asignando distintos roles a los participantes como una forma de comprobar determinadas teorías. En términos muy simplificados, sería como observar a la gente jugando al “Monopolio” para verificar si busca maximizar sus ganancias. Entre otras cosas, los trabajos de Smith demostraron que incluso en las condiciones descriptas por Kahneman (sin conocimiento perfecto y cometiendo errores), los mercados terminan funcionando tan bien como lo señalara ya hace más de 200 años aquél otro Smith, de nombre Adam.

Ambas cosas habían sido anticipadas ya en un importante trabajo de un fallecido premio Nobel, Friedrich A. Von Hayek, llamado “El uso del conocimiento en la sociedad” donde señala el carácter disperso del conocimiento, del cual sólo participamos cada uno de nosotros en una pequeña medida. Precisamente, el sistema de precios es un gran mecanismo que permite vincular las decisiones de productores y consumidores en los lugares más remotos, ninguno de los cuales tiene información completa , alcanzando así la eficiencia reconocida de la economía de mercado.

En síntesis, no estudia la economía lo que la gente piensa, sino lo que la gente hace, y analiza los resultados que se obtienen de estas acciones, las cuales se realizan con conocimiento parcial y sujetas a un proceso de aprendizaje basado en la prueba y el error. No quiere decir esto que lo que la gente piensa no influya en lo que termina haciendo, todo lo contrario, sino que se refiere simplemente a lo que se estudia y analiza.

No obstante lo cual, en el caso de la Argentina pareciera uno encontrarse con un caso de doble personalidad, actuando de una forma en el ámbito del mercado y de otra en el ámbito de la política. O uno podría decir, pensando de una forma y actuando de otra.

Una reciente encuesta nos informaba que el 42% de los encuestados demanda la implementación de un “nuevo estatismo” y un 21% de “estatismo puro” a diferencia de solamente un 37% que estaría a favor del “privatismo”. Cuando se les preguntó qué debería hacerse con las empresas de servicios públicos privatizadas un 46% prefirió que vuelvan a manos del estado; y si bien un 50% lo hizo manifestando su preferencia por que quedaran en manos privadas, se trata del porcentaje más alto desde que se realiza la encuesta en 1985. En esa época y hasta el año 1999 el “privatismo” superó al estatismo en forma continua, pero a partir de entonces las preferencias se han revertido.

Parece muy ingenuo decirlo de esta forma pero si las preferencias son tan fuertes respecto a un papel preponderante del estado, ya sea en su visión antigua del estado proveedor de servicios o la aggiornada con un estado controlador de proveedores de servicios privados, uno debería encontrar una mejor predisposición para el pago de impuestos. Después de todo, todas las tareas que querramos asignarle al estado tienen que financiarse de alguna manera y no existen otra que no sean los impuestos, aunque por un tiempo se disfracen de endeudamiento o se escondan debajo de la inflación.

No obstante, los porcentajes de evasión impositiva vuelan por los aires y en algunos impuestos superan cómodamente al 50% del potencial recaudatorio. Solamente en el sistema de seguridad social se dejan de recaudar unos 6.300 millones de dólares al año según un estudio realizado en conjunto por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, la Unión de fondos de pensión y la Federación de Obras Sociales de Personal de Dirección.

Claro que uno podría argumentar que ese elevado nivel de evasión, para una presión fiscal que está porcentualmente muy alejada de la de Suecia, por ejemplo, se debe a que termina siendo mucho más elevada a la de ese país escandinavo cuando tomamos en cuenta los servicios que a cambio de ello se reciben: la seguridad no existe y hay que contratar seguridad privada, la salud pública no funciona y hay que pagar adicionalmente la salud privada, la educación pública es mala y hay que pagar educación privada y así sucesivamente. Esto podrá ser así, sin duda, pero menos explica la ahora fuerte preferencia por el estatismo, ya que se pretende dejar muchas más cosas en manos de quien se ha venido huyendo despavoridamente.

Otro tanto parece suceder con la moneda. Las encuestas no indican que la gente prefiera la dolarización. No obstante lo cual preferimos esa moneda para mantener nuestros ahorros, por más que temporariamente algunos se atrevan a cambiarlos por Lebac o ponerlos a plazo fijos cortos para aprovechar elevadas tasas de interés con la esperanza que el tipo de cambio se mantenga y podamos salir a tiempo.

Asimismo, nos la pasamos hablando mal de los políticos y de la “clase política” pero nos acercamos al momento en que vamos a refrendarlos nuevamente con nuestro voto. Según una encuesta de Fara & Asociados solamente el 10,9% estaba pensando en Agosto votar en blanco o impugnar su voto.

Finalmente, parece que tenemos un odio visceral por el capitalismo, teniendo en cuenta el atractivo que generan los mensajes populistas o “progresistas” como los de Rodríguez Saá, Carrió, Zamora, Kirchner y otros que se encuentran bien arriba en las preferencias de la gente. Todo esto abonado por dos conceptos fundamentales que estos dirigentes, y otros al estilo Moreau, Storani y asociados no han dejado de repetir: la idea de los derechos colectivos y la de los resultados de suma cero.

Los “derechos colectivos” son aquellos beneficios que uno merece recibir por la simple razón de pertenecer a un determinado grupo, no por lo que uno haya hecho. El mero hecho de pertenecer a ese grupo me da derecho a determinado beneficio: ser maestro, ser sindicalista, ser empresario nacional, ser trabajador. Inevitablemente, por supuesto, estos “derechos” entran en conflicto entre sí, tal el caso de del derecho del trabajador y el del empresario nacional cuando se trata de ver dónde se ajusta, o el del trabajador con el del maestro cuando el hijo del primero no tiene clases porque el segundo está demandando por su derecho, y así sucesivamente.

Y los resultados de suma cero son los que se utilizan para reconocer culpables. Si alguien ha hecho dinero, seguramente me lo ha sacado a mí; si otros países se enriquecen es porque están explotando a los que son ahora más pobres. La generación de riqueza parece algo más increíble que la creación del Universo a partir del Big Bang, por lo que, entonces, todas las soluciones tienen que ser “redistribucionistas”, sacándole a quienquiera que sea el señalado culpable para entregarle lo merecido a la víctima.

Es decir, los argentinos parecen tener una clara impronta “socialdemócrata”, al menos, en cuanto a sus opiniones y en relación a sus preferencias de políticas económicas y sociales: les gusta el estado benefactor aunque odien a quienes lo manejan; quisieran alta distribución de la renta mientras no sea la propia; manifiestan su aprobación a la protección de la producción nacional pero su preferencia por los productos importados en cuanto son mejores o más baratos que los primeros; creen que debe haber una moneda nacional pero compran dólares. En síntesis, una mentalidad “sueca” pero rodeada de una actitud más cercana al emprendedor que describe Hernando de Soto en “El Otro Sendero” o “El Misterio del Capital”.

Si las opiniones fueran meras expresiones de charlas de café, entonces las consecuencias no serían muchas, pero sucede que esas opiniones se expresan luego en preferencias políticas y éstas en acciones que el estado toma. Y éstas contradicen lo que la gente “hace”, a diferencia de lo que la gente dice.

Tal vez sea cierto, entonces, que tenemos que ir todos al diván. Después de todo, si hay algo en cantidad en la Argentina son los sicólogos.


El abuso de la estadística

A todo esto, en el medio de la peor crisis por la que haya atravesado este país, una manifestación de militantes de izquierda fue reprimida por las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires, lo que dio como resultado dos manifestantes muertos. El hecho desencadenó la decisión del gobierno de Eduardo Duhalde de llamar a elecciones anticipadas, fijando una fecha para primarias abiertas a fines de Noviembre y el traspaso del mando al nuevo gobierno electo el 25 de Mayo del 2003.

A partir de ese momento, los ánimos comenzaron a calmarse, incluso las manifestaciones fueron mermando, tanto en violencia como en frecuencia. Y la economía comenzó a transitar lo que se ha dado en llamar “veranito”, una temporada que no sabemos bien cuánto durará.

Al margen de la consistencia de ese período de calma económica reflejado en distintos indicadores y en la cotización del dólar, por cierto que la tranquilidad económica se dio al mismo tiempo que se intensificaba la lucha política. Sucede que Duhalde, cuando decidió abandonar el poder, pensaba que su carrera política estaba seriamente dañada sino completamente muerta. Pero el inesperado “veranito” hizo renacer las esperanzas, esas que, en definitiva, los políticos nunca abandonan.

Así es como Duhalde, que se había bajado del ring, decidió volver a él con más ímpetu que antes. Su objetivo de mínima es poder decidir quién será el próximo candidato de su partido, y por ende muy probablemente el próximo presidente; el de máxima lo tiene como presidente electo en algún momento futuro, ya sea del año que viene o más allá. En ambos casos, por supuesto, esto significa confrontar con su principal enemigo, Carlos Menem.

Entretanto, los argentinos observan una intensa puja entre estos actores principales, y otros secundarios, respecto a la forma en la que se habrá de seleccionar al futuro candidato. Está en discusión la fecha, el control de las elecciones, si serán abiertas para todos o sólo para afiliados, las autoridades partidarias y muchas otras cosas más. Y esta disputa se realiza en los medios, en la justicia, en el partido, en las bancadas legislativas, en la calle.

Hasta aquí, nada que un lector de diarios no conozca. Ahora intentaré hacer una interpretación de porqué eso sucede. Pues, retomemos ciertas cuestiones básicas y elementales, tales como la que plantea la siguiente pregunta: ¿en la democracia, uno no debería ver a los políticos luchando por atraer hacia sí las preferencias de los electores en lugar de luchar por imponer ciertas reglas de juego?

Este fenómeno desagrada a la población, la cual suele expresar su disgusto de la siguiente forma: “el país en medio de una enorme crisis y ellos se pelean por el poder sin que les importen los problemas de la gente”.

Pero además de que ese enojo sea justificado es necesario intentar explicar porqué eso sucede, ya que si entendemos esto, podremos, al menos, no resultar sorprendidos. Ya que la pregunta anterior puede extenderse a la siguiente: ¿si la democracia es un mecanismo perfecto para determinar cuáles son las preferencias políticas de la gente, por qué los candidatos no dedican esfuerzos para captar esas preferencias? Después de todo, cualquiera que fuera el método por el cual la gente se expresa, si quieren verde, van a tener verde, pues es la mayoría la que decide.

O más claro aún: si la gente quiere mayoritariamente al candidato José, ¿importa realmente si el mismo resulta electo por un sistema electoral u otro; si se lo elige en una fecha o en otra? En principio habría que decir que no, pero lo cierto es que las cosas no son “perfectas” como muchos políticos nos lo presentan. Tal vez convenga recordar aquella frase de Winston Churchill: “Muchas formas de gobierno han sido ensayadas, y lo serán en este mundo de vicios e infortunios. Nadie pretende que la democracia sea perfecta u omnisciente. En verdad, se ha dicho que es la peor forma de gobierno excepto por todas las otras que han sido ensayadas de tiempo en tiempo”.

Entonces, si la transmisión de las preferencias de los votantes a la decisión política final no es perfecta, la “forma” en la que esas preferencias sean evaluadas resulta fundamental. En otros términos, dadas unas preferencias políticas determinadas en la población, puede ser que con un mecanismo electoral se obtenga un resultado y con otro un resultado diferente.

Veamos esto con un poco más de detalle:

Supongamos una sociedad de tres votantes (Alicia, Berta y Claudio) que tienen los siguientes órdenes de preferencias para los bienes o servicios gubernamentales o candidatos (X, Y, Z)

Votantes	Preferencias
Alicia	X	Y	Z
Berta	Z	X	Y
Claudio	Y	Z	X

Como puede observarse, el orden de las preferencias es completamente distinto para cada uno de ellos, de forma tal que si llamáramos a los tres a votar elegirían su primera preferencia (Alicia elegiría X, Berta elegiría Z, Claudio elegiría Y). Lo mismo sucedería si los llamáramos a expresar sus segundas preferencias, nos encontraríamos ante la imposibilidad de llegar a una decisión mayoritaria. ¿Cuáles son las preferencias de la mayoría?

Supongamos entonces que Alicia, Berta y Claudio se ponen de acuerdo en considerar a los candidatos de a dos en vez (algo así como implementar un ballotage). Pues, en este caso veremos que el “orden” en que eso se decida “determina” el resultado.

• Comparemos primero X y Z
  Alicia elige X y Berta elige Z, pero Claudio (quien ahora no puede elegir a Y) tiene como segunda preferencia a Z, por lo que gana Z
• Comparemos primero Z e Y
  Berta elige Z y Claudio elige Y, pero Alicia tiene como segunda preferencia a Y, por lo que gana Y
• Finalmente, comparemos X e Y
  Alicia elige X y Claudio elige Y, pero Berta tiene como segunda preferencia a X, por lo que gana X

Como vemos, el resultado depende del orden en que se tomen las decisiones. Si bien se trata de un ejemplo muy particular, dada la distribución de preferencias que presenta un perfecto empate, muestra la influencia de la forma de la elección en el resultado obtenido y, como se dijera, explica la importancia que se le da a toda discusión o propuesta de reforma de los sistemas electorales. Y, en definitiva, nos muestra que una votación no es una forma perfecta de expresar las preferencias de la gente.

Entonces, dadas ciertas preferencias entre los electores, el mecanismo por el que resulten electos se convierte en determinante. Por eso los vemos luchar a brazo partido para poder controlar el más mínimo resquicio de poder que permita inclinar la balanza del proceso electoral hacia un lado u otro. Este fenómeno, se encuentra siempre presente pero adquiere una importancia mayor cuanto más se acercan las preferencias del electorado al modelo ideal que se presentara antes, esto es, cuanto más parejas aparecen distribuidas las preferencias de los votantes. Y si vemos las encuestas de estos días, podemos darnos cuenta que ningún candidato obtiene grandes porcentajes de preferencias, los principales rondan el 15 o 20% y no más de esto.

Pues si hubiera uno con el 50% de las preferencias entonces daría igual de qué forma se convierte en candidato e, incluso, en presidente. Sería políticamente imposible frenar a un candidato en tales circunstancias a menos que se cometiera fraude o proscripción.

Pero la conclusión más importante que tal vez valga la pena sacar de todo esto se relaciona con la frase citada de Borges. En su momento la misma causó gran revuelo pues podría entenderse como una preferencia hacia gobiernos dictatoriales o tiránicos, sobre todo en momentos en que el país salía de dolorosas dictaduras militares. La frase, sin embargo, adquiere relevancia no ya aplicada a un contexto histórico en particular sino a una forma específica de considerar a la democracia: la democracia ilimitada.

Tal vez como resultado de tantas rupturas del orden institucional, se fue gestando en la Argentina una fe ilimitada en una democracia sin límites. Todo lo que decida la mayoría es correcto, todo lo vote el Congreso es una “Ley”, es necesario extender la decisión mayoritaria a muchos campos de acción. Aquellas frases de campaña política reflejaban esto de la mejor forma: “con la democracia se cura, con la democracia se educa, con la democracia se come...”

Es en este sentido que la democracia se vuelve el abuso de la estadística, pues se convierte en la voluntad omnipotente de una eventual mayoría para avasallar los derechos de las minorías. Por algo nuestras constituciones tienen una primer parte de fundamental importancia donde se definen los derechos y garantías de los individuos. Allí se establecen ciertas áreas en las que incluso la democracia no puede ingresar: ninguna mayoría (tampoco las minorías, por cierto) puede derogar el derecho a la vida, o el derecho a la propiedad. Estos derechos no están sujetos a votos mayoritarios y, cuando eso sucede, estamos entonces sujetos al “abuso de la estadística”.

En definitiva, importan más los límites al poder que entregamos al soberano que el mismo hecho de elegir a quien lo detente. Si ese poder es limitado, también lo será el daño que pueda hacer. Y si la democracia es un mecanismo “imperfecto” (aunque el mejor por el momento) para expresar nuestras preferencias, entonces mantengamos su área de acción limitada a garantizar nuestra convivencia pacífica y el respeto de los derechos de cada uno.

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